06 Noviembre 2017
La Casa de Gobierno ya delineó sus ingresos y egresos para 2018. También el Poder Judicial. Ahora, resta que la Legislatura defina los recursos que insumirá durante el próximo año.
La comisión de Hacienda y Presupuesto, que tiene mayoría oficialista, recibió la semana pasada el proyecto con las firmas del gobernador, Juan Manzur y del ministro de Economía, Eduardo Garvich. En ese texto, de 38 páginas, aparecen cifras globales del Presupuesto General de la Provincia para 2018. “Fíjase en la suma de $ 67.504 millones el total de gastos corrientes y de capital (...) de la Administración Pública Provincial”, propone el artículo 1° de la iniciativa.
En la Legislatura esperan que esta semana el Poder Ejecutivo (PE) remita el archivo digital con el informe analítico, como sucede desde hace algunos años, para conocer los detalles de las erogaciones previstas.
De esta forma, oficialistas y opositores tendrán acceso a las cifras contempladas por las distintas reparticiones de la Casa de Gobierno, de los organismos centralizados y descentralizados (incluye municipios y comunas), y del Poder Judicial de Tucumán.
Mientras tanto, en la sede legislativa de Muñecas 951 también deben definir los recursos propios para 2018. Aunque no está regulado qué porción del presupuesto general le corresponde a la Legislatura, los representantes del pueblo suelen recibir cerca del 3,4% (para la Justicia provincial sería el 8%). Pensando en el próximo período, eso se traduciría en unos $ 2.300 millones; es decir, unos $ 300 millones más que los fondos previstos para el presupuesto de 2017, de ejecución en curso.
Sin embargo, la conducción de la Legislatura estaría analizando una reducción de ese monto. “Vamos a estar por debajo del incremento general, pero todavía estamos revisando los borradores”, remarcó una fuente con acceso a los números preliminares. De todas formas, el Presupuesto de la Provincia para 2018 no llegará al recinto esta semana.
Son varias las razones que harían esperar hasta fin de mes para avanzar con la discusión parlamentaria de la “ley madre” de las finanzas públicas.
Desde lo político, un motivo de “peso” será la licencia del vicegobernador, Osvaldo Jaldo. El contador que preside la Legislatura saldrá de licencia entre hoy y mañana, y se reintegrará en los próximos siete o 10 días.
En cuanto a lo técnico, los legisladores aguardan que pronto el ministro Garvich les remita el archivo digital con el analítico. El año pasado, el funcionario acudió además a la sede parlamentaria para exponer ante los jefes de bloque los detalles del informe financiero -y para contestar preguntas, sobre todo de la oposición-. Se espera que en los próximos días Garvich y su equipo ofrezcan una nueva rueda de consultas a los legisladores.
Cuestionamientos
Entre quienes preparan consultas para el ministro de Economía están los radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf. “¿(Cuáles son) las prioridades de este presupuesto? Nadie las explica. Lo previsto para gastos en seguridad pasa de 6,2% a 6,3%; servicios sociales, de 48,8% a 49%. ¿En qué se va la plata de los tucumanos?”, plantearon los radicales, que están alineados a Cambiemos.
Sostuvieron que el informe girado por la Casa de Gobierno es “poco transparente, a contramano de la baja de presión impositiva que propone la Nación”, y que además “menosprecia la inseguridad”. “Mientras en lo discursivo hacen gala de que quieren defender a los tucumanos, en el Presupuesto 2018 el gobierno de Manzur se muestra oscuro, asfixiante y con prioridades desconocidas”, remarcaron.
Insistieron con que “seguimos sin conocer cuánto dinero se va a destinar a las comunas”. “A Manzur no le importó ninguno de los pedidos que realizamos para que tengamos un presupuesto sincero, en el que se conozcan los montos con los que contarán los comisionados rurales para obras. Tampoco nos dice cuánto corresponderá a los aumentos salariales por paritarias en 2018”, objetaron Canelada y Estofán de Terraf. Y marcaron que “no hay ninguna rebaja impositiva, al contrario de lo que realizaron otras provincias y de lo que pide el Gobierno nacional”.
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