El diálogo aplacará la disputa por el bioetanol

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Durante todos estos días, en que el Gobierno Nacional dispuso de que el precio del bioetanol baje y de que los impuestos internos a las bebidas azucaradas sean aumentados, el ánimo de las principales actividades agroindustriales de la provincia, como lo son la sucroalcoholera y la citrícola presenten situaciones de incertidumbre, asombro, y porque no enojo, ya que este tipo de decisión podría afectar los intereses de las agroindustrias nombradas y a toda la cadena productiva vinculada a estas actividades.

Las declaraciones no fueron solamente las manifestaciones de rechazo a dichas resoluciones nacionales, en referente al etanol bajo el N° 415-E-2017, sino que también se realizaron diversas reuniones con la gente vinculada a los ministerios de Energía y de Finanzas, para interceder y lograr que dichas normativas no fueran aplicadas y/o modificadas.

Algunas de estas resoluciones fueron nuevamente estudiadas, rectificadas, y en algunos casos se dispuso que no entren en vigencia, como en el caso de la producción vitivinícola, por lo que es esperable que los sectores afectados, sumados a la clase dirigente y a la política regional sigan en la posición de que se revean estas normativas.

Una de las cosas realizadas fue la presentación de dos senadores que elevaron un proyecto de ley en la Cámara de Senadores de la Nación para modificar la Ley N°26.093/2006 sobre el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso sustentable de Biocombustibles, que permite fijar el procedimiento de determinación del precio del bioetanol (de caña de azúcar y de maíz), en base a la fórmula que considera costos más rentabilidad.

No se duda de que esta presentación debe ser tenida en cuenta, sobre todo por la importancia de afianzar este sistema productivo, que nació bajo el régimen de Regulación y Promoción de Biocombustibles (Ley 26.093-2006-, extendido al bioetanol de caña de azúcar por la Ley 26.334-2008), que habilita la mezcla obligatoria de biodiésel con gasoil y de bioetanol con naftas, fue una acertada decisión que abrió un horizonte de oportunidades en el campo de la energía, y se ha traducido en diversos beneficios y resultados, que se afirma en los Fundamentos del proyecto de ley.

Muchas inversiones en plantas destiladoras y deshidratadoras, como así también la plantación de una mayor superficie de caña de azúcar, se realizaron para afrontar este nuevo desafío.

A los azucareros, en particular, les posibilitó destinar -parcialmente- su producción de azúcar a bioetanol, lo que les permitió sacar de circulación excedentes azucareros con precios de quebranto en el mercado mundial, y que se vuelquen al mercado interno bajando sus precios.

La producción de bioetanol de caña de azúcar en el año 2016 (500.000 m3) equivalen a unas 260.000 toneladas de azúcar que no fueron al mercado interno, siendo este el consumo de dos meses.

El contexto

No sólo hubo mejora en los precios del mercado interno de azúcar, sino que también permitió que haya nuevos y numerosos puestos de trabajo, directos e indirectos, en condiciones cualificadas para la producción de etanol y, a la vez, aumentó la demanda de inversiones para la producción de bienes asociados, en el sector metalmecánico y de logística, donde ha exigido innovación tecnológica y equipos de producción y transporte especializados.

Mejora energética

El régimen creado por la Ley 26.093 contribuye a mejorar la matriz energética de la Nación, mediante la sustitución parcial de combustibles fósiles por biocombustibles de origen renovable y más limpios; un proceso de aprovechamiento que tiene por delante un enorme horizonte de crecimiento.

Esta ley establece, en su artículo 1, que el “Régimen tendrá una vigencia de quince (15) años a partir de su aprobación”; por lo tanto, todos los beneficios de esta ley, así como las inversiones y recursos volcados a su aplicación, deben ser garantizados, al menos, hasta el año 2021.

Sin duda que el precio del etanol tiene una importancia vital para el desarrollo, funcionamiento y sostenibilidad de este nuevo sistema productivo bioenergético, por lo que esta nueva resolución y discusión es una grave amenaza para el presente y futuro de inversiones, empleo, economía regional y desarrollo energético del país; que pone en riesgo un Régimen de Regulación y Promoción con vigencia legal hasta el año 2021, y que puede ver truncado injustificadamente su potencial de desarrollo.

La rectificación de la Resolución 415/17, anunciada por el Ministro de Energía a los industriales, podría encaminarse a una reducción del 7,5% sobre el precio de octubre pasado para el bioetanol de caña de azúcar, y un compás de espera hasta que se verifiquen los costos. Se espera que la resolución que para ello dicte el Ministerio traiga mayores precisiones sobre el curso que tenga la cuestión.

Sin dudas que, dentro del ámbito del consenso y del diálogo, estas decisiones sigan siendo discutidas y reevaluadas para el bien de este tipo de producciones, que son el pilar fundamental para el funcionamiento de las economías regionales.