Según Bardón, no se puede desalojar a las ocupantes de Horco Molle, pero deben pagar la luz

La rectora admite que no hay presupuesto para designar más guardaparques. Ahora son 13, cuando hace 10 años eran 35. La superficie a cubrir es de 14.000 hectáreas. Hay 120 familias viviendo desde hace décadas en los terrenos universitarios y siguen los intentos de usurpación.

LIMITACIÓN. La conductora de la UNT precisó que la colocación de medidores no puede hacerse a la fuerza. la gaceta / FOTO DE franco vera LIMITACIÓN. La conductora de la UNT precisó que la colocación de medidores no puede hacerse a la fuerza. la gaceta / FOTO DE franco vera
17 Enero 2018

Según el último censo que se hizo en el predio del Parque Sierra de San Javier (UNT) hay unas 120 familias ocupando terrenos universitarios. La rectora de la Universidad, Alicia Bardón, explicó que algunas se asentaron hace unos 70 años, cuando se estaba construyendo la Ciudad Universitaria, el proyecto que arrancó en 1948 y quedó trunco con el derrocamiento de Juan Domingo Perón, en 1955.

Los obreros que en esos años se trasladaron hasta Horco Molle llevaron a sus familias y nunca más se fueron. De hecho, en muchos casos, allí se asentaron hijos y nietos. Bardón reconoció que si bien ninguno de los que habita ese lugar tiene escrituras ni posesión de la tierra, resulta “discutible” si se puede ir a desalojar a todo el mundo. “Nunca fue esa mi idea”, aclaró, y a continuación explicó que la política es que tampoco aumente la cantidad de población.

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“Lo que hemos venido trabajando, y que lo hice muchas veces, es intentar que las familias no usen el recurso eléctrico de la universidad. Están colgados de la línea de media tensión que pasa por ahí”, contó. Bardón recordó que durante el último acuerdo con la empresa de distribución, EDET, se habló de este tema. “Les pedí que pusieran medidores en cada vivienda, pero para eso las familias deben aceptar y es lo que no han querido”, agregó.

La colocación de los medidores no puede ser a la fuerza -explicó la rectora- porque los que habitan allí deben aceptar por escrito su condición de tenedores precarios; además, la situación podría tornarse conflictiva con la UNT. “Ellos van a recibir un mejor servicio, pero la empresa debe tener esos documentos”, añadió.

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Control del área

Uno de los administradores del Parque, Rodolfo Salinas, reconoció ayer que solo hay 13 guardaparques para recorrer todo el perímetro, cuando hace 10 años había 35. Dijo que el escaso número hace que no se pueda llevar un control como se debería de la propiedad universitaria.

No solo por la amenaza de usurpaciones, que aumenta en época de vacaciones, sino que hay puntos de gran atractivo turístico que deben ser supervisados: la cascada de Río Noque y el lago artificial en San Javier y el camino del funicular en Horco Molle. Por fin de semana van entre 300 y 600 personas.

“El Parque no tiene presupuesto específico dentro de la UNT. Se lo mantiene con las partidas para funcionamiento que recibimos, mientras que los recursos que ellos generan les sirven para sus gastos; pero la administración del Parque y la Reserva tienen un enorme gasto en personal”, explicó la rectora. Por lo tanto, no hay presupuesto para más guardaparques. “La queja de Salinas es la misma que la de las facultades, las escuelas...”, agregó la rectora.

Destacó que después de varios años lograron “un equilibrio presupuestario” en la UNT que hay que cuidar. “Hoy podemos pagar los sueldos, la AFIP, los servicios y hacer algunas obras de mantenimiento gracias a ese trabajo de reorganización que hicimos de la administración”, afirmó.

Encontró obreros demarcando un terreno

Un consejero fue insultado y amenazado mientras sacaba fotos.

“El miércoles 10 fui a pasear con mis nietos y con uno de mis hijos por el río Muerto y senderos del parque. Un guardaparques me comentó que en un sector frente al CAPS había gente trabajando, cavando y demarcando un perímetro para una construcción, pero que no les quisieron dar información de lo que estaban haciendo ni de quiénes lo habían autorizado”, relató Hugo Gani, consejero superior. Cuando llegó al lugar decidió sacar fotos para hacer la denuncia. “Me había bajado del vehículo y mientras sacaba fotos se me acercaron dos sujetos y comenzaron a agredirme verbalmente y hasta me amenazaron de muerte. Me presenté con nombre y apellido y como consejero superior, a lo que respondió uno de ellos que no le importaba ni mier... Pregunté quiénes eran y me dijeron que pertenecían a la fundación Lillo”, agregó Gani. Luego de esto, se retiró del lugar y fue a hacer la denuncia en la Policía.

Según trascendió ayer en el Rectorado, uno de los presuntos agresores sería el hijo de un ex empleado de la UNT que reside desde hace años en el lugar.

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