“Nuestras prisiones no están dando resultados”

Las prisiones argentinas están perdiendo la batalla contra el delito, según María Jimena Monsalve, jueza nacional de Ejecución Penal N°5. En presencia de integrantes del sistema penitenciario de la provincia, de policías y de representantes de organismos de control, la magistrada puso en tela de juicio que las condiciones actuales de encierro sirvan para frenar la criminalidad. “Las cárceles no tienen por qué ser feas, tristes y deprimentes”, observó al final de su intervención en el Seminario “Gestión integral de sistemas penitenciarios a la luz de las Reglas Mandela”. Esta actividad fue organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y tuvo lugar el 23 de mayo en la Legislatura de Tucumán. Luego de participar de un panel con los funcionarios Rodrigo Borda y Lucas Safarsi, Monsalve sentenció en una entrevista: “nuestras prisiones no están dando resultados”.

-Usted dijo que las cárceles no tienen por qué ser depresivas, pero, ¿por qué lo son?

-El primer problema que tiene la Justicia penal en general es su desconexión con la realidad carcelaria. La concurrencia a los establecimientos penitenciarios debería ser asidua. Allí tenemos que ver si existen posibilidades auténticas de reconstruir a quien ha perdido su libertad, mediante una rehabilitación beneficiosa para todos, para que el día de mañana haya menos víctimas de delitos. Nuestro ensimismamiento nos lleva a una visión exacerbada de la seguridad y a creer equivocadamente que para proteger a las víctimas hay que elevar la punición. Está probado y estudiado que esto no genera efectos, y que lo único que puede dar un resultado positivo es la posibilidad de armar un proyecto de vida distinto y superador de aquel que llevó a la cárcel. Si no se atienden las causas subyacentes del delito, el encierro no va a servir para nada. No nos estamos haciendo cargo de que el tipo de prisiones que tenemos no permite, en líneas generales, una rehabilitación. La sociedad ve la punición como única alternativa frente al delito y eso, insisto, no funciona.

-¿Por qué cree que existe esta visión?

-Hay una distorsión en la comunicación. Los medios masivos tienen mucha presencia y transmiten el mensaje dominante del encierro. Es una solución que habla también de la falta de educación: si todos los que promueven la privación de la libertad conocieran en forma responsable de qué están hablando y fueran conscientes de lo que ella acarrea, y de lo que le cuesta al Estado cada preso, otro sería el discurso. El Estado debe saber a qué personas quiere privar de la libertad y si su sistema puede soportarlas. Hoy por hoy esto se desconoce. Y hay numerosas alternativas a la prisión que ayudan a reconstruir a quien cometió un delito, sobre todo a los autores de hechos ilícitos menores y comunes, no aberrantes. El camino es la educación, el trabajo y la salud. Tenemos que entender que nuestras cárceles están llenas de excluidos del sistema y que la pobreza estructural es evidente.

-La Legislatura de Tucumán, donde estamos en este momento, sancionó hace unos meses una ley que autoriza a los jueces a aplicar la prisión preventiva a arrebatadores. ¿Qué opina de esta decisión?

-No podemos seguir sosteniendo en Argentina un sistema penitenciario que tenga el 65% de imputados y el 35% de condenados. La pirámide debe ser invertida. Y corresponde aplicar la prisión preventiva en función de las reglas de responsabilidad establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los instrumentos internacionales. Hay que hacer una evaluación seria y objetiva del impacto de la criminalidad: necesitamos cifras y diagnósticos reales, no virtuales. Las meras impresiones no pueden ser la base de ninguna solución seria. Este es un error grave que tendemos a cometer porque, si bien necesitamos respuestas para el comportamiento delictivo, me gustaría saber cómo va a hacer la estructura carcelaria existente, que ya está colapsada, para seguir recibiendo presos. Y tampoco se entiende por qué no se utilizan los dispositivos de monitoreo electrónico, entre otras medidas muy útiles, que no implican necesariamente que el dinero de los impuestos vaya a la financiación de cárceles.

-¿Los penales están desbordados porque faltan políticas adecuadas para el tratamiento de las adicciones?

-Es un tema muy sensible. El consumo problemático de drogas está íntimamente relacionado con la delicuencia y este fenómeno se ve a lo largo del país. Tenemos un nivel de adicción muy alto en los propios penales, cosa que es muy difícil de contrarrestar porque no disponemos de suficiente cantidad de profesionales y de tratamientos intramuros. Por esta razón es que, en el ámbito del programa nacional “Justicia 2020”, estamos por llevar adelante una experiencia de tribunal de tratamiento de drogas donde los propios jueces sean garantes de la recuperación del adicto y todas las partes, defensa, acusación y querellas incluidas, se comprometan con el objetivo. Es decir, que haya acompañamiento. Argentina tiene una posibilidad única porque cuenta con un esquema de salud pública que le permite afrontar el desafío. El binomio “adicción-delito” ya es inseparable. Necesitamos una estrategia institucional urgente para atender este problema.

-Hay toda una discusión sobre si los jueces de Ejecución tienen que trabajar dentro o fuera de las cárceles. ¿Cuál es su posición al respecto?

-Yo estoy fuera y me parece bien que así sea. Tenemos que tomar una distancia prudencial de las cárceles porque, de lo contrario, corremos el riesgo de naturalizar conductas y contextos a partir de un contacto que termina siendo promiscuo. El juez debe entrar cuando quiera y necesite, pero estar fuera para no perder el sentido de lo que corresponde. No nos podemos permitir el lujo de que la violencia deje de sorprendernos.