27 Junio 2018
Tucumán deberá acondicionar los calabozos de las comisarías y limitar el tiempo de detención
Lo ordenó la Cámara Federal de Casación Penal en un fallo que exige adoptar medidas para preservar los derechos fundamentales de las personas detenidas.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Gustavo M. Hornos y Ana María Figueroa, hizo lugar a una acción de habeas corpus en favor de personas detenidas en las comisarías 4ª, 7ª, 9ª y de Delfín Gallo de la Policía de la Provincia de Tucumán.
El fallo, que fue publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), advirtió sobre el ruinoso y lamentable estado de las instalaciones en las que deben habitar las personas allí alojadas. En ese sentido, afirmó que la situación descripta representa un grave peligro para la integridad física y la salud de las personas que resulten allí detenidas y que tal situación pone en evidencia la grave afectación de la forma y las condiciones en las que se cumple la privación de la libertad.
De esa manera ordenó a las autoridades competentes que adopten las medidas necesarias tendientes al acondicionamiento y habilitación de esas dependencias, adecuándolas a los estándares internacionales vigentes en la materia.
Y aclara que esas medidas abarcan tanto a las personas detenidas a disposición de la justicia federal como a las detenidas a disposición de la justicia provincial.
Además, se dispuso que el tiempo de detención en estas dependencias debe limitarse al necesario a los fines de determinar la situación procesal de las personas detenidas.
En abril pasado, LA GACETA había publicado un informe donde advertía que los calabozos de las comisarías están colapsados y que albergaban a 944 detenidos, cuando la capacidad es de 380.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una acción de habeas corpus en favor de personas detenidas en las comisarías 4ª, 7ª, 9ª y de Delfín Gallo de la Policía de la Provincia de Tucumán.
El fallo, que fue publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), advirtió sobre el ruinoso y lamentable estado de las instalaciones en las que deben habitar las personas allí alojadas.
En ese sentido, afirmó que la situación descripta representa un grave peligro para la integridad física y la salud de las personas que resulten allí detenidas y que tal situación pone en evidencia la grave afectación de la forma y las condiciones en las que se cumple la privación de la libertad.
De esa manera ordenó a las autoridades competentes que adopten las medidas necesarias tendientes al acondicionamiento y habilitación de esas dependencias, adecuándolas a los estándares internacionales vigentes en la materia.
Y aclaró que esas medidas abarcan tanto a las personas detenidas a disposición de la justicia federal como a las detenidas a disposición de la justicia provincial.
Además, se dispuso que el tiempo de detención en estas dependencias debe limitarse al necesario a los fines de determinar la situación procesal de las personas detenidas.
En abril pasado, LA GACETA había publicado un informe donde advertía que los calabozos de las comisarías están colapsados y que albergan a 944 detenidos, cuando la capacidad es de 380.
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal
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