Se analiza aplicar la figura del arrepentido en la investigación sobre el IPV
Pasó más de un año desde que “Panorama Tucumano”, el ciclo de TV de este diario, transmitió un informe sobre irregularidades en el Instituto de la Vivienda. Tras una investigación judicial, dos de los involucrados están detenidos y el proceso en su contra avanza a medida que surgen nuevos elementos.
Barrionuevo ARCHIVO LA GACETA
Había rumores sobre testaferros, había sospechas de irregularidades, había nombres que acompañaban los comentarios. Informes periodísticos, denuncias de ciudadanos e investigaciones judiciales se enfocaron en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). En las últimas semanas se difundieron nuevos elementos y podrían surgir aún más, ya que la Justicia no descarta aplicar la figura del arrepentido en el marco del “caso Viviendas”, que tiene dos detenidos: Lucas Barrionuevo -coordinador de Programas Federales de la repartición- y Miguel Jiménez Augier -ex coordinador de Políticas Habitacionales del organismo-.
Además, la fiscala Adriana Giannoni requirió la prisión preventiva de ambos imputados por presunto enriquecimiento ilícito. Hace un año, la titular de la Fiscalía VIII inició una investigación de oficio tras un informe televisivo de “Panorama Tucumano”, el programa de televisión de este diario.
Durante meses se requirieron informes a diversas entidades con el fin de investigar a funcionarios y empresarios. Hace dos semanas, tras declarar ante Giannoni, Jiménez Augier y Barrionuevo quedaron detenidos.
Barrionuevo, en la punta del mesón, aplaudiendo, a la izquierda. LA GACETA
Fuentes judiciales informaron a este diario acerca de los elementos que motivaron el requerimiento de la fiscala. La solicitud habría hecho hincapié en que ambos detenidos pasaron décadas en el Ipvdu y aún podrían tener “lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal” que les permitan entorpecer la investigación. El escrito también diría que esa situación se debe a que los empleados siguen siendo los mismos y a que el ex interventor Gustavo Durán fue reemplazado por quien fuera subinterventora durante casi 10 años, Noemí Ferrioli. En ese contexto, la actual titular de la repartición habría sido citada para declarar hoy ante Giannoni.
La función de quienes tuvieron un rol clave en el Ipvdu fue uno de los elementos que se analizó en el informe periodístico que LA GACETA transmitió el 12 de julio de 2017. En ese programa, Barrionuevo negó estar vinculado a la constructora Marán y a sus dueños, Sebastián y Martín Nieva. Sin embargo, se demostró que los empresarios eran sobrinos políticos del coordinador, y la semana pasada surgieron nuevos testimonios en este sentido. El albañil Alberto Flores, quien trabajó seis años para Marán, aseguró a este diario que Barrionuevo era el verdadero dueño de la constructora y que sus parientes políticos eran simples testaferros. Al día siguiente, Flores fue citado por la Justicia y repitió su declaración ante Giannoni.
Entre otras cosas, el ex empleado de Marán reiteró ante la Justicia el hecho de que, en los días siguientes al primer informe de “Panorama Tucumano”, los dueños de Marán trasladaron una serie de materiales y archivos a un galpón. La Justicia allanó el local y, según fuentes judiciales, los resultados fueron negativos. Este habría sido otro de los factores que motivaron el pedido de prisión preventiva, ya que -según deslizaron- se interpretó como otro intento por ocultar elementos relevantes para la investigación.
Por su parte, Jiménez Augier fue acusado de haber participado en adjudicaciones arbitrarias de viviendas sociales. Aunque negó haber tenido injerencia en el tema, la actual interventora Noemí Ferrioli sostuvo que él manejaba todo lo relacionado con la entrega de casas durante la gestión de Durán. Además, Jiménez Augier fue despedido por el gobernador Juan Manzur cuando se difundió el hecho de que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad.
Los sectores involucrados
Según fuentes judiciales, la posibilidad de aplicar la figura del arrepentido concierne tanto a funcionarios y empleados del Estado como a los empresarios que podrían haber estado involucrados.
Hasta ahora, los únicos constructores incluidos en las pesquisas que conduce Giannoni son los hermanos Nieva. Pero hay otros miembros del sector privado que, aunque no sean investigados, formularon denuncias públicas en torno al Ipvdu. Este es el caso del empresario de la construcción Javier Zerda, quien denunció que Barrionuevo le había pedido un departamento a modo de coima a cambio de agilizarle una gestión en el instituto.
Tampoco faltaron los representantes de la rama empresarial que defendieron al Ipvdu. Tanto Mario Nahas -entonces representante local de la Cámara Argentina de la Construcción, como Emilio Graña -Presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción- respaldaron a Durán y restaron importancia a posibles “errores”.
Según el Código Penal, la figura del arrepentido puede implicar una reducción de la pena de entre un tercio y la mitad de la condena. Las diferentes modalidades en que puede concretarse el beneficio son que el colaborador facilite un avance significativo en la investigación y que aporte datos sobre el destino de los bienes o ganancias del delito, entre otras posibilidades.
