Por Gustavo Rodríguez y Francisco Fernández 24 Octubre 2018
UN SERIO PROBLEMA. Los comerciantes de Yerba Buena aclararon que debatirán si aportarán dinero para sumar más guardias urbanos en la ciudad. la gaceta / foto de franco vera
El crimen de Valentín Villegas desató una polémica en Yerba Buena. En las últimas horas salió a la luz que en esa ciudad hay más policías realizando servicios adicionales que efectivos llevando a cabo tareas de prevención en las calles.
La fiscala Adriana Giannoni confirmó a LA GACETA que investigará el caso ante la sospecha de que está frente de una irregularidad.
Los responsables del área de Seguridad del Gobierno, en cambio, decidieron mantener el silencio
Desde el municipio adelantaron que pretenden que sus guardias urbanos tengan el mismo poder que la fuerza de seguridad.
El adolescente de 15 años fue asesinado de tres puñaladas cuando intentó evitar que a una amiga le robaran el celular. Ese hecho puso al descubierto la casi nula presencia policial en la zona. Oficialmente se confirmó que se utilizan 38 hombres (contando el personal jerárquico), 13 motocicletas y cuatro móviles (dos autos y dos camionetas) por turno para brindar seguridad a una ciudad que tiene más de 100.000 habitantes y una superficie de 160 kilómetros cuadrados. A ellos se suman los casi 70 miembros de la Guardia Urbana Municipal (GUM).
“La situación es muy complicada por la cantidad de robos. Al menos el 40% de nuestros asociados abonan para tener seguridad extra”, detalló Esteban Lamontanaro, presidente de la Cámara de Comercios de Yerba Buena, que reúne a unos 200 propietarios de locales.
“De ese número, la mitad, que podrían ser unos 40, son efectivos policiales. Los demás son del área privada”, agregó.
Mauricio Argiró, secretario de Seguridad de esa ciudad, agregó que a ese número se deben sumar los uniformados que prestan servicios en los bancos que operan en esa localidad, que según sus cálculos, son entre 15 y 20 agentes. “Estamos hablando de entre 55 y 60 efectivos, casi el doble de los que están afectados a las tareas de prevención. Algo se está haciendo mal y hay que modificarlo de manera urgente”, destacó.
“El problema no es que los policías hagan adicionales; el drama es que no podemos determinar si lo están haciendo de manera correcta, es decir, fuera de su horario de trabajo y en lugares en los que no se encuentran designados. Pero de una cosa estoy segura: no puede haber más uniformados en ese servicio que ocupados en proteger al ciudadano”, sentenció Giannoni.
“Vecinos y comerciantes de esa ciudad -agregó la fiscala- denunciaron que cuando se presentan a solicitar mayor presencia policial, les aseguran que no tienen hombres para hacerlo. Sin embargo, les ofrecen enviarles policías para realizar servicios adicionales. Por eso decidimos investigar cómo funciona el sistema de los servicios adicionales. Lo único cierto es que no hay negocio importante en esa ciudad que no tenga un policía custodiándolo”, puntualizó a LA GACETA la fiscala.
Otro panorama
Lamontanaro indicó que él no había recibido ninguna queja sobre la situación. Pero recordó que hace tres meses se reunieron con las autoridades policiales para cursar una nota al Ministerio de Seguridad destinada a pedir más efectivos. Hasta el momento, recalcó, no obtuvieron respuesta.
“También estamos iniciando contactos con las autoridades porque nos dijeron que si hacíamos aportes económicos podrían incrementar el número de Guardias Urbanos para proteger nuestros comercios. Se está analizando si aceptamos esta propuesta, que no sabemos si terminará siendo efectiva”, indicó el empresario
Lamontanaro también cuestionó al intendente Mariano Campero (Cambiemos) “Declaró que había dos o tres policías y hoy (por ayer) no dejamos de recibir denuncias de afiliados que fueron víctimas de robos”, agregó.
Proyecto
Argiró, en una entrevista con LA GACETA, reconoció que no sólo están buscando aporte de los comerciantes, sino también de los vecinos. “Ante la falta de respuestas por parte de la Provincia, queremos tener más gente en las calles para continuar con la misión que vienen desarrollando. El debate de la ‘municipalización’ de la seguridad es impostergable”, explicó.
“Somos perfectamente conscientes de que no alcanza con eso, por eso pretendemos seguir avanzando. Buscamos presentar en la Legislatura un proyecto para que nuestros guardias tengan el poder de policía, es decir, que también puedan realizar detenciones y allanamientos”, señaló el funcionario municipal.
Al mismo tiempo, aclaró que también insistirán con la creación de un centro judicial en Yerba Buena. “Para combatir la inseguridad de la ciudad, es fundamental contar con al menos una fiscalía y un juez para que se atiendan los casos que aquí ocurren”, concluyó.
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