Caso Lebbos: pedidos de entre seis y 10 años de prisión

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para Di Lella, Barrera, Brito, Rodríguez y Gómez y que Sánchez siga detenido. El fiscal Sale consideró que son coautores del encubrimiento agravado.

DIFERENCIAS. La querella se mostró disconforme con las penas pedidas. la gaceta / FOTOs DE JORGE OLMOS SGROSSO DIFERENCIAS. La querella se mostró disconforme con las penas pedidas. la gaceta / FOTOs DE JORGE OLMOS SGROSSO

Los imputados por encubrimiento cruzaron miradas y palabras con cada acusación que resonaba en la sala. Mientras, el acusado por homicidio cambiaba de posición una y otra vez en su asiento, ubicado en el final de la fila de los enjuiciados. “Este Ministerio Público Fiscal (MPF) no tiene la menor duda de que (el ex comisario de Raco y condenado por falsificación de actas, Enrique) García fue el chivo expiatorio y que todos estaban involucrados. Nunca pudo haber inventado esto García; lo indicaron también sus antecedentes”, dijo Carlos Sale.

El fiscal sustentó así, entre otros fundamentos, la coautoría del encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, ocurrido en febrero de 2006. Con ello, pidió en su alegato penas de seis años de cárcel para Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad); Hugo Sánchez (ex jefe de Policía); Nicolás Barrera (ex subjefe de la fuerza de seguridad); y Rubén Brito (ex titular de la Unidad Regional Norte). Los responsabilizó de los delitos de encubrimiento real agravado, en concurso ideal con la falsificación de instrumento público. “Ocultaron, hicieron desaparecer rastros y pruebas de la investigación, falsearon el acta cabeza de sumario y el acta de procedimiento”, enfatizó.

“Ha quedado acreditado que todos concertaron, impartieron órdenes. El grado de participación es de coautores”, manifestó el fiscal, quien además solicitó 10 años de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos.

Sale, a su vez, requirió para Waldino Rodríguez (estaba retirado) la condena de seis años de prisión por ser partícipe necesario en el encubrimiento agravado (tres años), en concurso ideal con la falsificación ideológica de instrumento público; por coacción (dos años), y por falso testimonio (un año), en concurso real. La Fiscalía consideró que este acusado falsificó y firmó el acta del hallazgo del 11 de marzo de ese año, y había llevado a los hermanos Goitea -los baqueanos que hallaron el cuerpo de la víctima- a la comisaría para presentarse ante García, aunque no contó luego lo sucedido.

El crimen

El representante del MPF pidió el cambio de la acusación contra Roberto Gómez, quien está, por ahora, imputado como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio. Valoró que el único enjuiciado por el crimen de Paulina ha sido partícipe secundario en el secuestro y posterior. Por eso, determinó una condena de 10 años.

EN LA SALA. “Ha quedado acreditado que todos concertaron, impartieron órdenes”, manifestó el fiscal.  EN LA SALA. “Ha quedado acreditado que todos concertaron, impartieron órdenes”, manifestó el fiscal.

“Gómez tuvo el celular de Paulina el 26 de febrero y estuvo en el lugar. Creo que la coautoría no pudo ser probada, ni la participación necesaria. Pero sí que fue partícipe secundario en el caso que nos ocupa”, aclaró Sale durante su exposición, que se extendió durante tres horas y media.

“Paulina fue privada de su libertad y el teléfono celular de ella, en su desaparición, fue usado por Gómez a partir de ese mismo día y por un período de cinco años (...) Gómez, ese 26 de febrero, procedió a quitarle la vida mediante la asfixia mecánica por estrangulamiento manual, con otras personas”, añadió.

El funcionario judicial resaltó que se insertaron alrededor de 16 chips o líneas de celular al equipo que pertenecía a la joven universitaria.

Prescripción

El fiscal remarcó ante los integrantes de la Sala III, Dante Ibáñez (presidente), Carlos Caramuti, y Rafael Macoritto, que hace un mes había prescripto la acusación penal de abuso de autoridad (con pena de dos años), por lo tanto no podía sostener esa imputación sobre los funcionarios policiales y políticos.

El Ministerio Público requirió que, en caso de que el Tribunal condene a los seis enjuiciados, se dicte prisión preventiva para Di Lella, Barrera, Brito, Rodríguez y Gómez, hasta tanto la sentencia quedara firme. Además, consideró que se mantenga la misma medida para Sánchez, bajo iguales condiciones, además de las “accesorias legales y el pago de costas procesales para todos los acusados”.

El juicio se reanudará hoy, a las 8.30, y está previsto el turno del representante de la querella, Emilio Mrad, quien apuntaría al “plan de encubrimiento a partir de la posible reunión en Raco” entre Sánchez y Di Lella”.

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