A la “Cabezona” le decomisaron bienes por más de $13 millones

Nilda “La Cabezona” Gómez, no sólo recibió una dura condena, sino que sufrió un embargo que podría superar los $13 millones, según el fallo dictado ayer por el Tribunal Oral Federal. La sentencia fue inédita, ya que por primera vez los jueces ordenan el decomiso de dos inmuebles.

El fiscal federal Pablo Camuña, en su alegato, les solicitó a los magistrados la incautación del departamento de Junín al 400 y una cochera. El planteo establecía además que “se los destine para su uso o enajenación a la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de Tucumán”. La valuación de ambos inmuebles no trascendió, pero superaría los $5 millones en el mercado inmobiliario, según estimaron algunos operadores consultados por LA GACETA.

También realizó el mismo planteo para los seis vehículos y las dos motocicletas que se le quitó a la organización en el procedimiento desarrollado en junio de 2017. Solicitó que se los entregue a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal que realizaron la investigación del caso. “Podrá permitir el desarrollo de sus tareas referidas a la investigación de delitos relacionados al tráfico de estupefacientes”, fundamentó el acusador durante el alegato.

Los vehículos en cuestión fueron dos Ford Transit ($2,4 millones), Ford F100 ($615.000), Dodge Ram ($3,2 millones) y Mini Cooper ($2,5 millones). En total, según la valuación fiscal, tienen un valor de $8,7 millones.

En la penúltima jornada de la audiencia, la ahora condena intentó negar ser la propietaria de los bienes, pero no le alcanzó para que los jueces aceptaran el decomiso. Sin embargo, en el fallo los magistrados no especificaron cuál será el destino de todos esos bienes.

Sí hubo claras diferencias con respecto a las multas que pidió el fiscal que les aplicaran a los condenados con las que terminó otorgando el tribunal.

Por ejemplo, Camuña había solicitado que se aplique una sanción punitoria de por lo menos de $3,9 millones, pero los jueces los terminaron multando por unos $51.000, poco más del 1% de lo pedido por el investigador. La diferencia se hace más notoria en el

La diferencia radica en que el fiscal utilizó una escala que no fue tenida en cuenta por el tribunal. Por ejemplo pidió que a “La Cabezona” se le aplicara una multa de $1,8 millones, pero la sancionaron con apenas $15.000.