Proponen un “alivio” en las deudas del personal estatal

El oficialismo de la Legislatura impulsará en la sesión de hoy una serie de proyectos que tendrán impacto directo en las entidades bancarias de la provincia; sobre todo, en el agente financiero oficial, el Banco Macro.

Las medidas están enmarcadas en la emergencia social y epidemiológica por la pandemia de coronavirus covid-19.

La primera iniciativa apunta a “aliviar” el impacto de la crisis económica en el sector público, que cuenta con más de 100.000 agentes en el Estado provincial. El peronista Dante Loza, el presidente subrogante de la Legislatura Regino Amado y otros legisladores -con la venia del vicegobernador Osvaldo Jaldo- firmaron un proyecto de ley que establece la suspensión en el descuento automático que registran los haberes mensuales de los empleados estatales que adquirieron préstamos personales ante el Banco Macro, entidad financiera oficial de la Provincia desde 1996. “(Si se sanciona la norma), las (próximas) dos cuotas, correspondientes a abril y mayo, serían prorrateadas a partir de junio en las demás cuotas restantes”, explicó Amado. Es decir que no habrá una eximición de las obligaciones, sino una suspensión en el derecho al cobro automático. La intención del oficialismo es darle “oxígeno” al bolsillo del trabajador estatal, por un lado para que pueda invertir más recursos en afrontar la crisis sanitaria, y por otro, para paliar el impacto de la pandemia en el consumo interno.

El texto será revisado en la previa a la sesión por la comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares y que cuenta con amplia mayoría del bloque justicialista. Según fuentes de la “mesa chica” de la Cámara, se está estudiando la posibilidad de incluir en el articulado todo tipo de deuda que mantengan los trabajadores estatales ante el Macro. Si esto se da, alcanzaría los demás tipos de empréstitos (hipotecarios, prendarios, etcétera) y el pago de tarjetas de crédito.

Tras un viernes de tensiones

El viernes, miles de jubilados y de beneficiarios de programas sociales se agolparon a las afueras de las entidades bancarias para percibir sus haberes. El proyecto de ley para darles un “descanso” a los empleados públicos en sus deudas con el Macro no tiene relación formal con esa situación. De todos modos, en la Legislatura no habían tardado en expresar su repudio por la aglomeración de personas, debido al riesgo que la situación suponía ante situación de emergencia por el coronavirus. El principal portavoz del malestar había sido el vicegobernador, quien había centrado sus críticas al Macro, aunque también adhirieron a esta postura legisladores del oficialismo y de la oposición. Si bien en el Poder Legislativo se habían abocado a revisar el contrato con el Macro, en busca de posibles sanciones, no se avanzará en ese sentido. En cambio, se sancionará un proyecto de resolución -o dos, según se defina en la redacción final- con efecto institucional.

En la faz administrativa, los legisladores aprobarán una iniciativa para requerir a la Dirección de Comercio Interior una evaluación sobre lo ocurrido. En este punto, se mencionará la Ley de Trato Digno, sancionada en 2016 por la Cámara provincial y reglamentada en 2018 por el Ejecutivo. Esta norma ordena que el usuario tiene derecho a ser atendido en un período máximo de espera de 30 minutos si la espera es de pie, y en caso de que se ofrezcan asientos y tickets de numeración, 90 minutos. Con el tratamiento de esta propuesta, los legisladores instarán a que se apliquen las sanciones o multas que correspondan en cada caso.

En paralelo, fuentes oficiales indicaron que se solicitará al Ministerio Público Fiscal, que está a cargo de Edmundo Jiménez, una evaluación referida a la importante cantidad de personas que se congregó al frente de las instituciones bancarias. Ello no implica una denuncia, explicaron en la Legislatura, sino un pedido formal para que se determine si, a partir de la aglomeración de público, se produjeron efectivamente contagios, sobre todo entre adultos mayores. En caso de una presunta lesión a la salud pública, se solicitará el inicio de las acciones pertinentes.

Lo ocurrido el viernes había acaparado la atención de los legisladores. En el oficialismo, en el bloque Fuerza Republicana, en el alfarismo, en Libres del Sur y en la Unión Cívica Radical habían manifestado críticas por el apartamiento de las disposiciones de prevención de coronavirus. En algunos casos se había apuntado directamente contra los entes estatales, como Anses y el Banco Central; en otros, contra las entidades financieras. Esas críticas volverán a resonar hoy en el recinto de la Cámara provincial.