La ansiedad lo carcome. La charla de casi 45 minutos de hace algunos días abrió un panorama que, para las condiciones actuales, puede llegar a amortiguar el duro golpe que la pandemia del coronavirus el dará a la actividad económica. Alberto Fernández mantuvo una extensa charla telefónica con Juan Manzur. El gobernador le pidió al Presidente que contribuya a levantar una provincia que, coyunturalmente -según el lenguaje de los administradores de las finanzas públicas-, ha caído en el déficit fiscal. ¿Y cuál puede ser el remedio para disimular semejante caída producto de la pandemia del coronavirus? La obra pública, sin lugar a dudas. No hay fondos provinciales y, por esa razón, la única alternativa posible es apelar a los programas federales financiados por organismos multilaterales. Fernández ha decidido pagar la deuda electoral, pendiente de las elecciones pasadas, esas en las que Manzur jugó un rol protagónico y que, por esas cosas de las internas peronistas y de la cuarentena, ha quedado pendiente. El gobernador está próximo a recuperar una “herramienta de trabajo vital”, según sus propios conceptos: el avión oficial. Hay cuatro intendentes del área metropolitana que están esperando una llamada para abordar el vuelo y emprender viaje a Buenos Aires. En el Ministerio de Obras Públicas de la Nación les espera un juego de documentación a firmar para ingresar en un plan de pavimentación integral y articulada, de obras para mejorar y ampliar el sistema de cordón cuneta y de redes de saneamiento. Se trata de un programa para grandes aglomerados que posibilitará que cada Municipalidad que ingrese al programa cuente con unos $ 100 millones para ejecutar esos trabajos.

“Necesito mostrar logros de gestión”, fue una de las frases que el mandatario tucumano le habría dicho al jefe de Estado nacional durante la prolongada conversación telefónica. Pero nada es gratis. En la política se necesitan gestos. Y el gobernador le dio al Presidente lo que hoy precisa: apoyo para renegociar la deuda, más allá del resultado. “Tucumán apoya la propuesta de #DeudaSostenible que lleva adelante el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Una decisión realista, responsable y sensata en un momento que demanda una #ArgentinaUnida para la construcción de un #FuturoSostenible”, escribió Manzur en su cuenta en Twitter. Un mensaje hacia adentro de la provincia, pero también con proyección nacional, hacia el resto de los mandatarios en un momento clave para establecer si la actual administración pagará a bonistas o si entrará en cesación de pagos. El santafesino Omar Perotti siguió los pasos del tucumano, casi con las mismas palabras y en la misma red. La misma actitud adoptó el sanjuanino Sergio Uñac.

Un eventual default puede cambiar los planes de las provincias, cada vez más dependientes de la Casa Rosada. Con la crisis actual, los gobernadores necesitan imperiosamente de la mano nacional. Y todos, sin excepción. Con las recaudaciones locales en picada, las transferencias nacionales volvieron a ser gravitantes porque contribuyen a financiar casi un 80% de los gastos mensuales subnacionales (en Tucumán, por caso, hasta el año pasado, esos giros coparticipables oscilaban entre un 65% y un 70% del total de recursos).

El lunes había varios gobernadores (entre ellos Manzur) inquietos por el resultado de la renegociación de la deuda de Buenos Aires. Los mandatarios seguían de cerca las tratativas encaradas por Axel Kicillof, ya que un default en el principal distrito del país condenaría al resto de las jurisdicciones a la ausencia total de financiamiento para encarar obras públicas. El mercado voluntario de crédito está cerrado para la Argentina (con un riesgo país que ayer se ubicaba levemente por encima de los 3.000 puntos básicos); entonces, la única alternativa que le queda al país es usar los préstamos del Banco Mundial (BM), la Corporación Andina de Fomento (CAF) o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que también esperaban el resultado bonaerense. Con la extensión de las negociación hasta el 26, ahora será la Nación la que deba definir cuál será el trato con los acreedores (su plazo vence el 22).

Manzur aceleró la presentación de carpetas ante esas entidades. Así, según anunció, consiguió el financiamiento de $ 1.400 millones para encarar las obras en la planta de tratamientos cloacales de Concepción y el aval para que el Gobierno nacional incorpore los trabajos de la planta que se instalará en San Andrés y que brindará el servicio cloacal a Banda del Río Salí y Alderetes. También contribuyó a destrabar el dinero para terminar las tareas en la plaza Independencia (se extenderán cuatro meses más) y, en algunas semanas más, seguirán los anuncios para el resto de los municipios y las comunas rurales. Tucumán necesita esas obras si se toman en cuentan las proyecciones socioeconómicas que dejará la recesión y que se profundizará con la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Un desempleo cercano al 13/14%, un nivel de pobreza de hasta un 42/43% y una informalidad de casi la mitad de los asalariados del distrito. Eso sólo podrá “disimularse” con el dinamismo de un plan de trabajos públicos. Esos datos inquietan al Gobierno nacional. No hay funcionario que proyecte un escenario similar al de 2002, cuando el Producto Bruto Interno llegó a caer un 11%. El impacto mayor se observará en los grandes aglomerados urbanos. De allí los anuncios para los distritos más poblados de la Argentina, más expuestos al coronavirus y a la crisis profunda que acecha.

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