Un futuro imperfecto

Cuentas claras conservan la amistad. Y más en política. El gobernador Juan Manzur intenta cosechar los frutos de un acompañamiento electoral a Alberto Fernández, y el presidente de la Nación ha respondido, hasta ahora, como lo había prometido. Sin embargo, la coyuntura financiera de Tucumán sigue siendo difícil. El dramatismo no está dado por lo que puede ocurrir con el cierre del primer semestre del año. En principio, no habría grandes complicaciones para abonar el salario anual complementario de la primera mitad de este 2020 pandémico. El signo de interrogación se abre para lo que puede suceder con el resto de un año recesivo para la economía, caótico para la vida de cada uno de los argentinos, que siguen temiendo por la curva de contagios de la covid-19.

La administración local pateó para adelante toda obligación financiera asumida con la Casa Rosada. De hecho, el acuerdo suscripto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en representación del Fondo Federal para el Desarrollo Provincial, contiene una buena y una mala noticia para Tucumán.

La buena noticia se circunscribe a las condiciones del financiamiento de hasta $ 6.000 millones que otorgó el Gobierno nacional hace algunas semanas. Paralelamente, incorpora otros $ 1.900 millones que corresponden a otros empréstitos de la misma fuente dentro del ejercicio. Es decir que Manzur se despreocupará de pagar esos $ 7.900 millones (equivalente a un poco más de una planilla salarial mensual) hasta el último día hábil de enero de 2021. Ahora gozará de un período de gracia y, así, podrá destinar íntegramente lo que ingrese al erario al pago de los salarios a los casi 110.000 agentes de la administración pública. Hasta aquí todo salió de acuerdo con lo planificado por el propio Manzur cuando encaró las negociaciones con el propio Fernández.

Y es el turno de las malas noticias. ¿Cuál es el sacrificio que debe hacer Tucumán en el marco del convenio firmado con la Nación que le dio una ayuda extraordinaria para solventar los gastos corrientes?

Una simple lectura del convenio puede mostrar la dimensión del financiamiento que, aunque puede resultarle barato si se toma en cuenta las condiciones actuales del mercado voluntario de crédito, tienen un elevado costo político, a saber:

• En el capítulo segundo, vinculado con las obligaciones que asume la provincia al tomar el financiamiento, se redactó la cláusula octava de la siguiente manera: “durante 2020, la provincia implementará una política salarial y ocupacional compatible con la disponibilidad de sus recursos públicos y las limitaciones que en la etapa (de pandemia por el coronavirus) presenta la obtención de fuentes de financiamiento. En otros términos, la provincia -entiéndase toda la estructura estatal- no podrá incrementar los salarios exponencialmente como tampoco nombrar a más empleados públicos por la sencilla razón de que presentó, ante el Gobierno nacional, una carta de pobreza que, aunque coyuntural, tiene una extensión mayor a un año y medio. Hasta entonces es probable que las recaudaciones, nacional y provincial, puedan recuperarse y luego ver qué pasa. La realidad indica que este mes puede cerrar con una caída real de los fondos transferibles por coparticipación de entre un 15% y un 20%. Esto es al tomar la expansión nominal de los ingresos por cobro de impuestos versus el ritmo inflacionario que, por el momento, no registra un fuerte incremento, debido a los efectos del aislamiento social y obligatorio que, entre otras consecuencias, ha paralizado el movimiento financiero y comercial.

• La cláusula novena del convenio era la consecuencia natural de la ayuda. En ese punto, el Gobierno nacional les deja bien claro a las provincias que suscriban los acuerdos de que “no emitirán títulos públicos de circulación como cuasimonedas”. En este punto, existe una penalidad: aquellas jurisdicciones que lo hagan deberán devolver el crédito de una sola vez, por la finalización del programa al no cumplirse la meta. Es sabido que los $ 60.000 millones que la Nación distribuye por esta vía son una gota en el mar de necesidades provinciales. Por ahora, todo se solucionó por la vía de la emisión monetaria, cuyas consecuencias se observarán en el mediano plazo. Más allá de todas estas condicionalidades, el cuadro fiscal presentado por Manzur a la Casa Rosada muestra que Tucumán cerrará sus cuentas públicas con un rojo fiscal estimado en $ 9.820 millones sólo hasta julio que viene. En sus charlas con Guzmán y con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el gobernador venía sosteniendo que el déficit proyectado de Tucumán estaría en el orden de los $ 18.000 millones al cerrar el año fiscal 2020.

El crédito federal se desembolsaría en dos tramos: $ 3.000 millones este mes y la misma suma el mes que viene. Nada quita que esa suma pueda ser adelantada en función de las premuras financieras del gobierno de Manzur. Las finanzas no gozan de buena salud. El virus del déficit se ha convertido en la pandemia que atacó a los distritos subnacionales. Alberto Fernández sabe perfectamente que los gobernadores no podrán respirar en la medida que no haya asistencia federal. En algún momento, Tucumán celebró que la coparticipación significará sólo el 60% del total de recursos disponibles en el mes. El sueño de sostener el equilibrio en las cuentas públicas se esfumó mucho antes de la pandemia. No se sabe cuándo se volverá a ese estado de situación. Lo peor es que se viene un año electoral que, históricamente, implica más gastos. El futuro sigue siendo imperfecto.