Momento para analizar el estacionamiento callejero

Hace años, por una necesidad de generar ingresos para poder realizar obras, muchos municipios idearon el cobro por estacionamiento en la calle. Este canon les permitía, por ejemplo, efectuar el mantenimiento del pavimento. Pese a que en San Miguel de Tucumán este impuesto es de vieja data, carece hasta ahora de un marco legal y en consecuencia, esta tarea la efectúan los “cuidacoches” o “trapitos”, que no solo carecen del aval municipal, sino que a menudo carecen de una identificación correcta.

Esta situación genera la lógica incertidumbre del automovilista que no sabe a quién realmente la va a dejar el cuidado de su vehículo. Tampoco hay una sola tarifa ni sabe quién la regula, y de acuerdo con las denuncias constantes, el ciudadano que se niega a abonar este canon arbitrario, se ve expuesto a problemas. La Municipalidad ha reiterado en varias ocasiones que no se debe pagar dinero alguno por estacionamiento hasta tanto se regularice la actividad, lo cual obliga al conductor a pasar un mal momento discutiendo con el cobrador porque la llamada contribución “voluntaria” es a menudo compulsiva.

Pero las peleas también suceden entre ellos, algunas con resultados trágicos como la que ocurrió en agosto pasado en San Juan al 600, cerca de un local de comidas que se hallaba atestado de gente. Un cuidacoches le propinó tres puñaladas a un compañero; al parecer se trató de una disputa territorial por los lugares para cobrar el estacionamiento. En esa ocasión, una conductora se quejó porque eran “víctimas de estas personas que cobran lo que quieren y si no les pagás, tenés problemas”, dijo.

En la solución de este problema, se debe contemplar también el costado social. En nuestra sección Cartas del 24/2, un integrante del Colectivo de Cuidacoches Tucumanos escribió: “no somos delincuentes… somos 400 familias a las cuales el sistema municipal quiere hacer desaparecer… queremos ser partícipes de una sociedad más justa y no ser excluidos por funcionarios insensibles… trabajamos arduamente en un proyecto de ordenanza que nos incluya y no nos termine dejando fuera”. Ese mismo mes, el secretario municipal de Gobierno anunció que se analizaba un proyecto para regularizar y controlar el estacionamiento pago; el sistema determinaría la medición, la incorporación de nuevas tecnologías y la delimitación de las zonas de acuerdo al tránsito de los servicios públicos.

El estacionamiento pago en la vía pública pasó por diferentes manos desde la década de 1970. Los parquímetros tuvieron su debut y despedida en 1998. En 2010, un edil denunció que la situación del estacionamiento medido en el centro era totalmente irregular. En 2015, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto que establecía que los usuarios podían abonar el servicio a través de la emisión de un ticket, pagando las horas de estacionamiento en quioscos o cualquier comercio, que debían estar inscriptos en el municipio para poder operar. Iniciativa que no se concretó.

Sería importante si esta pausa obligada que impone el coronavirus, fuese aprovechada por ediles y funcionarios municipales para hacer consultas pertinentes -si no se sabe qué camino seguir- con otros municipios que han normalizado hace años esta actividad dar una solución de fondo, de modo que al concluir la cuarentena un problema que data de los ’70, halle su fin.