Una emergencia sin solución

La crisis carcelaria no deja de ser noticia en Tucumán. La grave problemática de la superpoblación de detenidos que desborda los sitios para el alojamiento se trasluce en episodios que ocuparon estas páginas varias veces durante este año. Se suceden escapes de comisarías; protestas en las seccionales en reclamo de mejores condiciones y hasta motines en las cárceles. Durante la pandemia esto no cesó. La situación sanitaria excepcional puso en el foco a la población carcelaria del país a partir de los requerimientos de prisiones domiciliarias por parte de reos que estaban en los grupos de riesgo. En Tucumán, no hubo un número significativo de acceso a este beneficio.

Durante esta semana, la fuga de dos presos que estaban en la seccional 8ª, puso nuevamente en discusión no sólo que los problemas persisten sino que tampoco se avizoran soluciones de fondo. Los dos evadidos son peligrosos, según las autoridades, y estaban cumpliendo condenas por homicidios. Al estar condenados, no deberían haber estado en ese sitio, sino en una penitenciaría.

No fue el único hecho. A fines de marzo, ya con el aislamiento en vigencia, se había producido una revuelta de presos en el penal de Concepción. La prohibición de visitas y el cese de las salidas transitorias y de los permisos especiales mantenían un clima tenso. El detonante del motín fue que la comida que les sirvieron estaba en mal estado. En abril, presos de Villa Urquiza habían protagonizado una protesta.Un grupo de internos con condena firme se había subido al techo para exigir permisos para estar en sus casas y evitar posibles contagios.

Los números revelados por nuestro diario preocupan: superan las 1.200 las personas privadas de su libertad en comisarías u oficinas policiales. De ese total, 76 fueron condenados; a 848 se les dictó prisión preventiva y 59 guardan arresto domiciliario. Además, 105 detenidos no tienen resuelta su situación procesal y 120 que están detenidos por contravenciones.

Los sitios donde se encuentran no son el único inconveniente: el 50% de la fuerza está destinada a realizar tareas relacionadas con la atención de los detenidos. En noviembre, de 1.645 policías que trabajan por día, 745 se encargaban de esto. Por la pandemia por la enfermedad covid-19, quedó el 30% afectado a estos trabajos.

En las cárceles, en tanto, están alojados 1.320 ciudadanos. La mayoría de ellos se encuentra en el penal Villa Urquiza. Si bien sus áreas no están demasiado desbordadas, no es viable que reciban a la cantidad de personas que están en los otros sitios. Las ampliaciones que se están efectuando tampoco alcanzan.

La crisis carcelaria no es nueva. En agosto se cumplen cinco años desde que los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus en favor de los presos, los policías y los vecinos de las comisarías, por la cantidad significativa de personas que estaban en situación de alojamiento irregular. En esos momentos, de acuerdo con nuestro archivo, había cerca de 500.

Desde entonces se dieron a conocer proyectos de nuevas cárceles; hubo fallos judiciales en el mismo sentido del habeas corpus; se crearon unidades oficiales para tratar el asunto y hasta se declaró la emergencia.

En diciembre, la Corte había fallado en contra del Gobierno. El Ejecutivo había pretendido que se declarara agotado el proceso abierto para controlar y mejorar las condiciones de privación de la libertad. El Tribunal ratificó que la crisis carcelaria continúa, pese a que hubo algunos avances desde 2015.

Sucede que el incremento natural de detenidos deja chica cualquier tipo de adecuación que pueda concretarse en las penitenciarías, incluso a futuro. Los antecedentes, la foto que genera los números y la escasez de nuevas obras financiadas por la Nación de magnitud no hacen prever que un alivio o el desenlace estén cerca. Parece que la crisis carcelaria seguirá siendo una emergencia riesgosa sin solución.