La audiencia del caso de los billares cayó en la “tronera”

Con una decisión administrativa de pocos renglones, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán envió a la “tronera” la intención de controlar en una audiencia el procedimiento preventivo de la covid-19 que había derivado en la aprehensión de 22 ciudadanos; la clausura del Bar y Billares Punto y Banca, y la exigencia por chat de tres lavarropas para el Hospital del Este a cambio del cierre de la causa y de la habilitación del local. Ocurre que los vocales Antonio Daniel Estofán, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos rechazaron ayer por la tarde el pedido de afectación a la miniferia en curso presentado el 12 de agosto por los miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, tribunal que iba a celebrar aquel acto. Los vocales Claudia Sbdar (presidenta) y Daniel Posse firmaron en disidencia la Acordada 730: según su criterio, había que hacer lugar a la solicitud de los camaristas Eudoro Albo y Enrique Pedicone.

La decisión confirma implícitamente que el ejercicio de las facultades de la Cámara de Apelaciones hasta el 31 de agosto inclusive corresponde a la Sala VI de la Cámara Penal de esta capital, como indica la Acordada 533 del 29 de julio que estableció las pautas de suspensión de actividades con motivo de la implementación del nuevo Código Procesal Penal a partir del 1 de septiembre. Es el argumento que habían esgrimido primero Tomás Robert, secretario del Ministerio Público Fiscal, y, luego, el fiscal de “la Unidad de Enfermedades Sanitarias”, Carlos Picón, para “desconocer” la audiencia que había convocado Pedicone este jueves a la mañana por un pedido del dueño de Punto y Banca, Eduardo Marti, y de su defensor Arnaldo Ahumada.

La Cámara de Apelaciones “natural” no levantó el acto oral programado para hoy a las 10, pero el potencial de ese acontecimiento quedó severamente dañado, y lo que iba a ser una discusión sobre el proceder de Picón y de la Policía de la capital probablemente se circunscribirá a la oficialización de la Acordada 730. Según el hábeas corpus, Picón habría ordenado las aprehensiones “aparentemente per se” y no existiría un acta que registre las infracciones a la normativa anti-covid-19 endilgadas a Punto y Banca.

A esta audiencia habían sido convocados el fiscal de “Enfermedades Sanitarias” (tal es la denominación de este cuerpo especial); el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera; el jefe de la Unidad Regional Norte de la Policía, Ricardo Fresneda, y Marti y Ahumada. Pedicone incluso había invitado al ministro de Seguridad, Claudio Maley, en su condición de secretario del Comité Operativo de Emergencia (COE) que armó el Gobierno de Juan Manzur para afrontar la pandemia.

Un plazo de dos horas

La Acordada 730 de la Corte fue el epílogo de una jornada con tensiones crecientes. Todo empezó cuando Pedicone salió sorteado para resolver el hábeas corpus de Marti y Ahumada. A continuación, el juez otorgó dos horas a Fresneda y al Ministerio Público Fiscal -lo encabeza Daniel Marranzino por la licencia de su titular, Edmundo Jiménez- para remitir la totalidad de las actuaciones vinculadas al procedimiento practicado el domingo en el local de la calle Maipú al 900 de esta ciudad. “En especial, deberán adjuntar actas labradas, si las hubiere, de clausura y secuestro desarrolladas en dicho procedimiento, así como los instrumentos legales de la creación y cobertura de la ‘Fiscalía de Emergencia Sanitaria’ (por ‘Enfermedades Sanitarias’)”, ordenó Pedicone. A renglón seguido, organizó la audiencia. Según el expediente, cuando el secretario Fernando Valladares comunicó las disposiciones a Robert, este “desconoció” las facultades de Pedicone y citó la Acordada 533.

En las actuaciones consta que, luego, el camarista se comunicó en presencia de Valladares con una funcionaria de Superintendencia, Cristina Molina, quien le informó “que le habían pedido que le avisara que (el tema de su afectación a la miniferia) estaba en una vocalía (de la Corte) y que no se sabía si saldría”. En el ínterin, Picón cuestionó la audiencia y al camarista en un escrito donde afirmó que sólo la Sala VI que integran las juezas Alicia Freidenberg y Stella Maris Arce podía resolver las cuestiones de la Cámara de Apelaciones. Al fin, Pedicone terminó poniendo las vicisitudes del caso de los billares en conocimiento de Sbdar, presidenta de la Corte, y de las partes. Más allá del hábeas corpus, la Acordada 730 repercute en otras causas y a última hora del jueves ya había ingresado la primera presentación administrativa en su contra.