Con dos lavarropas el billar lavó las penas

Eduardo Marti, dueño del Bar y Billares Punto y Banca, tomó la decisión después de presenciar una originalísima audiencia en el pasillo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción declarada “estéril” (se informa por separada). Ya había soportado durante cinco días las consecuencias económicas de la clausura de su local dispuesta por el fiscal Carlos Picón en un polémico operativo preventivo de la covid-19 y no podía seguir esperando que la Justicia se decidiese a analizar el hábeas corpus que había presentado con el abogado Arnaldo Ahumada. Entonces, buscó a un nuevo letrado; arregló con Picón una reparación ligeramente menor a la que aquel había exigido al principio (dos lavarropas en vez de tres); llevó las máquinas al Hospital del Este y ayer mismo pudo reabrir su billar.

“Lo único que quiero es laburar: no necesito más problemas”, se excusó anoche. Por su parte, Ahumada explicó que había decidido apartarse del conflicto porque, a diferencia de los Tribunales, él sí entendía las necesidades de la gente.

Lo cierto es que, en la audiencia del pasillo, Ahumada intentó infructuosamente que el camarista Enrique Pedicone anulara la Acordada 730 con la que los vocales Antonio Daniel Estofán, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos lo habían dejado afuera del juego este jueves. “Es una decisión infundada. Estamos aquí ejerciendo derechos y exigiendo el cumplimiento del deber del Estado de garantizar el acceso a la justicia”, opinó. Ahumada dijo que desconocía por qué la Corte había hecho “el movimiento extraño y oscuro” de la Acordada 730. “Estaba todo listo para que este tribunal pudiese actuar, pero misteriosamente uno de los vocales cambió de parecer. Así aparecen juntos para desactivar (a la Cámara de Apelaciones) Leiva, Rodríguez Campos y Estofán. Estos arrastran un vicio de origen por su condición de ex fiscales de Estado y carecen de la necesaria imparcialidad”, atacó.

Ahumada afirmó que Picón y un grupo irrumpieron en Punto y Banca al “filo de las 22” del domingo. Luego describió una serie de irregularidades y reprochó la falta de control judicial de la actuación de Picón: “este operativo ha violado todos los derechos y todavía se pretende presentar a la sociedad como un acto sublime del Ministerio Público Fiscal para proteger la salud. Un funcionario no puede exigir una reparación porque eso es una exacción ilegal. Tenemos que poner un freno a esta corrupción del sistema. Muchos tienen miedo y son permeables a todos estos abusos”.