Las declaraciones del juez Velázquez respecto de que la seguridad es responsabilidad del Gobierno y de que los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias motivaron airadas reacciones de legisladores del oficialismo. Coincidieron en criticar que los magistrados liberen procesados con facilidad.
Vargas Aignasse: "el castigo penal es de la Justicia"
“Convivimos con un sector de jueces incapaz de hacer un mea culpa. Es elemental decir que la seguridad depende del gobierno, tan cierto como que el castigo penal corresponde a la Justicia. Pareciera no entender este sector es que es imposible construir un servicio de seguridad eficiente desde una pereza e inacción judicial exasperantes”, dijo el titular de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, en respuesta a las declaraciones del juez de Monteros, Mario Velázquez. “Hay 40.000 causas en el fuero conclusional: procesados sin sentencia, muchos de ellos delincuentes libres por la inacción acumulada en años de una justicia penal insensible”, reclamó Vargas Aignasse. Luego, recordó el asesinato de Ana Dominé, durante un robo. “¿Cuantas veces ‘Hormiga’ Quiroga debería ser detenido para ser condenado?”, inquirió.
Raúl Ferrazano: "hay normas para que los jueces sancionen"
“Esta Legislatura brindó siempre la normativa necesaria, para que en el marco del debido proceso, los jueces sancionen con severidad a quienes delinquen y lastiman las familias”, aseveró el legislador oficialista Raúl Ferrazano, titular de la comisión de Legislación General, en respuesta a las declaraciones del juez penal de Monteros, Mario Velázquez. “La seguridad no sólo tiene que ver con el rol que pueda tener el poder político. También es importante la mirada y la función de la Justicia”, sostuvo el parlamentario. “La seguridad pública la construimos entre todos, es responsabilidad de los tres poderes del Estado, que deben participar en las acciones para bajar los índices de delitos”, concluyó.
Daniel Deiana: "que se hagan cargo de la doctrina Pedicone"
“El asesinato (de la empresaria Ana Dominé) ocurrido el fin de semana muestra la grave situación de inseguridad que padecemos. Y desnuda la irresponsabilidad de jueces garantistas de la puerta giratoria, como Enrique Pedicone, que libero 104 delincuentes de distinta calaña”. La acusación es del legislador oficialista Daniel Deiana, titular de la comisión de Asistencia a las Adicciones. “Aquellos que siguen la doctrina Pedicone, liberando delincuentes, deben hacerse cargo de las consecuencias de actos que llenan de dolor a los familiares de víctimas, que ven cómo la impunidad es favorecida por abogados y jueces a los que nada les importa al dolor de familias destruidas por malvivientes”, sentenció.
Javier Morof: "responsabilidad de los tres poderes"
El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, Javier Morof, rechazó que el juez penal de Monteros, Mario Velázquez. Allí sostiene, por un lado, sostuviera que “la seguridad es responsabilidad del gobierno” y que “los legisladores dispusieron que la libertad sea la regla durante la investigación de un delito”. El oficialista aseveró que en “Introducción al Derecho” ya se enseña hay tres poderes en el Estado. “La responsabilidad en materia de seguridad es de los tres y no puede Velázquez, de manera irresponsable y antojadiza, eludir la responsabilidad judicial en la materia”. Morof aseveró que no se puede inculpar al Poder Legislativo “cada vez que un juez decide si corresponde o no una prisión preventiva y, peor aún, si instancias superiores deciden revocaciones de esa medidas, sin entrar a considerar las circunstancias del caso, los hechos ni la legalidad”.
Qué dijo el juez Velázquez: "la seguridad es responsabilidad del Gobierno"
El juez penal de Monteros, Marío Velázquez, es el primer magistrado que decidió ingresar en el debate que disparó la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de deberes de funcionario. “La gente desconoce que los legisladores dispusieron que la libertad sea la regla durante la investigación de un delito”, la manifestó a LA GACETA, durante la entrevista que se publicó ayer. Leiva enfrenta cinco pedidos de juicio político y Pedicone afronta cuatro, porque el miembro de la Corte lo acusó de liberar a más de 100 procesados por delitos graves en menos de un año. “Nungún juez puede ser juzgado, perseguido ni removido por el contenido de sus sentencias”, hizo hincapié el magistrado. Y sentenció: “La seguridad es responsabilidad del Gobierno: así lo dice la Constitución de Tucumán”.
