“El juez de la Corte acusado de presionar debería renunciar por vergüenza”

Delia Ferreira Rubio (1956, Córdoba, Argentina) llegó a lo más alto del activismo anticorrupción. Desde 2017 preside Transparencia Internacional, la organización que elabora el influyente Índice Mundial de Percepción de la Corrupción, y como tal le toca llevar el reclamo de ética y de integridad ante los líderes del planeta. Ferreira Rubio posee en su cabeza el mapa de las degradaciones institucionales y lo despliega durante esta entrevista remota pactada hace un mes. En un enfoque general, considera que la pandemia incrementó el riesgo de corrupción. En la mirada particular, dice que le llama la atención la denuncia penal explosiva que conmociona a Tucumán. “El vocal de la Corte (Daniel Leiva) acusado de presionar a un juez debería renunciar por vergüenza”, dictamina la abogada Ferreira Rubio.

Varada en Berlín (Alemania) desde marzo, tuvo la ocasión de experimentar la cuarentena y la pandemia con el liderazgo de Ángela Merkel. “Es extraordinaria y tendrá la suerte de retirarse con esta tarea donde ha podido demostrar su perfil científico, su austeridad, y su apego por la democracia republicana y la libertad”, relata con el acento de su provincia natal. “Yo ejerzo de cordobesa”, admite y propone el tuteo antes de pasar “a los bifes”.

-¿Cómo ha impactado la covid-19 en los temas que le interesan a Transparencia Internacional?

-Desde el comienzo de la pandemia empezamos a advertir o a hacer recomendaciones sobre los peligros que veíamos porque en este tipo de emergencias, los riesgos de corrupción aumentan. Cuando la crisis es global, tenés una combinación de urgencia, que supone la necesidad de medidas rápidas; de concentración del poder y de una población más preocupada por la eficiencia de la toma de decisiones que por la deliberación. Además, esta crisis está vinculada al sector de la salud, que es uno de los más propensos a la corrupción en tiempos normales. Se estima que anualmente se pierden en todo el mundo USD 500 billones ingleses por corrupción en insumos, productos farmacéuticos, hospitales, etcétera. A esto hay que agregar que la covid-19 hizo que todos los países estén comprando las mismas cosas en el mismo momento, lo que generó escasez y aumento de precios. Lo que vimos y, es algo novedoso de esta crisis, es que las denuncias y los reportes de corrupción fueron concomitantes con la crisis en sí. Y encontramos los mismos problemas en todas partes: compras públicas de productos distintos a los adquiridos; sobreprecios; la aparición de nuevos intermediarios sin capacidad ni acreditación como proveedores del Estado; pagos anticipados por cosas que no llegaban, y que estaban ligados a sociedades offshore y a empresas fantasma. En nuestros centros en 90 países, incluida la Argentina (funciona en Poder Ciudadano) hemos recibido 10.000 denuncias.

-Aquí vimos muchos anuncios de donaciones de funcionarios así como “reparaciones” por la transgresión a la normativa anti-covid-19, todos aportes en principio destinados al sistema sanitario. Pero, ¿cómo sabemos qué pasó con ellos?

-Para eso hacen falta el periodismo de investigación y las ONG. La información sin duda fue una de las víctimas de la pandemia. En algunos países, el organismo encargado de proveer los datos puso el cartel “en cuarentena” y cerró las puertas. En otros lugares directamente niegan la información y ha ocurrido que los comités de emergencia llamados COE son más importantes que las autoridades electas. Hay lugares donde es imposible saber si te dicen la verdad en cuanto a las cifras de contagios y muertos. Los temores sobre el manejo de las donaciones como factor de corrupción y de enriquecimiento ilícito curiosamente aparecieron primero en África del Norte y Oriente Medio. Uno de los temas es qué hace el Estado con las donaciones que reciben. Otro aspecto, visto desde el sector privado, es qué hace la empresa cuando le piden una donación. Los empresarios han recibido mucha presión para que donaran materiales o dinero, y no tuvieron en muchos casos la posibilidad de revisar qué se hacía con esas donaciones. Otra preocupación es el clientelismo ligado a las ayudas sociales y a los subsidios diseñados para quienes no pueden trabajar.

-¿Ha surgido una corrupción adaptada al virus?

-Hubo conflictos de interés de parte de funcionarios que dejaban de serlo y a la semana aparecían como proveedores estatales de productos para la covid-19. Otra preocupación es cómo se están usando los préstamos de los organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), y la insuficiencia de cláusulas de transparencia y de auditoría. Hemos pedido controles respecto del destino del dinero y Kristalina Georgieva, la directora del Fondo, entonces dijo “guarden los recibos”. A futuro tendremos que atender como factores de corrupción la construcción de infraestructura porque seguramente la salida de las recesiones va a apuntar a eso. También el tema de las vacunas. Hay inversiones en laboratorios y compras de un producto que no existe. Nosotros escuchamos al ministro (Ginés González García) decir que el país iba a adquirir 11 millones de dosis “a USD 3 o 4”, le daba lo mismo la diferencia de casi el 30% . Nadie está preguntando nada acerca de esto. Otro asunto que veremos es el relacionado con la nueva urbanización y la tierra porque la digitalización llegó para quedarse, y las zonas de oficina decaerán y aumentarán los precios de los terrenos de los alrededores. Habrá que hacer cambios urbanísticos y esto ha sido fuente de corrupción en el pasado.

-¿Qué ocurrió con la lucha anticorrupción en la Argentina de un año a esta parte?

-Todo lo que se está haciendo en la Argentina está dirigido a la impunidad. Es tan evidente que resulta casi una tomadura de pelo. Y la impunidad es un factor que incentiva la corrupción porque, si no vas a tener consecuencias por lo que hacés, el mensaje resulta nefasto. No me sorprende porque el presidente (Alberto Fernández) ha dicho que el mérito no es un criterio de valor comunitario. Es cambalache en estado puro lo que se está viendo. Las acciones de la Oficina Anticorrupción están dirigidas a desandar el camino que había tomado y creo que la Auditoría General de la Nación dio una señal lastimosa cuando se negó a auditar las “compras covid”, como pidió Transparencia Internacional por medio de Poder Ciudadano. No hay palabras para decir lo que está pasando en un país donde todo se vio alterado; donde llevan 180 días cerrados, y con las fronteras externas e internas cerradas. Se creyó que, por la pandemia, iba a haber menos atención hacia la corrupción, pero eso no ha ocurrido. En la Argentina, la corrupción aparece entre las tres principales preocupaciones de la ciudadanía, aunque los gobernantes no estén yendo en el sentido adecuado.

-¿Qué opina del tratamiento de la reforma judicial en medio de este lío?

-Una cosa fue el proyecto que se presentó y se llevó adelante sin los consensos necesarios, y que después en el Senado se transformó en la repartija de millones de pesos de presupuesto para cámaras y juzgados absurdos totalmente porque no dijeron cómo los van a financiar: me parece el colmo. La otra parte es esta comisión que va a recomendar algo, donde hay algunos conflictos de interés evidentes que la deslegitiman, más allá del valor académico de ciertos juristas que la integran. Me parece que esa comisión es una manipulación más. Eso muestra cómo operó la covid institucionalmente. Funcionó, por un lado, como excusa para la acumulación de poder; para el uso y abuso de las facultades presidenciales, y de los decretos de necesidad y urgencia, y para la creación de organismos incluso a nivel municipal que asumieron una posición que no tienen en el esquema constitucional argentino. De repente el COE decide si un ciudadano puede entrar o no en una provincia. Otra cosa que ocurrió con la covid es la creación de “el protocolo”, que está por encima de la Constitución Nacional. Hay protocolos infralegales que ponen aduanas interiores. Hay avances sobre la legalidad, la proporcionalidad de las medidas, la transparencia, la coherencia, la rendición de cuentas… La covid fue usada como un telón para tapar decisiones que se están tomando porque la gente está distraída o mirando para otro lado. Una de las cosas que vamos a tener que hacer cuando pase el virus es recoger el barrilete y volver a la constitucionalidad. Las restricciones de derechos personales, por ejemplo, no pueden ser indefinidas e ilimitadas. Los 180 días de cuarentena en la Argentina han pasado ese límite.

-¿Qué sabes de los niveles de transparencia que hay en Tucumán?

-Recibimos el reflejo, por los medios de comunicación principalmente, de que los parámetros democráticos no son muy respetados. Y que en la sociedad tucumana hay una concentración de poder y liderazgos muy fuertes con estilo feudal.

-Los tucumanos carecemos de leyes de acceso a la información y de ética públicas. No hay sanciones para los conflictos de interés, ni contacto con las declaraciones juradas de los funcionarios. Incluso una regulación de 1973 (Ley 3.981) penaliza la difusión de los patrimonios de las autoridades del Estado...

-Eso es antediluviano: ¡ya se superó en el mundo! Que una provincia argentina, después de 37 años de democracia, carezca de esos elementos es inaceptable en el mundo de hoy. Y que se penalice la difusión de las declaraciones de bienes agrava el cuadro. Una de las tendencias globales que hemos advertido es la restricción del espacio cívico, incluidas las libertades de prensa y de expresión, y el incremento de la vigilancia en las redes sociales. Si no defendemos esto, estamos en el horno.

-Justo aquí estamos atravesando una crisis porque hay un juez, Enrique Pedicone, que denunció a un vocal de la Corte provincial, Leiva, lo habría presionado para manejar un caso que afecta a un legislador opositor (Ricardo Bussi). El juez denunciante grabó al vocal denunciado, pero este dice que la conversación no existió o no sería delito, e impugnó las grabaciones. ¿Qué debería hacer la Justicia con esos audios, si fuese independiente?

-Me llama mucho la atención lo que me estás contando. Obviamente hay una cantidad de triquiñuelas procesales que se pueden usar para eliminar esa prueba. De todos modos, la ciudadanía debería estar alborotadísima con eso porque es inaceptable. Y en las sociedades civilizadas, el juez de la Corte acusado de presionar debería haber renunciado de la vergüenza: no digo que se suicide, como pasaba antes, pero por lo menos que dé un paso al costado y que tenga algo de dignidad en lugar de criticar la difusión de la conversación donde hace algo indebido. La investigación de los casos de corrupción es muy problemática siempre porque ocurre en un sector opaco y negro: esa es la esencia de la corrupción.

-Aquí hay estudios que indican que el 99% de las denuncias terminan en nada.

-Los mecanismos de arrepentidos y de protección de testigos, y los acuerdos para bajar penas a cambio del aporte de pruebas son utilizados en el mundo precisamente por las dificultades de investigar este tipo de delitos. El problema mayor radica en la falta de un Poder Judicial independiente. Porque, si eso existiese, el juez víctima podía ir a otro juez; decirle que fulano lo estaba presionando, y lograr la interceptación de los teléfonos y una cámara oculta. Pero, para que ello suceda, hay que tener a mano mecanismos que protejan al que habla para que se animen a hablar, de lo contrario es imposible. No podemos basarnos en el modelo procesal del siglo XIX para enfrentar un delito en el siglo XXI, donde el dinero circula a la velocidad de un clic. Un organismo judicial que no tienen independencia, capacidad y competencia es lo mismo que nada. Podés garantizar independencia política, pero, si no le das el presupuesto y la tecnología, sigue siendo lo mismo que nada. En eso la Argentina tiene que trabajar, además de despolitizar la Justicia. Es una promesa de la reforma constitucional de 1994 que no se cumplió. Y no es una cuestión de color político porque tampoco el macrismo fue muy respetuoso de la independencia judicial. Es un problema institucional. Y a nuestros políticos, tarde o temprano, les rinde la grieta, y no les gustan que los controlen y son propensos al amiguismo. Hay un estilo de política y un estilo de ciudadanía poco atenta a cuestiones institucionales. En esto nos va la libertad de todos. Lo que se está protegiendo es tu calidad de vida, tu seguridad, tu tranquilidad, tu futuro y la certidumbre de poder planificarlo. ¿Quién puede hacer un plan en la Argentina de hoy? Las decisiones se toman de rompe y raja. Si fueras empresaria y te dicen que el dólar con el que tenés que pagar las deudas que ya asumiste se multiplica de la noche a la mañana, estarías para tirarte un tiro.

-¿No le parece una contradicción que una argentina como usted haya llegado a presidir Transparencia Internacional?

-Cuando fui electa no lo sentí como una contradicción porque llevaba 30 años trabajando en la organización. Pero la primera pregunta que me hacían los periodistas europeos era justamente la que me hiciste vos. No se me había ocurrido pensar eso. Después me puse a reflexionar, y empecé a contestar que haber nacido y vivido, y seguir viviendo en la Argentina, me da un conocimiento de la corrupción y de su contexto más acertado que si yo viviera en un país donde no hay, y las instituciones funcionan; uno es libre porque es libre; los derechos se respetan y las autoridades conocen los límites de su poder. Haber estado trabajando en un país donde las instituciones no son fuertes; donde hay una anomia generalizada; donde la canción de (Enrique Santos) Discépolo tiene el carácter de himno nacional… Haber trabajado para tratar de revertir eso; para tener una democracia y una república más sólidas a partir de la igualdad ante la ley y de elecciones limpias me da una perspectiva de conocimiento del fenómeno, y de esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Yo todavía creo que eso es posible si nos mantenemos alertas.

Lideresa de la transparencia

Delia Ferreira Rubio se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (España): obtuvo ese título con una tesis sobre la buena fe como principio jurídico general. Fue asesora en el Congreso y en la Auditoría General de la Nación, y trabajó en proyectos de la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras entidades internacionales. Su carrera como activista de la transparencia está ligada a Poder Ciudadano, ONG que encabezó entre 2008 y 2010. Antes de presidir Transparencia Internacional se desempeñó como miembro de su Consejo Directivo.

(Con la colaboración periodística de José Názaro)