30 Septiembre 2020
Palacio de Tribunales ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) aprobó una resolución que declara "la profunda preocupación" del organismo "por la crisis institucional del Poder Judicial de Tucumán", a partir de la denuncia penal del juez del Tribunal de Impugnación, Enrique Pedicone, en contra del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y de las acusaciones públicas de este último contra el primero.
La FACA, con la firma de su presidente, José Luis Lassalle, dictó el instrumento ante un pedido del Colegio de Abogados de Tucumán, que encabeza Marcelo Billone, para solicitar "el apoyo" en las actuaciones de la entidad provincial tras la presentación de Pedicone contra Leiva por presunto tráfico de influencias.
En el texto, la FACA recordó que el juez de Impugnación le endilga al vocal de la Corte "un pedido de manejar la intensidad en el trámite de una causa por presunto abuso sexual y corrupción, donde el imputado es el legislador Ricardo Bussi". "Todo ello, según el denunciante, por presunto requerimiento del gobernador (Juan Manzur) y del vicegobernador (Osvaldo Jaldo)", señaló el organismo nacional.
Detalló luego que, ante "la evidente gravedad de la denuncia", el Colegio de Abogados de Tucumán reclamó "la perentoria investigación de los hechos, con el objeto de lograr su urgente dilucidación y devolver así a la sociedad la tranquilidad y confianza que debe tener en quienes son responsables de administrar justicia".
La Federación analizó además que, luego del planteo de Pedicone, Leiva responsabilizó al denunciante por "presuntas irregularidades en la liberación de personas detenidas en diferentes causas judiciales".
En ese sentido, la entidad a cargo de Lassalle remarcó el pedido público del Colegio de Abogados de Tucumán de que tanto Pedicone como Leiva tomen licencia en sus cargos (el primero de ellos sí pidió ese permiso) "a efectos de resguardar la necesaria transparencia de la investigación promovida en contra del vocal de la Corte".
Tras analizar los hechos, la FACA consideró que hubo "improcedentes críticas de ciertas agrupaciones políticas y de algunos funcionarios quienes, desviando totalmente el eje de análisis, pretendieron responsabilizar a los abogados que habían intervenido en la causas involucradas en el informe, el que a su turno había sido evacuado en forma directa por el vocal denunciado Leiva, sin la intervención de la Presidente de la Corte y representante legal del Poder Judicial de la Provincia. Claudia Sbdar".
"Tales hechos, de ataque a los letrados que actuaron en las causas remitidas a la Legislatura por parte de Leiva, motivaron la enérgica defensa por parte de la entidad federada, que recordó la improcedencia de identificar al cliente y al abogado y la plena vigencia del derecho de defensa en juicio y el de los abogados de trabajar y ejercer libremente su profesión sin ningún tipo de presión o condicionamiento", remarcó la Federación.
"La defensa de la institucionalidad y la plena vigencia de la división de poderes, así como la defensa de los abogados en su libre ejercicio profesional en aras de no ser estigmatizado por el mero hecho de haber intervenido en ciertos procesos o por haber atendido a determinados clientes, son funciones irrenunciables de los colegios profesionales, por lo que resulta ajustado ratificar lo actuado por el Colegio requirente", agregó a continuación.
Ante este escenario, se manifestó la preocupación por la crisis institucional en la Justicia provincial y se brindó apoyo formal a las actuaciones del Colegio de Abogados de Tucumán.
Por otro lado, la FACA resolvió "exhortar a los tres poderes del Estado de Tucumán" a "respetar la división y equilibrio entre los mismos y la necesaria independencia judicial en pos de la existencia real de un estado de derecho y vida democrática".
También se exhortó al Poder Judicial tucumano a determinar "el necesario apartamiento de los jueces involucrados en la crisis institucional", Pedicone y Leiva.
Además, se notificó de la decisión a la Corte, a la Legislatura y al Poder Ejecutivo de Tucumán.
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