Por Martín Dzienczarski
21 Octubre 2020
PROHIBIDA SU VENTA. La caja comercializada cuenta con número de lote.
La venta ilegal de leche distribuida por el Estado a través de distintos programas sociales tuvo repercusión en la Legislatura, pero no en la Justicia.
Fuentes de la Justicia provincial informaron que no ingresaron presentaciones formales para la apertura de una investigación en los tribunales tucumanos. En la Justicia federal la situación, por ahora, se repite.
Un equipo de LA GACETA había observado que a través de grupos de Facebook y de su plataforma de compraventa “market place“, distintos usuarios ofrecían cajas de leche en polvo marca Santa Clara, por un kilo, con el sello “Prohibida su venta”. Un cronista del diario acudió hasta uno de los domicilios de un usuario que ofrecía una caja por $ 300 y 10 o más por $ 250 cada una. Compró dos cajas, una con el número de lote “T 208 1B 07262309”. La segunda unidad, entregada sin la caja de cartón, tiene la leyenda “Ministerio de Salud de la Nación” en el empaque metalizado.
El Ministerio de Salud de la provincia, mediante el sistema de trazabilidad de los aproximadamente 100.000 kilos de leche que distribuye por mes a personas embarazadas, niñas y niños por el Plan Materno Infantil, descartó haber recibido o repartido cajas de leche del lote que adquirió este diario.
Proponen multas
El legislador Federico Masso (Libres del Sur), con el acompañamiento de sus pares Raúl Albarracín, Walter Berarducci y Raúl Pellegrini (Partido por la Justicia Social), presentó un proyecto de ley para establecer un procedimiento del Estado ante casos de venta ilegal de medicamentos o mercadería proporcionada por distintas áreas del estado para organizaciones civiles o personas vulneradas.
La iniciativa establece que se deberá instrumentar “un canal rápido de denuncias, de fácil acceso” por vía telefónica o por escrito. Prevé multas de entre $ 50.000 y $ 100.000 -o el equivalente al valor de 800 litros a 1.620 litros de nafta súper- para los casos en que se determine la venta ilegal de productos proporcionados por el Estado. El proyecto obliga a las reparticiones del Poder Ejecutivo a iniciar una investigación administrativa y de denunciar los hechos en el fuer judicial ante posibles delitos.
“Da bronca e impotencia ver con la impunidad que inescrupulosos venden un alimento tan importante como la leche, que miles de niñas y niños necesitan. La Policía, con sus departamentos de inteligencia, debe actuar y llevar las actuaciones a la Justicia”, remarcó Masso. Y agregó: “este proyecto de ley tiene como principal objetivo brindar celeridad tanto a la toma de denuncias como a la tramitación de las mismas. No debemos perder de vista la obligación que se establece a la autoridad de aplicación sobre la realización de la denuncia penal, independientemente de la tramitación del expediente administrativo, por la posible comisión de delitos tipificados en nuestro código penal”.
Comisión de Salud
Pedido de informes al Siprosa
Daniel Deiana, vicepresidente de la comisión Salud, adelantó que debatirán el pedido de informes que presentó su colega Ricardo Ascárate para dilucidar qué destino tenían las cajas de leche del Estado comercializadas en Facebook. “No he visto el pedido de informes del legislador, pero me parece que si la comisión de Salud debe intervenir, es conveniente hacerlo. Es importante que se requieran informes para conocer el destino y de dónde podrían haber salido estas cajas de leche en polvo. Es grave porque se trata de un producto que debe destinarse a personas embarazas, niñas y niños en una situación de vulneración de derechos”, consideró el legislador peronista.
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