Abandonadas por un Estado inoperante

La tragedia de Paola muestra cuán abandonados estamos por el Estado. Hay un delito -el acoso- que está tipificado en la ley contra la violencia contra la mujer pero al cual los funcionarios no le dan suficiente entidad. A tal punto que el acoso callejero fue incorporado a la ley contra la violencia (de 2009) 10 años después de su sanción. ¿Por qué? porque esta sociedad ha tenido invisibilizados el piropo, el bullying contra las mujeres y el acoso sexual, hasta hace muy poco. Hay un acosador -Mauricio Parada Parejas- cuyo hermano habría tenido, como empresario, influencia sobre el poder político y el judicial. Hay un juez -Francisco Pisa- que tiró abajo en 2016 por “falta de fundamentos” una denuncia de Paola contra el acosador, que había roto la prohibición de acercamiento. El hostigamiento es un delito de fácil probanza, y la jurisprudencia ya indica que basta con la denuncia para que se active el proceso. Pero Pisa criticó al fiscal Diego López Ávila por haber iniciado la causa “sólo con la denuncia”; desestimó por falta de “entidad y contundencia” al testigo Marcelo Rodríguez y clausuró todo. El juez podría haber enviado el caso a juicio oral, pero quedan bajo sospecha de la ciudadanía las razones del magistrado.

Hay un Estado que se declara conmocionado por el crecimiento de la violencia de género pero que se negó durante mucho tiempo a adherirse a la “Ley Micaela”, hasta que no pudo ocultar más sus reticencias. Hace ocho meses este Estado dice que capacita a sus agentes pero confiesa que la Policía -que es la que debe recibir las denuncias- no recibió cursos al respecto. Tampoco se sabe qué efectos ha tenido la capacitación en los estatales que la recibieron, porque fueron cursos sin evaluación. La abogada Vicky Disatnik dice que la Justicia no tiene perspectiva de género. El legislador José Canelada le acaba de pedir a la Corte Suprema que informe qué capacitación recibieron los vocales y los jueces al respecto.

Hay un Estado está lleno de oficinas de la Mujer y de teléfonos para denuncias. Pero no sabe qué pasa. Paola hizo todas las presentaciones que le exigía la burocracia e igual tenía al acosador atormentándola. Pero, pese a las 13 denuncias, consideraban -mirada seguramente sexista- que era un caso de “perro que ladra, no muerde”. Así se llegó a un punto de absoluta orfandad de la víctima, porque fiscales, jueces y policías, cada uno con sus excusas, le negaron protección. El perro ladraba hasta que mordió y mató.

Este Estado que ha abandonado a su sociedad -y sobre todo a las mujeres- requiere urgente control externo, con organismos ciudadanos capaces de sancionar a los funcionarios y a los organismos inoperantes antes de que se produzcan las tragedias.