Solicitan a Manzur que no deje ir a Pisa

La Carta Magna provincial establece en el inciso 17 del artículo 101 que corresponde al gobernador “velar sobre la observación de esta Constitución y cuidar que los empleados desempeñen bien sus funciones, sin perjuicio de la independencia de los poderes públicos”. En nombre de esta atribución, la ciudadana Romina Soledad Dip le solicitó al mandatario provincial, Juan Manzur, que “no acepte el pedido de renuncia condicionada efectuado por el juez de Instrucción Juan Francisco Pisa”.

Mediante una nota presentada ayer en la Casa de Gobierno, Dip, con el patrocinio letrado del abogado Gustavo Morales, fundamentó su solicitud “en razón de que la grave inconducta del magistrado generó responsabilidad al Estado argentino” por el femicidio de Paola Estefanía Tacacho, perpetrado la semana pasada por Emilio Parada Parejas. El femicida había acosado durante cinco años a la joven profesora de 31 años y, finalmente, la mató la semana pasada. Ella había presentado 13 denuncias en el fuero Penal y una en el fuero civil. Sólo una, que data de 2016, habría llegado a pedido de elevación a juicio, pero el juez Pisa habría decidido sobreseer en 2017 al acusado y archivar la causa.

Según Dip y Morales, Pisa habría incumplido con la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (conocida como Convención de Belem do Pará) y también con el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Esta norma establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

El tratado internacional, además, establece que cada Estado garantizará que las autoridades velarán por las personas que interpongan esos recursos.