Proponen una ley para evitar la dimisión de los enjuiciados

Fuerza Republicana quiere que, por ley, los funcionarios de la Casa de Gobierno y los magistrados sometidos a pedidos de juicio político, ante la Legislatura o ante el Jurado de Enjuiciamiento, no puedan renunciar a su cargo antes de que concluya el proceso. De esta manera, si son condenados y removidos, no podrán acogerse a los beneficios jubilatorios propios de los cargos que ocupaban.

La iniciativa es impulsada por los legisladores Nadima Pecci de Etienot y Pablo Gabriel Ternavasio. En sus fundamentos, sostienen que sobran los ejemplos de jueces que renuncian antes de someterse a procesos de destitución, tanto en la Nación como en la Provincia.

“Todo el tiempo aparecen escándalos que nos exponen a nivel nacional, poniendo cada vez más en crisis la credibilidad de nuestras instituciones, lo cual afecta tremendamente nuestra calidad democrática y la imprescindible relación de confianza entre los funcionarios, los políticos y los ciudadanos”, argumentaron los opositores.

El proyecto de ley especifica que no se permitirán las dimisiones de los funcionarios y magistrados contemplados en los artículos 45 y 125 de la Constitución provincial. El primero establece que es la Legislatura la que se ocupa del enjuiciamiento político dl gobernador y del vicegobernador; de los ministros del Poder Ejecutivo; del ministro fiscal y del ministro público de la defensa, del defensor del pueblo, de los miembros del Tribunal de Cuentas y de los vocales de la Corte Suprema. El segundo da cuenta del restro de los miembros del Poder Judicial, cuyos procesos de remoción están a cargo del Jurado de Enjuiciamiento.

“Sin dudas, venimos enfrentando una de las peores crisis institucionales en Tucumán”, manifiestan los bussistas en la propuesta ya formalizada ante el Poder Legislativo.

“Los reveses que viene sufriendo el Poder Judicial nos golpea a todos como ciudadanos, pues el acceso a la justicia independiente es un presupuesto básico de cualquier Estado de derecho”, subrayaron.

“No podemos permitir que quienes no cumplen con su deber, lejos de ser castigados, sean recompensados con abultadas jubilaciones de privilegio, burlándose así de todo el pueblo y de todas nuestras instituciones”, concluyeron Ternavasio y Pecci de Etienot.