Juzgar a los jueces, la propuesta de un oficialista

El vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, tiene listo su proyecto de reforma de la Ley de Control de Gestión y Evaluación Judicial. LA GACETA accedió al documento que modifica el primer artículo de esa norma con el fin de permitir que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) examine, en forma periódica, la idoneidad y el desempeño de los jueces tucumanos. “Es un tema que vamos a trabajar en comisión para lograr un apoyo amplio de la oposición. Queremos que el Poder Judicial entienda que este no es un mensaje de los políticos sino de la sociedad”, transmitió el legislador oficialista.

Si la regla modificatoria fuera aprobada, la mayoría de los jueces debería someterse a una evaluación de sus conocimientos y sus aptitudes físicas y psicológicas cada cinco años. En cambio, el lapso variaría a siete años para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y a tres para los magistrados que superan la edad jubilatoria. El sistema regiría a partir del 1 de enero de 2022. “El Poder Judicial goza de estándares laborales que parecen privilegios para el resto de la comunidad pero claramente no están en sintonía con el servicio de justicia que ella reclama -observó Vargas Aignasse-. Los jueces son servidores públicos, no semidioses, y lo que buscamos es que sus juzgados funcionen bien”.

El proyecto de ley establece que en caso de que un magistrado desapruebe un examen, el resultado debe elevarse a consideración de la Corte, la Legislatura y el Gobierno para su eventual remoción. Si el reprobado fuera un juez supremo, los encargados de analizarlo solo serían los últimos dos poderes.

Consultado acerca de si este mecanismo no resultaría incompatible con la independencia de la Justicia, el vicepresidente primero de la Cámara provincial rechazó el cuestionamiento y adujo: “no creo que pueda haber una violación del equilibrio de poderes porque la auditoría la haría el CAM con parámetros objetivos. Si ella resultara insatisfactoria, recién ahí habría un informe y un juicio político. Pero en todo caso, lo que a nosotros nos importa no es a favor de quién sale una sentencia, sino qué productividad tienen los jueces. La idea es que sientan presión como sentimos los políticos. Nosotros cada cuatro años vamos a las urnas”.

Medida preventiva

En los Fundamentos del proyecto, Vargas Aignasse advierte que el denominador común de casos como los de Ana Dominé y Paola Tacacho es el delincuente reincidente que está en libertad gracias a la llamada puerta giratoria o la desidia judicial. “¿Quiénes se hacen cargo de esos femicidios? No queremos que esto vuelva a pasar y por eso el espíritu del proyecto es exi gir acciones preventivas a través de la evaluación del desempeño profesional de los jueces”, le explicó el legislador a este diario.

Además, entre los argumentos de la norma propuesta se menciona que hay 60.000 causas irresueltas amontonadas en los juzgados de Tucumán. Vargas Aignasse se quejó de la “pereza judicial” y la “parsimonia exasperante”. “Todos los fueros tienen grandes demoras -lamentó- y les hacen sentir, a los ciudadanos que tienen la necesidad de resolver sus conflictos por vía judicial, que sus vidas, sus sufrimientos y sus padecimientos físicos, morales y muchas veces materiales no les interesan a nadie”.

En consecuencia, el dirigente peronista consideró que es necesario que el Estado tome medidas para impartir justicia sobre estos reclamos. En su opinión, la manera de hacerlo es lograr que el Poder Judicial responda a los mismos parámetros que el resto de la administración pública y rinda cuentas a la sociedad.Para obtener resultados creíbles en las evaluaciones de los jueces, el proyecto recurre a los preceptos del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que establece que las instituciones que garantizan la independencia de la Justicia no deben estar dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio sino a garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados sin arbitrariedad. Este compendio les exige a los jueces capacitación permanente para obtener un servicio de calidad en la administración judicial.

Así, si prosperara esta reforma de la Ley de Control Judicial, la función de tomar los exámenes recaería sobre una comisión de expertos que actuaría dentro del CAM y en base al código citado. La idea de Vargas Aignasse prevé que los evaluadores tengan en cuenta la actualización de conocimientos, la cantidad de causas ingresadas y resueltas, las quejas por denegación de justicia, las nulidades dispuestas por tribunales superiores y las encuestas de satisfacción completadas por los ciudadanos.