¿Víctima o culpable?

La decisión de Fernando Valladares de no declarar como testigo en el procedimiento de destitución del juez Enrique Pedicone y la del Jurado de Enjuiciamiento de aceptar esa ausencia impedirá conocer de primera mano o con inmediatez la posición de un funcionario judicial con un rol relevante en las tensiones institucionales que sacuden a la provincia desde el 1 de septiembre (se informa por separado). Según quién lo mire, Valladares proyecta dos visiones antinómicas: para algunos es una víctima de Pedicone mientras que para otros su actuación merece ser sancionada con una cesantía. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán aún no se expidió respecto de los pedidos de sumario administrativo que formularon en 2019 el Colegio de Abogados de la Capital, y la gremialista Alejandra Martínez Romero y el litigante Gustavo Morales, pero el funcionario considera que los cuestionamientos dirigidos a su conducta carecen de asidero y solicitó el archivo de las actuaciones. Valladares expresó que el lugar para discutir su accionar es la causa penal promovida por Pedicone contra el vocal Daniel Leiva, y que no está en condiciones físicas ni psíquicas para afrontar una pesquisa interna (este último argumento es el mismo que invocó ante el Jurado de Enjuiciamiento).

A diferencia de las autoridades del Colegio, de Martínez Romero y de Morales, la mayoría justicialista de la comisión de Juicio Político de la Legislatura consideró que hay motivos para tener por cierto que Pedicone coaccionó a Valladares, e incluyó el reproche entre los cargos que formuló contra el juez y que podrían derivar en su expulsión de los Tribunales. Esa objeción se funda en la circunstancia de que tres días después de que Pedicone denunciara en sede penal a Leiva y presentara como prueba un acta confeccionada de puño y letra por el secretario, este entregó un texto a la fiscala Mariana Rivadeneira en el que se desmintió a sí mismo y dijo que redactó lo que redactó por temor reverencial al juez. El vocal denunciado por su parte razonó que la retractación de Valladares probaba la falsedad de la acusación que sostiene que intentó presionar a Pedicone para que “manejara las intensidades” de una causa penal contra el legislador opositor Ricardo Bussi. Según Leiva, el acta es tan apócrifa como los audios que grabó Pedicone para incriminarlo.

El juez denunciante y al borde de la destitución negó haber forzado al secretario, y manifestó que, porque temía que este fuera amedrentado, grabó también las conversaciones donde aquel ratifica el acta y consiente su contenido. En uno de esos diálogos, la voz atribuida a Valladares sugiere que podría sufrir represalias por la designación de un hijo en la Caja Popular de Ahorros y promete avisar a Pedicone mediante el celular de otra hija si recibía algún “apriete”.