Estamos comenzando una nueva zafra, lo cual es en sí un hecho auspicioso, pero que no deja de generar recuerdos de conflictos y discusiones que nunca se cerraron, precisamente porque en la Provincia de Tucumán nunca se dio prioridad al tema de la sustentabilidad del negocio azucarero, principalmente relacionado con el equilibrio entre los pros de la actividad -todas las posibilidades que ofrece la producción de la caña de azúcar- y los contra, esto es, los residuos que deja el proceso de elaboración del azúcar, y efluentes como la vinaza.
Este tema seguramente ha sido obstáculo para situar a la actividad en el ámbito de industrias modernas no sospechosas de dañar el medio ambiente. Una gestión propia de un buen gobierno es promover el crecimiento de la economía y que esta se mueva dentro de las normas aceptadas, es decir, en armonía con la salud de las personas y el ambiente en el que se desarrollan.
Han pasado más de cien años desde que iniciara la producción de azúcar en la provincia, sin que hasta la fecha se haya tenido el acierto de enfrentar el problema y proponer alguna solución.
En el mundo, varios países productores de azúcar, como Nueva Zelanda, Australia y otros han vivido y superado este problema, con proyectos conjuntos con la actividad privada, que podrían servir de modelo para lograr el tan necesario equilibrio. Tal sería, por ejemplo, la producción de fertilizantes desde el tratamiento de la vinaza, productos estos de alto valor en los mercados.
Hablar de proyectos de este tipo suena como algo utópico o por lo menos extraño en los niveles políticos de decisión, donde la costumbre es comprometer los recursos del Estado solamente en la creación de gasto burocrático improductivo y en sueldos políticos sin control.
La actividad del Estado debe volver alguna vez a su cauce, poniendo la mirada en el crecimiento de industrias en nuestra provincia, haciendo de estas una fuente actualizada de progreso y creación de empleos calificados.
José Luis Díaz Robín