Como una espada de Damocles sobre el periodismo

Tanto la citación a declarar en calidad de imputada como la forma en que se llevó a cabo la medida en la Fiscalía Homicidios y Delitos Complejos del régimen Conclusional, que incluyó pintada de dedos y comparecimiento de la denunciada , configuran un inquietante agravio a la persona de la periodista y a la libertad de expresión en nuestra provincia. La fiscala consiente con sus medidas esta “estigmatización” -como señaló el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y parece seguir un “patrón de acoso judicial con la intención de evitar que el periodismo investigativo continúe con su labor” (agregó Fopea).

Esto, sin atender la evidente contradicción de que la funcionaria judicial que lleva a cabo estas medidas ha estado a cargo de investigar denuncias por corrupción y desde hace años se hicieron publicaciones críticas sobre ella, además de que ha sido sido cuestionada por su papel en las denuncias por acoso de Paola Tacacho, que reclamó ayuda de la justicia y terminó asesinada por su acosador en octubre de 2020. La fiscala se libró de un pedido de juicio político en esta causa, que fue difundida en las investigaciones que realizó la periodista en LA GACETA

Si esta situación confusa ameritaba por lo menos cuidado de la Justicia en el tratamiento del caso presente, las condiciones de la citación a la periodista ya son una muestra de una intencionalidad que excede lo judicial, además del tenor cuasi absurdo de que se la impute penalmente por una supuesta tardanza en entregar un libro de estilo contratado por los Colegios de Abogados con toda legalidad. El caso tiene toda una impronta política, toda vez que el denunciante es funcionario del Poder Ejecutivo Provincial que insiste con una acusación que ya había sido desestimada por la misma fiscala a comienzos de año, cuando señaló que “resulta claro que las conductas aludidas por el denunciante no configuran los delitos de atentado a la autoridad, administración fraudulenta y amenazas agravadas”, al tiempo que descartó que los hechos denunciados configurasen delitos y destacó “la necesidad de proteger estos valores de los ataques desmesurados e inverosímiles” contra la prensa.

Ayer el panorama fue absolutamente distinto. La causa fue sacada de archivo sin explicación, se actuó con el sistema plagado de secretismo del Código Procesal Penal anterior, se pintaron los dedos a una periodista, se la incluyó en un registro de antecedentes penales y no se le hicieron preguntas, más allá de que se le leyó la acusación. “Es la manifestación de la criminalización de mi trabajo como periodista”, describió. Esta periodista investigó, precisamente, causas de presunta corrupción que generaron escozor en el poder, que fueron mencionadas por el mismo acusador en su denuncia.

En octubre Adepa transmitió su preocupación por “un horizonte cargado de incertidumbre”, en materia de libertad de prensa, un informe que denunció que en los últimos meses se multiplicaron graves declaraciones de funcionarios públicos, como el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien vaticinó un “levantamiento del pueblo” contra los medios, seguido por aplausos del presidente de la Nación... en un acto público”.

“Uno de los factores que inciden en este deterioro del nivel de libertad de prensa es el incremento del acoso judicial a periodistas. El caso de Daniel Santoro se convirtió en un paradigma de la persecución de ciertos sectores del Poder Judicial contra el periodismo de investigación”, expresó el informe de Adepa, que describió que la insistencia en causas judiciales “actúa como una espada de Damocles que vuelve a colocarse sobre la cabeza de quienes se atrevan a investigar la corrupción”. Ahora se suma esta singular presión en contra de la periodista de LA GACETA, lo cual cierne negros nubarrones sobre la libre expresión en nuestra provincia.