El bono para los jubilados

Durante los últimos días del año, el Gobierno nacional implementó el pago de un bono de fin de año de $ 8.000 para los jubilados que perciban la mínim. Esa medida fue publicada el viernes 17 de diciembre en el Boletín Oficial mediante el Decreto 855/2021. La Administración Nación de la Seguridad Social (Anses) hará el pago. La disposición dice que el subsidio extraordinario no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto. Por otra parte, el subsidio extraordinario no alcanza a los regímenes de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Policiales o del Servicio Penitenciario provinciales.

El anuncio del pago del bono era muy esperado por los jubilados, que ven claramente cómo sus ingresos se fueron deteriorando de la mano de la inflación y de otros factores relacionados con decisiones del Gobierno, el mismo que anuncia ahora esta ayuda extraordinaria como una respuesta a la preocupación de la administración nacional hacia sus adultos mayores.

Sin embargo, según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el Gobierno prometió en las elecciones de 2019 aumentar un 20% a los jubilados, que se financiaría con los intereses que el Banco Central les paga a los bancos comerciales por las Leliqs (Letras de Liquidez, un instrumento financiero del Tesoro). Pero lo cierto es que, desde el inicio del mandato, el gasto previsional cayó a precios de hoy en $ 286.000 millones y el gasto en intereses de Leliqs y pases aumentó $ 2 billones.

“Detrás de ambos fenómenos, se encuentra la inflación. Por un lado, obliga al Gobierno a retirar pesos a través de emisión de Leliqs para atenuar el aumento de la emisión monetaria. Por otro lado, asegura la licuación de los haberes de los jubilados. El crecimiento del gasto previsional ha venido siendo por largo rato el principal factor de desequilibrio en las cuentas públicas, con lo cual el mecanismo espurio de licuar gasto previsional con inflación resulta atractivo para la clase política”, explica Idesa. El estudio especifica que la postura hacia los jubilados que adoptan los gobiernos nacionales trasciende los límites partidarios: entre 2003 y 2008, era el Gobierno quien decidía discrecionalmente los aumentos en los haberes. Típicamente la jubilación mínima seguía la inflación y el resto perdía poder adquisitivo. Esto llevó a juicios millonarios que aún hoy en día se están pagando. A raíz de esto, en 2008 se sanciona una regla de movilidad que buscaba dar previsibilidad a los aumentos cumpliendo con su cometido básico: cubrir a los jubilados de la inflación. Esta fórmula contemplaba actualización según salarios y recaudación. Tras ello, en 2017 siguió otra fórmula que combinaba precios y salarios. Desde la sanción de esta regla de movilidad hasta 2019 los jubilados vieron caer su poder adquisitivo, por el rezago con el que operaba la fórmula en un contexto de inflación creciente. “En 2020, cuando la inflación se frenaba y correspondía recuperar el valor perdido, el nuevo gobierno suspendió la fórmula, para volver a un esquema de aumentos discrecionales. Esto se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando se volvió a la fórmula de 2008”, añade Idesa.

Sería sano para las finanzas, para la seguridad jurídica, para evitar juicios y, en especial, para darles una mejor calidad de vida a los jubilados, que lse ordene el sistema previsional en serio, encaucen el gasto público y distribuya el ingreso de una manera más sana y equitativa, sin parches o bonos extraordinarios que sólo se convierten en paliativos que no solucionan el problema de raíz ni de los pasivos ni del elevado gasto público.