Inquietud en el Gobierno por las usurpaciones

El Gobierno transita una semana de tensiones. Y no sólo por la cuestión política, sino también por situaciones socioeconómicas. Desde el fin de semana, varias áreas del Poder Ejecutivo vienen analizando las acciones que se tomarán con el fin de evitar la usurpación de terrenos en distintos puntos de la provincia. La gota que rebasó el vaso ha sido la movida que se observó el lunes pasado en la zona de Manantial Sur, donde un grupo de ciudadanos se instaló con la intención de ocupar algunos lotes y viviendas de la zona.

El Poder Ejecutivo abrió entonces una ronda de conversaciones con ese grupo de ciudadanos, con el fin de disuadirlos para que depongan cualquier tipo de actitud que violente la propiedad ajena. Ante eventuales desbordes, efectivos de distintas unidades policiales fueron convocados a ese lugar para actuar en caso de que no se cumplan las disposiciones legales vigentes. Esto se complementó con el probable uso del helicóptero oficial de la provincia que estaba a disposición del Ministerio de Seguridad en caso de ser necesario. “Hay que resguardar la propiedad privada. Nadie debe ocupar algo que no es suyo”, fue la instrucción que el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, le dio a varios de los ministros que participaron del operativo. Jaldo dejó en claro que esa orden no sólo es para el caso de Manantial Sur, sino también para cualquier lugar de la provincia que registre posibles usurpaciones. 

La tarea preventiva y de aceleración de obras en ese barrio corren por cuenta de los ministros Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Fabián Soria (Obras Públicas), respectivamente. El primero ha puesto a disposición una dotación del escuadrón de Infantería ante cualquier posibilidad de usurpación, además de una guardia 24 x 7 en el predio. Esos uniformados cuentan con el apoyo logístico de la Dirección de Aeronáutica en caso de necesitar el helicóptero. El segundo, a su vez, ha trabajado en conjunto con la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Stella Maris Córdoba, con el fin de terminar las casi 1.000 viviendas de Manantial Sur que fueron vandalizadas.

Soria ha convocado a las empresas constructoras para que firmen los respectivos convenios con el objetivo de que las zonas adjudicadas a cada una de esas firmas reanuden los trabajos y, dentro de las posibilidades de cada una, concluyan las unidades habitacionales en un plazo no mayor a cuatro meses. La idea es que el gobernador interino firme los acuerdos definitivos con los constructores entre el miércoles y el viernes de la semana que viene. Otra instrucción que el mandatario le dio a Obras Públicas y al Instituto de la Vivienda: los sorteos de las casas deben ser públicos, a través de la Caja Popular.

La redeterminación de precios es una constante en materia pública, por efecto de la inflación. Las empresas solicitan que los costos de los materiales se adecuen a la realidad inflacionaria del país y varias de ellas, según trascendió, había optado por dejar de participar en la finalización de las obras habitacionales. Sin embargo, posteriormente se plegaron al programa por una razón: en los próximos proyectos de trabajos públicos tendrán prioridad aquellas constructoras que hayan manifestado su voluntad de participar en las convocatorias del Estado, según pudo establecer LA GACETA.  Así, ninguna de las compañías ha dado un paso al costado.