Por Federico Türpe
14 Mayo 2022
Suele decirse que si el Poder Judicial no funciona tampoco lo hacen los otros dos, el Ejecutivo y el Legislativo.
No ocurre lo mismo con el Gobierno y con la Cámara, que pueden fallar sin que esto necesariamente afecte a los otros dos pilares del sistema republicano.
A esto se debe que cuando la Justicia no es independiente y está subordinada al poder político o al económico, la que gobierna en realidad es la injusticia.
En Tucumán los resortes republicanos han estado oxidados demasiadas veces, sobre todo durante los 19 años de José Alperovich y el de sus sucesores Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, donde la suma del poder público muchas veces se concentró en el sillón de Lucas Córdoba, y se relegó a las otras dos instituciones a oficiar de “escribanías”.
Hasta aquí nada que no sea público y manifiesto, e incluso reconocido por los propios actores de la forma más palmaria: haciendo alarde de sus súperpoderes.
Sin embargo, el próximo 26 de mayo se producirá un hecho inesperado en la Provincia. Aunque no significa que el Estado empiece a recuperarse de su purulencia, sí se enciende una pequeña luz de optimismo en los oscuros pasillos de Tribunales.
Ese día comenzará el juicio oral contra el legislador y dos veces intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga (PJ).
Será la primera vez en la historia reciente de Tucumán que un funcionario de ese rango comparecerá ante la Justicia acusado por corrupción.
Hubo algunas investigaciones menores de corrupción durante esta autocracia que lleva dos décadas, pero siempre fueron contra administrativos estatales sin peso específico, o “perejiles” como le llaman en política, que pusieron el cuerpo, queriendo o no, por sus superiores.
Uno fue el caso de Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), el primer funcionario alperovichista investigado por supuestos hechos de corrupción, quien en abril de 2018 fue sentado en el banquillo de los acusados frente a un tribunal. Luego del juicio oral resultó absuelto.
Otro caso es el del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que se develó a partir de una investigación del programa “Panorama Tucumano”, por la que le valió al ciclo de LA GACETA un premio nacional de periodismo.
En esta causa se imputó a empleados del IPV por presunto enriquecimiento ilícito en la adjudicación de viviendas. A Néstor Miguel Jiménez Augier, ex titular del instituto; José Lucas Barrionuevo, también ex funcionario del IPV; a sus sobrinos Sebastián y Martín Nieva; y al inspector de obras Jorge Horacio Tapia.
Luego de cinco años de investigación este caso continúa sin resolución.
La causa tafinista
Según la acusación, Yapura Astorga, durante su primera intendencia (2011-2015) habría incrementado su patrimonio en unos 200.000 dólares, sin que pudiera justificar este ingreso.
Junto al legislador están imputados su pareja, Nerina Julieta Mustafá; el hijo de ambos, Jorge Yapura Astorga (h); la actual presidenta del Concejo Deliberante, Sonia Saavedra (PJ) y otras cuatro personas más.
Además del enriquecimiento injustificado, se los acusa de que la intendencia de Tafí del Valle compraba mercadería en forma directa, sin cotejo de precios y a valores muy superiores a los del mercado, al supermercado “Flopy III”, propiedad de su pareja.
Según la denuncia de 2015, presentada en forma conjunta por el ex concejal Daniel Eduardo Arnedo y por Sebastián Luna, titular del partido Valles Calchaquíes, y luego ampliada durante la investigación, se constataron compras por al menos un millón de pesos entre 2011 y 2014, lo que equivalía a 200.000 dólares, tomando un promedio de cotización de $5, siendo que el dólar costaba $4 en 2011 y $6 en 2014.
La denuncia incorpora varias otras irregularidades que no se habrían explicado, como que el supermercado de Mustafá no estaba en condiciones legales de ser proveedor del Estado, porque esa firma era deudora del fisco, o que hubo inconsistencias a la hora de probar el destino de la mercadería supuestamente adquirida por ese municipio.
Transcurrieron siete años para que esta causa fuera elevada a juicio oral porque en el medio hubo una serie de dilaciones burocráticas y técnicas, marchas y contramarchas, lo que en la jerga judicial se conoce como “chicanas legales”.
Fueron muchas y sería tedioso para el lector citarlas a todas ya que, se sabe, no hay género literario más aburrido en el mundo que un escrito judicial.
Las “chicanas”
Entre las dilaciones judiciales, quizás sean dos las más trascendentes, y que se amparan en las debilidades del sistema republicano que mencionábamos al comienzo, y a los privilegios de los que pretenden gozar una clase política y judicial acostumbradas a usar al Estado como un bien personal.
La primera de ellas fueron los fueros. Esa extraña inmunidad que poseen funcionarios y parlamentarios para evitar los enjuiciamientos.
Este privilegio está consignado en la Constitución Nacional, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, en algunos Estados norteamericanos y en varios países europeos, excepto en las naciones escandinavas y en Gran Bretaña, donde rige el sistema Westminster.
En este mecanismo, a diferencia del fuero, los parlamentarios británicos no tienen inmunidad de enjuiciamiento penal, en base a un principio clave de su Constitución, que establece “que todos son iguales ante la ley”.
Yapura Astorga lleva siete años apelando a este recurso. Lo cierto es que ya fue desaforado por el primer juez de la causa, Mario Velázquez.
El magistrado solicitó al Concejo Deliberante el desafuero del ex intendente y como este cuerpo nunca respondió a la requisitoria quedó desaforado de forma tácita, como establece la ley.
Yapura Astorga argumenta que como fue nuevamente electo intendente en 2015 recuperó sus fueros, al igual que cuando fue elegido legislador en 2019.
Este pataleo tuvo distintas instancias judiciales, hasta que la Corte Suprema de la Provincia le dijo que no, dos veces, la última en agosto de 2020.
Palabras más, palabras menos, la ley dice que una vez que un funcionario ha perdido sus fueros para que lo juzguen por un supuesto delito los ha perdido para siempre, en esa sola causa y sus posibles derivados.
Y es lógico, no puede una investigación interrumpirse cada vez que un imputado gana una elección y entrar y salir de un expediente gracias al voto popular.
“Disculpe su señoría -diría un acusado a punto de ser condenado- debo retirarme de esta sala porque me acaban de elegir legislador”.
También el fiscal de Cámara Conclusional Daniel Marranzino defendió los fueros de Yapura Astorga. Resulta llamativo que un funcionario que debe investigar coincida con los argumentos de un imputado para no ser investigado. Además contradijo un dictamen anterior del propio Ministerio Fiscal.
La Corte dio por terminada esta discusión.
El juicio político
La segunda chicana de relevancia -y hasta ahora la última conocida- a la que recurrió Yapura Astorga para evitar ser juzgado fue presentar ante la comisión de Juicio Político de la Cámara un pedido de remoción contra los vocales de la Sala Conclusional III del Centro Judicial de Capital, Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli, y Luis Morales Lezica.
Son los jueces con los que se verá la cara a partir del 26 de mayo, pero esta vez sentado en el banco de los acusados, junto a su pareja y a otros seis acusados.
Esto ocurrió en marzo. Sonó claramente como una acción desesperada apelando al corporativismo político y a los privilegios de la casta, como afirma un histriónico candidato a presidente.
Si no puedo voltear la causa, volteo a los jueces. Esto en política muchas veces se lo considerado vulgarmente como “apriete”.
Pero el legislador cometió al menos dos errores en este acto, uno técnico y pueril, y el otro que dejaremos en puntos suspensivos.
El primero, porque para solicitar el juicio político argumentó que los jueces ignoraron sus fueros y pasaron por encima de este privilegio.
Si ya en varias instancias judiciales, incluso la Corte, le habían dicho que no le asistía la razón y que ya estaba desaforado para esta causa, no se entiende este razonamiento, salvo que haya confiado en que sus pares iban a responder de forma corporativa en contra del Poder Judicial.
El segundo error, en este caso político, fue haberse “mandado solo”, como suele decirse.
El pedido de juicio político contra los jueces no surgió de un consenso dentro de la comisión de enjuiciamiento y esto en política no se perdona.
“Creemos que el cuestionamiento que realiza el legislador no debe ser efectuado dentro de la Comisión de Juicio Político, y dentro del marco de la división de poderes, la misma debe ser efectuada en el Poder Judicial y por ello rechazamos el planteo de Yapura Astorga”, respondió a fines de marzo el presidente de esa Comisión, Raúl Ferrazano, al justificar la denegación.
Queda saber si la Legislatura suspenderá a Yapura Astorga mientras sea juzgado, como se hizo con Emiliano Vargas Aignasse (a quien le aceptaron un pedido de “licencia’’) cuando enfrentaba una causa judicial por haber huido de la Policía santiagueña con 30 gramos de marihuana.
En ese momento, la decisión del apartamiento de Vargas Aignasse la tomó personalmente Osvaldo Jaldo.
¿Qué harán ahora ante acusaciones mucho más graves?
Enriquecimiento ilícito y coautor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; fraude en perjuicio de la administración pública; malversación de caudales públicos; y asociación ilícita. Esas son las acusaciones.
En 12 días el legislador deberá responder por estos seis delitos detallados en 35 cuerpos (7.000 fojas), en un juicio oral y público.
Más allá del veredicto que dicte el Tribunal integrado por Fradejas, Romagnoli y Morales Lezica, ya sea que condenen o absuelvan a Yapura Astorga y asociados, no es exagerado afirmar que los tucumanos asistiremos a un hecho “inédito” e “histórico”.
No será el fin de esta descarada y obscena impunidad, que llevó a la provincia a los últimos escalones nacionales, pero asoma como un buen comienzo y un respiro republicano.
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