La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I del Ministerio Público Fiscal (MPF), al mando de Diego López Ávila, realizó una audiencia de reformulación de cargos contra Miguel Antonio “La Gata” Lizárraga y otros siete miembros de la banda delictiva, que también la integran su hermano “Tuta” y su hijo.
Por delegaciones del titular, la auxiliar de fiscal, Paula Bellomio, aclaró: “atentos a que estamos próximos a realizar el requerimiento de apertura a juicio, es necesario que los imputados conozcan los hechos que se les endilgan en virtud de que se han producido numerosas evidencias en donde se iban agregando sucesos”. La calificación legal provisoria es por los delitos de asociación ilícita, robo simple, robo calificado por efracción, resistencia a la autoridad y encubrimiento.
Posteriormente y en orden cronológico, la investigadora relató los 20 hechos atribuidos. A su vez, mencionó que por esta causa, declarada compleja, ya fueron condenados tres integrantes (Edgardo Bournonville, Cristian Suárez y Vicente Zenón Leguizamón). “Los elementos, tanto subjetivos como objetivos, de la figura (asociación ilícita) determinan que son miembros o integrantes de una banda destinada a cometer hechos delictivos”, sostuvo Bellomio.
Qué dice la acusación
- Desde agosto de 2020 y hasta fines de junio de 2021, dentro del territorio de la provincia de Tucumán, Miguel Antonio Lizárraga (alias Gata); Néstor Fabián Lizárraga (alias Tuta); Juan de Dios López; Luis Ricardo Carreras; Mauricio Ezequiel Lencina; Cristian Nicolás Caro (alias Bichi); Marcos Gastón Caro (alias Batore o Tore); Francisco Emanuel Caro (alias Bicunga) y Walter Alexander Caro (alias kuky) y otros sujetos aún no identificados, previo acuerdo de voluntades, división de tareas y de roles asignados a cada uno, desempeñándose “Gata” como jefe y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada, principalmente, a cometer asaltos contra la propiedad, ingresando a inmuebles tanto comerciales como a viviendas que se hallaban temporalmente sin moradores, violentando los ingresos a dichos lugares, apoderándose de joyas, dinero en grandes cantidades, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, entre otros, provocando con ello un grave perjuicio patrimonial a las víctimas.
- Como medio para lograr esa finalidad, se valían de distintas actividades ilícitas o maniobras, así los integrantes de la asociación procuraban en forma constante y continua obtener automóviles tendientes a ser utilizados como medio de movilidad en esos hechos delictivos, siendo que los rodados generalmente se encontraban registrados a nombre de personas con residencia en otras provincias, como ser Córdoba o Buenos Aires, otros eran adquiridos mediante boletos de compra-venta o mediante una transacción informal (sin documentación o sin efectuar la correspondiente transferencia), o eran registrados como titulares familiares o allegados de los integrantes, o sino utilizaban rodados cuyas patentes habían sido adulteradas y no se correspondían a su dominio (rodados con patentes truchas), todo ello con el afán de dificultar que los miembros de la organización pudieran ser descubiertos. Asimismo, luego de que los rodados adquiridos habían sido utilizados en algún hecho ilícito cometido por los integrantes de la asociación, los miembros de la misma tenían como parte de su plan criminal, deshacerse de los rodados, ya sea vendiendo los mismos a otras personas ajenas a la asociación, devolviéndolos de la concesionaria donde habían sido obtenidos o modificando sus características exteriores para evitar que pudieran ser hallados (como ser cambiar el color del polarizado, el color del vehículo, etc).
- Otro de los objetivos delictivos de esta asociación era la utilización de armas de fuego para lograr los desapoderamientos mencionados. Además, dentro de sus planes criminales también se hallaba el ofrecimiento de dádivas a personal policial en procura de obtener beneficios para poder cometer sus objetivos ilícitos sin que sean perseguidos o investigados por ciertos empleados policiales o para obtener beneficios dentro de su lugar de alojamiento cuando se hallaban privados de su libertad. Los integrantes de la asociación también perseguían el propósito de actuar con total indiferencia a la autoridad policial, haciendo caso omiso a las órdenes impartidas por los efectivos policiales e incluso atentando contra ellos.
En razón de que tanto “Gata”, su hijo, Lencina y Carreras residen en la provincia de Córdoba, otro de los acuerdos de la organización consistía en el traslado de los nombrados desde la referida provincia hasta la nuestra a los efectos de la comisión de los hechos ilícitos planeados. En este sentido, debido a que la mayoría de los traslados realizados por los mencionados ocurrieron en época de restricciones a nivel nacional debido a la pandemia por Covid-19, los integrantes de la asociación adulteraban los permisos de circulación registrándose como trabajadores esenciales para lograr el ingreso a Tucumán. Una vez en territorio provincial rentaban alquileres provisorios para poder de esta forma permanecer temporalmente y lograr su objetivo ilícito, para luego ocultarse en dichos departamentos y finalmente regresar a la provincia de Córdoba. En otras ocasiones los apodados Bichi, Batore, Bicunga, Kuki y Tuta brindaban a los restantes integrantes de la asociación tanto alojamiento como vías de escape luego de la comisión de sus objetivos delictivos (aportando los referidos Caro sus moradas para que se ocultaran y refugiaran luego de los hechos ilícitos cometidos). Con todo ello, los integrantes de la asociación causaron con su accionar un perjuicio al orden público.