16 Agosto 2022
Los abogados de Rudy Giuliani, el abogado del ex presidente Donald Trump que fue quien ayudó a presentar impugnaciones a los resultados de las elecciones de 2020, han sido informados de que su representado es objeto de una investigación penal.
Deberá responder por los intentos del entonces mandatario y de sus aliados para anular las elecciones, informó el diario “The New York Times”.
Giuliani, que fue alcalde de Nueva York y luego asesor legal personal de Trump, cuando este último era presidente, tenía previsto comparecer ayer, ante un gran jurado especial que investiga el caso, después de que un juez le ordenó cumplir con una citación.
Su abogado, Robert Costello, dijo a “The New York Times” que los fiscales de la oficina del fiscal del condado de Fulton, en Georgia, que supervisa la investigación, le informaron que Giuliani es un objetivo.
Costello también dijo que los fiscales están “delirando” si esperan que Giuliani hable sobre sus conversaciones con Trump, una indicación de que Giuliani podría hacer valer el privilegio abogado-cliente y negarse a responder a preguntas sobre sus diálogos privados con el ex presidente.
Giuliani ya compareció ante los legisladores de Georgia en diciembre de 2020, cuando se hizo eco de falsas teorías conspirativas sobre lo que llamó “el robo de votos” e instó a las autoridades estatales a que no certificaran la victoria del demócrata Joe Biden.
La investigación penal del condado de Fulton, una de las varias sobre el intento de Trump de invalidar las elecciones de 2020, salpica a múltiples miembros del círculo íntimo de asesores de Trump. El ex presidente afirmó de forma falsa que ganó en Georgia, un estado disputado que fue clave para la victoria de Biden.
En una llamada telefónica grabada en enero de 2021, Trump instó al principal funcionario electoral a que “encuentre” suficientes votos para alterar el resultado.
También ayer, un juez federal dictaminó que el senador Lindsey Graham, estrecho aliado de Trump, debe declarar ante el gran jurado sobre las llamadas telefónicas que hizo al mismo funcionario, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. En un comunicado, Graham dijo que apelará la decisión. (Reuters)
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