Régimen electoral: “Bien podrían haber hecho el fallo en la sede del PJ”

La oposición recepcionó de modo negativo el fallo judicial que da vía libre al Gobierno de Tucumán para que adelante las elecciones de 2023 a junio -o incluso antes-.

Aunque no se expresaron sorprendidos, referentes de Juntos por el Cambio (JxC) criticaron que la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se apoyara en el fallo de 2018 para declarar abstracta la causa iniciada por el Partido Justicialista. Consideraron que la resolución que firmaron los magistrados María Florencia Casas y de Juan Ricardo Acosta atenta contra el sistema electoral y cercena el principio de igualdad de los partidos dado que el Poder Ejecutivo podrá decidir arbitrariamente cuándo se votará. De todos modos, sostuvieron que apelarán la determinación judicial y que agotarán todas las instancias para llevar el caso a los tribunales nacionales.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Tucumán, el diputado Roberto Sánchez, remarcó que la gestión que encabeza Osvaldo Jaldo pretende tomar distancia de la imagen negativa del gobierno de Alberto Fernández. “El fallo era previsible para una Justicia que antepone el poder político por sobre la Constitución. Se consolida la estrategia del oficialismo para despegar su suerte del monumental fracaso de la Nación”, dijo a LA GACETA.

Álvaro Contreras, el apoderado del Partido por la Justicia Social (PJS) que lidera Germán Alfaro, consideró lesiva y apresurada la actuación de la Justicia. “Parece una sentencia escrita en Casa de Gobierno”, cuestionó. Dijo que el fallo de 2018 no debió ser tomado como jurisprudencia, dado que no se agotaron las instancias judiciales. Además, adelantó que interpondrán un recurso de casación y que agotarán las instancias hasta llegar a los tribunales federales.

Demanda del propio PJ

El PJ interpuso en junio un recurso de amparo, a través del consejero y presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri, para que se declaren inconstitucionales el inciso 6° del artículo 43 y el artículo 100 de la Constitución (reformada en 2006). Ambas normas determinan que los comicios de renovación de las autoridades provinciales deben realizarse 60 días antes de la caducidad de los mandatos. Como estos expiran el 29 de octubre, la elección debe darse el último domingo de agosto.

La sala que ya concedió un recurso que permitió adelantar la elección provincial en 2019 sentenció que los artículos de la Carta Magna que obligan a votar en agosto no están vigentes, gracias al fallo de diciembre de 2018 que declaró la “inconstitucionalidad y nulidad absoluta del artículo 43, inciso 6°”. Además, en un fallo aclaratorio de la sentencia anterior, también fulminó en febrero de 2019 el artículo 100 por ser inconstitucional.

Precedente riesgoso

El ex magistrado Enrique Pedicone, que intervino como tercero en la causa junto al PJS y al PRO, consideró “una vergüenza y un circo total” lo que sucede en Tucumán. “La Justicia es una dependencia del Poder Ejecutivo y del peronismo; bien podrían haber hecho el fallo en la sede partidaria”, criticó. En ese sentido, dijo que todos los actores involucrados son peronistas y definió como “compañeros” a Juri, Jaldo, Juan Manzur (jefe de Gabinete), Federico Nazur (Fiscal de Estado) y a los jueces Acosta y Casas. “Kafka decía que cuando la mentira es muy grande la hipocresía pierde calidad”, ironizó.

El titular del PRO, Ramiro Beti, reprochó que la Justicia no haya tomado la posibilidad de analizar el caso. “Es un precedente riesgoso, porque le otorga al Ejecutivo la posibilidad de llamar a elecciones en cualquier momento. Y al ciudadano le parece una manipulación más del sistema electoral de Tucumán. Al festival de acoples ahora le suman que no sabe cuándo lo llamarán a votar”, criticó. A la vez, subrayó que la Provincia intenta alejarse de un Gobierno nacional que “se desmorona”.

En un sentido similar se expresaron los radicales alfaristas Raúl Albarracín y José “Lucho” Argañaraz, quienes fueron rechazados por los magistrados para intervenir en la causa como “amicus curiae”. El legislador opinó que se continúa deteriorando institucionalmente a la Provincia y que “la Justicia ha sido complaciente del Ejecutivo” con su fallo. “Son todas acciones que van en detrimento de la calidad institucional”, dijo.

El concejal capitalino, en tanto, manifestó que la sentencia era previsible porque -afirmó- Tucumán no tiene una Justicia independiente. En ese sentido, recordó lo ocurrido con Pedicone y Daniel Leiva. “Al denunciante lo corren y al denunciado lo premian con la presidencia de la Corte Suprema”, dijo. Y añadió: “vamos a atacar el fallo; es una farsa. El propio Gobierno está de los lados del mostrador”.

“No hay garantías”

El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (UCR), remarcó que la Constitución que se reformó en la gestión de José Alperovich suma una nueva impugnación y es una de las más cuestionadas en la Justicia y, posiblemente, en el país. Consideró que se tendrá que rever. En cuanto a lo político, dijo que la oposición fue aprendiendo sobre este tipo de situaciones con el peronismo en el poder. “Estamos preparados para ir a una votación el próximo fin de semana”, desafió.

El referente de CREO, Sebastián Murga, cuestionó la arbitrariedad que le otorga el fallo al Ejecutivo de convocar a las elecciones cuando le quede mejor. “No hay garantías para los partidos que quieran participar. Nada garantiza que las elecciones serán el 11 de junio. Es un desprecio más por la Constitución, un acto de deslealtad hacia ella”, dijo y afirmó que el espacio que encabeza la diputada Paula Omodeo no se quedará de brazos cruzados.