El Gobierno desafina en los silencios

El año que viene podría haber dos elecciones provinciales en Tucumán. Cabe recalcar el verbo en potencial: “podría”. Seguramente no las habrá, pero si alguna mente afiebrada quisiera, no habría ningún impedimento. El 11 de junio se podría elegir al gobernador y al vicegobernador, a los 19 intendentes, los 49 legisladores, los 93 delegados comunales y los 184 concejales que deberán estar en funciones el 29 de octubre para el período 2023-2027. Y el domingo siguiente, el 18, se podría realizar la votación de esos mismos 347 cargos electivos para el mandato 2023-2027. Es improbable, pero perfectamente posible. Y perfectamente legal.

¿La razón? Los fallos que en 2018 (sentencia 1.028, del 28 de diciembre), 2019 (sentencia aclaratoria 47, del 21 de febrero) y de este año (sentencia 737 del 22 de agosto), en todos los casos dictados por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, terminaron dejando sin el menor plazo electoral a la Constitución de Tucumán. Ya no queda en ella ni el menor de los parámetros. La Constitución de 1907, que establecía la elección indirecta del gobernador a partir de un colegio electoral, mandaba en el artículo 91 que “la elección de electores tendrá lugar cuatro meses antes del día en que termine el período legal” de las autoridades en ejercicio. La Constitución de 1949 (se dicta para ajustarse a la Carta Magna nacional que alumbra la reforma del primer gobierno de Juan Domingo Perón) fijaba en su artículo 36, inciso 7°: “Las elecciones ordinarias para la renovación de poderes se efectuarán simultáneamente con las elecciones nacionales”. La Constitución de 1990, en su artículo 84, pautaba: “La elección tendrá lugar cuatro meses antes del día en que termine el período legal”. La de 2006 establecía, en sus artículos 100 y 43 inciso 6°, que la cita con las urnas era dos meses antes de la asunción de las nuevas autoridades: como deben jurar e 29 de octubre, había que ir a votar a fines de agosto. Hasta ahora…

En 2018, el Partido Frente Renovador Auténtico planteó que luego de dictada la Constitución de 2006, el Congreso de la Nación dictó en 2009 la Ley 26.571 que crea las PASO y determina que su fecha de celebración será el segundo domingo de agosto. Entonces, con dos comicios por afrontar uno tan cerca del otro, quedaban conculcados derechos políticos. La Justicia les dio la razón. Es decir, en democracia, muchas elecciones, hacen mal.

Entonces, el fallo 1.028, en diciembre de 2018, dejó fuera de combate el artículo 43, inciso 6°, de la Carta Magna provincial; y la sentencia aclaratoria 47 hizo lo propio con el artículo 100, en febrero de 2019. Ahora bien, desde entonces, subsistieron dos versiones diferentes de la sentencia 1.028 en sendas plataformas oficiales de la Justicia. En la Dirección de Jurisprudencia (el registro de la Corte) había un documento que declaraba “inconstitucional” y “para este caso” el plazo constitucional. Es decir, sólo para 2019. Y luego tenía otra vez plena vigencia. Pero en el Sistema de Administración de Expedientes (el expediente digital) figuraba otro documento, que declararaba la “nulidad absoluta” del plazo constitucional. Y por ende lo eliminaba por completo del derecho positivo provincial.

Menuda paradoja la de esta tierra: las sentencias “truchas” son ciertamente más razonables que las verdaderas…

La Sala I, mediante el fallo del mes pasado, dijo justamente que ya desde 2018-2019 no hay ningún plazo constitucional vigente. En un punto, era la salida más elegante encontrada para uno de los hechos más insólitos (para calificarlo de manera urbana) al que se enfrentaron los tribunales tucumanos: el PJ, con Juan Manzur como presidente y Osvaldo Jaldo como vice, había presentado un amparo contra los plazos constitucionales. ¿A quién demandaban? Al Gobierno de la provincia, que tiene a Manzur por gobernador y a Jaldo como vice. ¿Cuál era el conflicto de intereses? Y sobre todo, ¿quién le estaba conculcando derechos a quién?

Los primeros en advertir semejante contradicción (para seguir ajustados las normas del trato social) fueron los abogados de la Fiscalía de Estado. ¿Qué le iban a contestar Manzur y Jaldo a Manzur y a Jaldo? Optaron por plantear que “no había caso” porque en realidad no había quicio. Y entonces argumentaron que ya estaban fulminados los plazos electorales de la Constitución desde hacía cuatro años. Y la Justicia resolvió admitir el argumento y declarar abstracto el amparo con el partido del Gobierno pedían que se tutelaran sus derechos frente al Gobierno del partido…

Todo este desaguisado de dejar a una provincia completa sin el menor parámetro temporal dentro de su Constitución, en el contexto de una presentación que podría sintetizarse casi con título de novela (“PJ vs. PJ”), es el preclaro emergente de un oficialismo desconcertado.

La materia del desconcierto

“No me gusta tocar de oído”, recuerda el lector Ramón Véliz que le decía el egregio folclorista Rolando “Chivo” Valladares. “Es que si toco de oído, desafino en los silencios”, le aseveraba, irónicamente.

De esta materia, difícil de definir pero fácil de entender, está hecha la coyuntura oficialista. Potenciada todavía más desde hace dos jueves, cuando ocurrió el atentado contra la Vicepresidenta de la Nación. Desde entonces, muchas especulaciones políticas y escenarios elucubrados han quedado caducos. Y el PJ gobernante se muestra cada vez más errático desde entonces.

Agosto terminó con una exploración. ¿Cuánto era “lo antes posible” que podían convocarse los comicios provinciales de 2023? La pregunta buscaba una respuesta retórica: cuáles eran los límites “materiales” para estructurar un cronograma en la Junta Electoral Provincial que pudiera anticipar la votación lo “más aquí” posible en el tiempo.

El gobernador Jaldo le había dicho a LA GACETA que la intención era repetir el plazo de 2019: votar en junio. Pero parecía, incluso, demasiado lejos: la inflación galopante, la interna fratricida, la falta de dólares, tornaban temible el panorama del año electoral.

“Mayo”, fue una primera propuesta. Ya era todo un anticipo, pero el cronograma arrancaría en noviembre. “¿Y abril?”, fue la contrapropuesta. Calendario electoral a partir del mes que viene, fue la respuesta.

¿Por qué el apuro? No sólo por los infartados índices macroeconómicos y por el síncope social: también tallaba ahí la proyección nacional de Manzur en una fórmula nacional. Ese “pronóstico” se estructuraba con una fórmula polinómica: por un lado, el apoyo de muchos gobernadores, el aval de buena parte del sindicalismo y un triunfo electoral en la provincia. Por el otro, el desdibujado papel de Alberto Fernández como Presidente de la Nación. La complicada situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”. La gestión sin demasiado lustre de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación, que hacían presumir en el exitismo de la inmediatez, que al tigrense “no le iba a salir” su jugada de redentor del Gobierno. En ese escenario, Manzur era, prácticamente, un indiscutido para la fórmula.

¿Qué tiene que ver eso con anticipar los comicios para abril? En 2019, Cristina anunció que integraría un binomio con Alberto el 18 de mayo. Manzur jugaba sus fichas al triunfo temprano y, entonces, quedaba oportunamente posicionado para la discusión de la fórmula nacional.

Pero el atentado reposicionó a Cristina, hasta el punto de darle absoluta centralidad en la escena nacional, y una incuestionable entronización dentro del oficialismo. Y Massa empezó a concretar su plan de devaluación selectivo con resultados notables: preveía que el “dólar soja”, con su cotización oficial diferenciada de $ 200, le reportará 5.000 millones de dólares hasta fin de año. En ocho días ya lleva 3.200 millones de dólares.

La fórmula polinómica, entonces, no ha sido desechada. Pero tampoco se descarta que deba recalcularse. En definitiva, ¿Cristina es candidata al binomio o a ser la “gran electora” del oficialismo? ¿Va a ser condenada en la causa “Vialidad”, o no? Massa, la semana pasada, derrumbó el “dólar blue”… por 24 horas. ¿Le va a salir o no?

Las seguridades de agosto devienen incertezas en septiembre. Esta es la primavera del desconcierto. Hace dos domingos, justamente, Manzur fue anfitrión de todos los vicegobernadores del NOA en su residencia en Yerba Buena, incluidos Jaldo y Sergio Mansilla (esposas incluidas). El jefe de Gabinete, durante el almuerzo criollo, se limitó a exponer las complicaciones y complejidades del escenario político nacional. Los invitados hicieron la digestión más preocupados que esclarecidos acerca del mensaje.

Y entonces la Casa de Gobierno confirmó esta semana que las elecciones se celebrarán en junio. Pese a todos los modelos de cronograma para mayo y para abril que se ensayaron en la Junta Electoral Provincial.

Claro está, las aspiraciones nacionales de Manzur no están ni remotamente en retirada. Pero con las elecciones en abril quedaba claro que ya no estaba mirando a Tucumán como un baluarte por mantener bajo la éjida manzurista. ¿Y ahora?

Ahora, el oficialismo tucumano toca de oído, cuanto menos durante estas horas. Y sus silencios (desde los que instala en la Constitución borrando los plazos electorales hasta los que siembra en la dirigencia por falta de respuestas claras) es tan desafinado…