Pasaron 20 años de la tragedia del Totoral y el dolor persiste

En “La Perla del Sur” el 15 de septiembre de 2002 es recordado como una de las jornadas más tristes de lo que va de este siglo. Ese día 47 vecinos de esa ciudad, en su mayoría domiciliados en el barrio Alvear, perecieron al desbarrancarse un colectivo en el que regresaban de una visita a la Virgen del Valle en la Cuesta del Totoral (Catamarca). En total fueron 49 los fallecidos, entre los que se encontraban los dos choferes de la empresa de ómnibus Oyola de Alberdi.

El transporte había sido contratado por jubilados de la zona y aunque tenía capacidad para 48 personas, llevaba 73. Sobrevivieron 24, muchas de las cuales quedaron hasta ahora con secuelas físicas. Se trató de uno de los accidentes más graves en la historia vial de nuestro país. Sin embargo quedó casi impune y ni los sobrevivientes ni los parientes de las víctimas mortales fueron resarcidos por los daños que sufrieron.

“El tiempo aplacó un poco la angustia y el dolor de las pérdidas. Es una herida que no termina de cerrar. Es que en mi caso mi familia quedó casi diezmada. Perdí a mi hijo Cristian Villagra (19 años), a mi nieto Facundo (2), a mi nuera Valeria (24) y a mi suegra Josefa (86)”, contó doña Alcira Nieva. La mujer también iba en el colectivo y sobrevivió con otros dos hijos: Marcos y Fabio ya que todos salieron despedidos de la unidad cuando se desbarrancaba. “Lo que viví es como una pesadilla que llega a mis recuerdos con frecuencia. Los gritos de la desesperación, cuando el ómnibus aceleraba descontrolado puedo escucharlos aún. La caída al vacío y de repente el árbol que me sujetaba. El dolor de las heridas y la incertidumbre de no saber de mis parientes. Después, en el hospital, me enteraría de los que nos dejaron”, recordó muy apesadumbrada la mujer.

Desamparo

Sobrevivir a la tragedia le significó a doña Alcira enfrentar otra terrible adversidad: del desamparo. “Quedamos abandonados por el Estado. Ninguna ayuda. La solidaridad de la gente, de los vecinos, nos ayudó a salir adelante a duras penas. Uno de mis hijos casi pierde la pierna y gracias a un enfermero que lo curó durante un largo tiempo sin cobrarle nada, aún la tiene. Yo caí en depresión y cerré mi quiosco. Viví en la oscuridad total hasta que mis amigas me ayudaron a reabrir el negocio y seguir adelante”, contó. Alcira dijo que deambuló años por abogados y tribunales en procura de lograr un resarcimiento del Estado que ayude a la familia a superar el trance económico que enfrentaba, a causa de que sus hijos no podían trabajar por los daños físicos sufridos. “Me cansé, como las otras personas, de andar buscando Justicia. La abogada que tenía nuestra causa, de Aguilares, desapareció de un día para el otro diciendo que se jubilaba. No teníamos respuesta de nadie. Y terminé resignándome”, apuntó.

Rosa Adriana Carrizo no logra contener aún las lágrimas cada vez que repasa la desgracia que sacudió a su familia. Ella perdió a su hija Ruth Zurita (8 años), a su padre José Carrizo y a sus suegros Manuel Zurita y Sofía. “Ese domingo a la noche comencé a presentir algo. Eran las 22 y el colectivo no regresaba. De repente alguien llegó a avisarme de lo que había pasado. El shock fue muy fuerte. Quedé paralizada, sin reacción. Con el paso de los días fui tomando conciencia de las pérdidas, principalmente de la de mi hija” recordó. El organizador del viaje había sido su suegro Manuel. “Siempre salían de viaje y llevaban a Ruth. Jamás imaginé que esas salidas terminarían así”, apuntó. Rosa y su entonces cónyuge Sergio Zurita entraron en depresión. “Se hizo difícil la convivencia. Trataba de que el dolor de la partida de nuestra hija sea más liviano fortaleciendo nuestra relación, pero nada. Al final nos separamos. El rehizo su vida con otra compañera y yo también. Pero mi última pareja murió con covid” contó la mujer. “Nadie del gobierno o de alguna asistencia pública nos ayudó a superar los momentos difíciles que soportamos. De todos modos nadie podía recuperar lo que perdimos. Por eso renuncié a todas las demandas que se habían iniciado y quedaron en la nada en tribunales”, apuntó Rosa.

Proceso legal

En la causa penal que se tramitó en los tribunales de Concepción por el accidente, fueron imputados el propietario del colectivo siniestrado Raúl Oyola y los suboficiales Manuel Garzón y Héctor Luján, que cumplían funciones en el puesto fronterizo de Huacra. Todos recibieron condenas de cumplimiento condicional. El primero por “cohecho”, al haber pagado sobornos a los uniformados para poder seguir rumbo a Catamarca. Los dos policías fueron condenados por “falta a los deberes de funcionario público”. Además de recibir dos años de prisión condicional, fueron separados de sus funciones. La demanda civil contra el Estado, en tanto, era tramitada en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del Centro Judicial de la Capital. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la que dispuso su intervención. “Desde que la abogada a cargo de la causa nos abandonó, desconocemos la situación de la demanda. Además nos cansamos de tantas idas y vueltas”, sostuvo Armando Villafañe, hijo de una de las fallecidas en la tragedia. Mientras tanto, todos debieron aprender a convivir con el dolor. Un sentimiento que los acompañará de por vida.