La pobreza tucumana, más allá de las estadísticas

La pobreza sigue siendo elevada. En el último lustro, la inflación se ha convertido en una verdadera fábrica de pobres que ha llevado, por ejemplo, a que ese flagelo socioeconómico afecte a un 42,7% de la población urbana del Gran Tucumán Tafí Viejo. Por lo menos a la mitad de ese porcentaje de habitantes (unas 188.000 personas al cierre del año pasado) le llevará años salir no sólo de la pobreza, sino de la indigencia. De acuerdo con los datos oficiales, un 20% de la sociedad metropolitana vive cerca de un basural y ni siquiera puede llegar a reunir la mitad de los ingresos que se requieren, mensualmente, para no ser considerados pobres (388.160 casos y 72.000 de ellos en situación de indigencia).

Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las cuales el Gran Tucumán tiene tasas de pobreza y de indigencia más elevadas que el resto de los distritos de la región y de gran parte de la Argentina? La primera respuesta está dada por la elevada concentración poblacional. En el área metropolitana provincial residen unas 906.000 personas, una cifra que llega a duplicar la cantidad de población de varios aglomerados del NOA. Esa es la explicación lógica. Pero también hay otro componente que se ha convertido prácticamente en un problema estructural: la informalidad laboral. Los mismos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reflejan que cerca del 46% del total de asalariados del distrito están en negro (suman 131.000 trabajadores). El Indec difundirá hoy el dato de pobreza y de indigencia del primer semestre. Hasta entonces, en Tucumán, una Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo rozaba los $ 92.300, cerca de $ 35.000 de lo que valía un año atrás. En ese escenario, un empleado en negro ganaba la mitad de aquel ingreso promedio, lo que no sólo lo condenaba a la pobreza, sino que lo sumía en la indigencia. Sería un milagro que el organismo estadístico informe hoy que la tasa de pobreza se ubique por debajo del 40%, tomando en cuenta que la inflación interanual rozó el 70%.

Al cierre del año pasado, la brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 36,9% en la Argentina. El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $ 46.712, mientras la CBT promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $ 74.059. ¿Cabe la posibilidad que el indicador registre un descenso si se analiza el nivel de aumentos que ha registrado el rubro alimentos y bebidas a lo largo de los primeros cinco meses de este año? Lo peor del escenario argentino es que la medición del primer semestre no tomará en cuenta el ajuste que debió promover el Gobierno nacional para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, indudablemente, tendrá un alto impacto económico y social. La corrección de los precios relativos de la economía le pone presión al gasto de la familia con mayor incremento en los próximos meses en el rubro servicios. Una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños en edad escolar) ya comienza a sentir el ajuste fiscal en sus administración hogareña con el nuevo esquema tarifario en donde la luz (quita de subsidios en tres tramos de 20%) que pagaba $ 4.500 en este mes, al finalizar marzo de 2023 terminaría pagando $ 7.776. Lo mismo ocurriría con el gas (aumentos en tres tramos, 20%, 24% y 26%) con lo el valor pasa de $ 3.500 en septiembre a $ 5.468 en marzo próximo, de acuerdo con los cálculos de la consultora Focus Market.

El problema se agudiza, según la consultora, si esa familia no cuenta con vivienda propia. Puso como ejemplo que un alquiler de un departamento en marzo de 2020 podía llegar a costar unos $ 40.000 (tres ambientes) y, ajustado por el nuevo índice, pasó a pagar $ 60.000 en marzo del año pasado y en igual mes de 2023 puede llegar a abonar cerca de $ 114.000.

El Gobierno nacional, frente a este agudo cuadro socioeconómico, no hizo más que redistribuir el asistencialismo para evitar que la situación se profundice, mucho más durante el año electoral. El proyecto de Presupuesto Nacional 2023 muestra, para el caso tucumano, que el 78% de las erogaciones previstas para el distrito tienen como destino el pago de jubilaciones, pensiones y planes sociales. La administración local, a su vez, tendrá que darse mañana para generar empleos que, al menos, sirvan para salir del último escalón de la pirámide social a cientos de familias tucumanas.

Hace unos meses, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) realizó un ejercicio para calcular cuánto dinero necesita el Estado para erradicar la pobreza. La conclusión a la que arribó es que, con $ 140.000 millones, el Gobierno en todos sus niveles, puede pensar en lograr esa meta, pero el problema es otro: recrear la cultura de trabajo y eliminar la idea, en miles de familia, que sólo con el beneficio estatal y sin el esfuerzo propio se puede sobrevivir. Esa creencia ya ha cumplido más de 30 años, porque desde la última crisis profunda de hiperinflación. La lógica de los programas de “transferencias condicionadas de ingresos” -que son muy aplicados en el resto del mundo-es dar una señal contundente a las familias sobre la importancia de la educación y el cuidado de la salud de los niños. Si un hogar no los cumple hay una situación grave que amerita una acción más vigorosa del Estado, planteó Idesa.

El esfuerzo para erradicar la pobreza no sólo debe ser monetario, sino también cultural para que gran parte de los beneficiarios de asistencias estatales entiendan que el trabajo dignifica y que el esfuerzo personal y familiar tiene sus réditos.