02 Noviembre 2022
ESTACIONAMIENTO PAGO. El sistema implementado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán permanece suspendido por una cautelar. Foto de Archivo LA GACETA
Se cumplieron dos meses de la cautelar dictada por la Justicia provincial que suspendió el funcionamiento del servicio de estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán. Y si bien las partes del proceso -en especial, el municipio y la UTE Tecno Agro Vial SA- esperan por la sentencia de fondo, lo cierto es que no hay plazos estimados para la definición de esta causa.
Se registraron sin embargo algunas novedades en este proceso, originado a partir de al menos cuatro demandas y unificado en el expediente 430/22, denominado "Defensor del Pueblo de Tucumán c/ Municipalidad de Sa Miguel de Tucumán y Otro s/ amparo colectivo".
El 21 de octubre, la jueza María Felicitas Masaguer, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Sala II), dio por recibido el dictamen de la fiscala de Cámara Civil, Juana Inés Hael, a través del cual la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) notificó al tribunal que, en línea con lo dispuesto por el Código Procesal Constitucional de Tucumán (Art. 78), "actuará en el presente proceso en defensa del interés público".
Además, con anterioridad, se unificaron los expedientes que se habían iniciado por las distintas demandas interpuestas ante el fuero contencioso.
¿Cuáles son las etapas que se vienen? Fuentes con acceso al expediente indicaron a LA GACETA que una posibilidad es pasar a la incorporación de pruebas. Sin embargo, advirtieron que muchos de esos documentos ya han sido adjuntados en presentaciones anteriores.
Por lo tanto, también existe la chance de que se declare "de puro derecho" el trámite y se avance directamente hacia la parte resolutiva de la causa.
Por supuesto, esto reduciría los tiempos para la definición de la cuestión de fondo, es decir, la legalidad o ilegalidad del contrato entre el municipio y la firma adjudicataria del servicio de estacionamiento medido en la capital.
Estacionamiento pago: voces de las partes en disputa
Mientras tanto, ya se cumplieron más de dos meses del dictado de la cautelar, que fue firmada el 20 de septiembre por la jueza Masaguer. Desde entonces, el sistema permanece suspendido, y la empresa está impedida de facturar a los usuarios que dejen sus vehículos en el cuadrante comprendido por avenida Avellaneda-Sáenz Peña, avenida Roca, Próspero Mena-Lucas Córdoba e Italia.
El amparo colectivo reúne a su vez cuatro demandas: la que promovió la Defensoría del Pueblo, a cargo del ex legislador jaldista Eduardo Cobos; la que planteó la Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus), que encabeza José García; y las impulsadas por Alejandro Sangenis y por "Gallo, Fiana Mariel" y otros.
En diálogo con LA GACETA, el representante legal de la unión transitoria de empresas (UTE) Tecno Agro Vial, Facundo Lavieri, explicó que, según consta en los registros digitales del Poder Judicial, no se aprecian "muchas novedades" en este proceso, en especial a partir de la unificación de todas las causas en el expediente 430/22.
"Estamos esperando los tiempos de la Justicia; siempre dijimos que íbamos a aceptar las decisiones, independientemente de que estemos de acuerdo o no", detalló el portavoz de la firma.
ESTACIONAMIENTO PAGO EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. La Justicia ordenó la suspensión del sistema.
El abogado de Fodecus, Diego Hernán Piedrabuena, destacó por su parte la vigencia de la cautelar que suspende el servicio. Y remarcó que, a su criterio, está claro que se trata de un contrato "ilegal".
"El municipio asegura que esta situación representaba un perjuicio para el avance de la ciudad. Pero puedo dar muchos motivos para explicar que esto no es así. Ante todo, está claro que nadie observa perjuicio alguno porque se haya detenido el estacionamiento medido. Es que no redundaba en arreglos de calles, ni en seguridad para los vehículos. Tampoco ordenaba el tránsito ni había más lugares para estacionar. Nada de eso pasó", analizó el letrado.
E insistió en que, en definitiva, "los usuarios estaban recibiendo lo mismo que antes, sólo que se les había pasado a cobrar; y ello no representa un beneficio".
Al margen de las diferentes posturas expresadas por las partes, se trata de uno de los expedientes de alto impacto institucional que se tramitan en los tribunales provinciales; en especial, debido a las tensiones originadas entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Casa de Gobierno.
Estacionamiento pago: tres fechas clave del conflicto
18 de julio: comienza a regir el sistema de estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
17 de agosto: la Defensoría del Pueblo de Tucumán plantea una acción de amparo. En paralelo, se interponen otras tres demandas, entre ellas, la impulsada por Fodecus
20 de septiembre: la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dicta una medida cautelar que suspende el funcionamiento del servicio del estacionamiento pago
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