11 Diciembre 2022
Una joven que afronta una acusación con la que podría recibir la pena más severa que establecen nuestras leyes y por la que estuvo prófuga casi 18 meses, esperará ser enjuiciada en su casa. La Justicia le otorgó el arresto domiciliario porque ninguna de las celdas de las comisarías ni la cárcel de mujeres está preparada para albergar a una acusada que esté embarazada, como es su caso.
Jimena Fernández, pareja de Miguel “Miguelón” Figueroa, un hombre que está sospechado de ser narcotraficante y tiene pedido de captura por tres homicidios, fue acusada de haber participado en el asesinato de Ramiro Ledesma (18).
El joven había sido citado por una chica de 19 años para un encuentro amoroso que se concretaría el sábado 13 de marzo. A la hora señalada, un automóvil se detuvo frente a él. El vehículo era conducido por “Miguelón”. A su lado, estaba un joven, y en el asiento trasero, la muchacha. Ella se bajó, señaló a la víctima y el hombre que iba en el asiento de acompañante, hizo lo mismo con una pistola en la mano. Disparó 10 veces; seis proyectiles impactaron en el cuerpo de Ledesma, que murió al día siguiente.
Fernández, señalada como entregadora, fue detenida en agosto pasado después de haber permanecido prófuga durante más de un año. En una audiencia se la acusó de homicidio agravado, por lo que podría ser condenada a perpetua si un tribunal la encuentra culpable. En el marco de ese debate, el defensor de la imputada Aníbal Paz realizó el primero de los sietes pedidos para que se le otorgara el arresto domiciliario.
En cada una de esas oportunidades, el auxiliar Lucas Maggio, con instrucciones del fiscal Ignacio López Bustos, rechazó el pedido, argumentando que Fernández había evadido el accionar de la Justicia durante más de un año y que “Miguelón”, su supuesta pareja también se encuentra prófugo. La jueza Juana Juárez, en la última audiencia, decidió no morigerarle la prisión preventiva, pero dio un plazo para que se concretara su traslado a la cárcel de mujeres.
Vencido los plazos, Paz volvió a insistir con su planteo, pero en esta oportunidad, realizó un cambio estratégico. Pidió que al debate se incorporara una defensora de menores para que represente los derechos del niño por nacer. “Lo único que solicitamos era que se cumplan las normas básica. Nuestro planteo se basaba si para una persona condena se tiene en cuenta su embarazo, mucho más para una persona que todavía no fue enjuiciada”, explicó el defensor en una entrevista con LA GACETA.
Paz añadió que la defensora de Menores se adhirió a su planteo. “Solicitó la inmediata morigeración de la prisión preventiva por que estaban violando los numerosos derechos que tiene un niño por nacer. Estos se veían vulnerados, ya que su madre se encontraba presa en un lugar no apto para el debido crecimiento y cuidado del menor”, sostuvo.
El defensor también elogió la postura del Ministerio Público Fiscal. “Con el grado de objetividad que merece el caso, consintió y solicitó el arresto domiciliario”, expresó.
La jueza Ana María Iácono terminó aceptando la intervención de la defensora de Menores y el juez Rafael Macoritto le morigeró la medida cautelar. “Entendemos que fue medida justa, ya que por un lado la Justicia tiene el deber de investigar y cautelar el proceso, pero por el otro, no puede desconocer debe desconocer la tercera persona perjudicada que no tiene absolutamente nada que ver en el proceso como es este niño por nacer”, finalizó Paz.
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