05 Mayo 2023
En la Argentina no sólo escasea el dólar; también la confianza. Reconstruirla es un proceso demasiado duro y costoso. No se hace de un día para el otro. Puede llevar años. Las estadísticas necesitan de esa confianza para ser creíbles. El país viene de un período signado por la falta de datos confiables por aquella intervención al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner (2006 a 2015). Era el tiempo de los asteriscos, donde hasta los organismos multilaterales ponían a la Argentina en un estadio diferente al de los países de la región, con una llamada que advertía sobre la falta de exactitud de datos como el de inflación.
Este miércoles, la conducción del organismo a cargo del economista Marco Lavagna dio un paso en falso al tratar de reformular el calendario de difusión de sus informes para no atentar contra la veda electoral, según se justificó oficialmente. Lo llamativo es que ese esquema se elabora con un año de anticipación, precisamente para no estar viciado por la coyuntura política. Lavagna pidió disculpas públicas y volvió sobre sus pasos: no habrá cambios y se esgrimió un error no forzado. “Consideramos que es una buena práctica no dar información estadística en medio de la veda pero, dada la controversia ocasionada, las cuatro fechas se mantendrán en su esquema establecido originalmente”, argumentó el titular del Indec.
La decisión había sorprendido a las autoridades de la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia y, específicamente, de la Dirección de Estadística. Ni siquiera el gobernador Juan Manzur estaba al tanto de tal decisión nacional. El dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril se dará a conocer el viernes 12, dos días antes de la convocatoria a las urnas en Salta, en San Juan, en Tierra del Fuego, en La Pampa y en Tucumán. Y no será aplazado para el lunes siguiente a la votación.
¿Quién sugirió el aplazamiento de la difusión del IPC? Hasta ahora, ese interrogante no tiene una respuesta certera. En la sociedad argentina está internalizado que la inflación continuará siendo alta, más allá de que haya o no elecciones. Las consultoras privadas esperan que el dato de abril refleje un reajuste de entre u7% y un 8% intermensual, un porcentaje que representa a lo que Brasil, Paraguay o Bolivia pueden cosechar como inflación anual. Los gobernadores saben que no tienen herramientas disponibles para combatir el fenómeno inflacionario. En el Ministerio de Economía de la Nación parece que tampoco saben cómo atacar a un indicador que este año puede cerrar más arriba que en los anteriores, en torno de un 130%, si se mantiene a este ritmo mensual.
Lo peor que le puede suceder a esta gestión que está llegando a su fin es que rompa el termómetro socioeconómico que tanto ha costado reconstruir. La manipulación estadística le ha significado al país una condena internacional a pagar cerca de U$S 1.500 millones a los tenedores de bonos atados a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) que, en 2006, había mostrado una llamativa desaceleración para no pasar el tope establecido en un acuerdo y que, al hacerlo, significaba mayores dividendos para los poseedores del bono.
Todo indica que, más allá de que el Gobierno se resista a mostrar los datos, el futuro económico está signado. La contracción del PBI convivirá con una inestable inflación que se consolida en escalones cada vez mayores, alimentada por una fuerte inercia, creciente indexación y acortamiento en los plazos de los contratos, plantea Ecolatina. Esto se suma a a la incertidumbre propia de la transición electoral y la falta de anclas: nuevas subas en tarifas de servicios públicos, un crawling peg que no podrá ralentizarse y paritarias que ejercerán presión en el año electoral. A eso se le agrega también el impacto de las restricciones a las importaciones, precios más sensibles a los movimientos de la brecha, expectativas de devaluación ejerciendo presión y el impacto del “dólar agro” sobre ciertos alimentos, con un programa “Precios Justos” con escasa influencia. La pobreza seguirá creciendo, tal vez por encima del 40%. Ese es el otro dato al que le teme la gestión del presidente Alberto Fernández.
Si no vuelve a modificarse el calendario, la incidencia de la Pobreza y la Indigencia del primer semestre de este año debería darse a conocer el 27 de septiembre próximo, casi un mes antes que las elecciones presidenciales. La política no puede escaparle a las estadísticas y estas, a su vez, no pueden ser tapadas por la mano de la dirigencia. Salta a la vista cuando la población va al supermercado, a la carnicería o a la verdulería. Los precios siguen subiendo y no son tan justos para el poder adquisitivo de una sociedad más empobrecida.
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