La tragedia del domingo pasado en El Manantial, donde una mujer murió baleada durante una trifulca por el robo de una planta de marihuana, dejó al descubierto el fenómeno del creciente interés por las flores de las plantas de cannabis, tanto en el caso de cultivos con fines terapéuticos como en el del negocio de los narcotraficantes, que ha causado esta tremenda explosión de violencia.
El caso había sido caratulado como una pelea intravecinal en un primer momento, pero en la audiencia llevada a cabo se mencionó que todo se habría iniciado porque un allegado a la víctima habría sustraído una planta de marihuana de la casa de otro residente de la cuadra días antes. El domingo, cinco jóvenes a bordo de dos motos se presentaron en una vivienda a buscar al yerno de la dueña de la casa. En medio de la trifulca, del interior de la vivienda salió una mujer para intentar frenar a los atacantes. Uno de ellos efectuó un disparo que la hirió mortalmente. El ataque ocurrió en pleno mediodía y en presencia de niños, trágica dimensión destacada por uno de los abogados en la audiencia.
Se supo entones que se trata del tercer ataque mortal ocurrido en dos años a causa de las flores de cannabis. Fuentes de la Policía explicaron que la marihuana dejó de ser una droga “accesoria” en comparación con la cocaína para convertirse en un negocio. En el caso de las flores, se da en un contexto de cultivo que casi no requiere intermediarios y que les genera menos riesgos al no tener que comprarlas al por mayor ni trasladarlas largas distancias. Desde que entró en vigencia la ley de Narcomenudeo, se secuestraron 76 kilos de marihuana y de eso más del 50% fueron flores. El jefe de la Digedrop dijo que hay un problema porque la norma establece que una persona registrada para cultivar cannabis puede trasladar hasta 40 gramos de flores de marihuana. “Este es un argumento que utilizan muchos para llevar y vender la sustancia domicilio. ¿Cómo hacemos para luchar contra este delito?”, se preguntó.
Ahí entra el problema para quienes cultivan con autorización, pues están en riesgo de ataques de narcos y por otra parte no reciben atención adecuada de la policía. Dos casos mencionados en nuestras crónicas dan cuenta de que los agentes no quisieron recibirles las denuncias de robo, los amenazaron con aplicarles la ley de narcomenudeo y tampoco quisieron devolverles el material secuestrado. Precisamente en la primera semana de vigencia de la ley de narcomenudeo, hace ocho meses, se planteó un problema con el allanamiento a una persona que estaba autorizada para el cultivo medicinal.
Aunque se dijo que se iba a capacitar al personal policial y judicial en el marco de la nueva ley, es evidente que hay una situación compleja que está creciendo –que ha generado muertes- y que requiere un abordaje multidisciplinario. Como se ve en la misma confesión de impotencia del jefe de la Digedrop, la realidad se está desbordando sin que haya, hasta ahora, un análisis que permita hacerle frente con criterio amplio.