MARÍA SOLEDAD MORALES. Catamarca, 1991. MARÍA SOLEDAD MORALES. Catamarca, 1991.

La imagen, como si fuera la saga de una novela de horror, se repite cíclicamente. Son capítulos de un mismo libro, aunque parezcan historias lejanas. La geografía es distinta, el ámbito no es el mismo, hay diferencia de años entre uno y otro, pero todo parece guionado por un escritor que se especializa en lo macabro. Tres casos, tres crímenes, tres víctimas, muchos acusados. Las historias tienen aristas en común, pero hay un vértice en el que se apoyan y es el hilo conductor: la intrínseca relación entre poder e impunidad. Hay otro elemento que sirve de parangón: los feudos que sirven como escenario al drama.

Corría 1990 y Catamarca era gobernada con mano de hierro por Ramón Saadi, un caudillo peronista que estuvo ocho años en el poder. El 8 de septiembre encontraron, a la vera de la 38 en la zona de Parque Daza, a siete kilómetros de la capital, el cuerpo de una joven. La habían desfigurado: le habían arrancado el cuero cabelludo, presentaba quemaduras de cigarrillos, tenía la mandíbula fracturada, le habían cortado las orejas y le faltaba un ojo. Un horror. Su padre la pudo reconocer por una cicatriz en la muñeca derecha. Era María Soledad Morales, tenía 17 años, cursaba el secundario y tenía un montón de sueños por delante. Había sido drogada y salvajemente violada. Desde el primer momento se perpetraron maniobras para proteger a los asesinos. La escena del crimen fue modificada. El entonces jefe de Policía, Miguel Ángel Ferreyra, ordenó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue, y que lo lavaran cuidadosamente antes de la autopsia. Allí se perdieron pruebas clave. Todo apuntaba a la participación de personajes potentes. Y si no hubiera sido por las manifestaciones populares que encabezaron los padres de la joven, Elías Morales y Ada Rizzardo, y la monja Martha Pelloni, seguramente el caso habría quedado impune. La Justicia, luego de años de escándalos, con un juicio suspendido por la evidente complicidad de los jueces incluido, terminó condenando a Guillermo Luque, hijo del poderoso diputado Ángel Luque, y a Luis Tula, el novio de la adolescente, a 21 y 18 años de prisión. Pero nunca se avanzó en la causa contra Arnoldito Saadi (primo del gobernador) Pablo y Diego Jalil (sobrinos del Intendente de la ciudad), y Miguel Ferreyra (hijo del jefe de Policía) quienes, según la investigación, estuvieron en la fiesta en la que se consumó el crimen. El escándalo político fue tan grande que obligó al entonces presidente Carlos Menem a intervenir la provincia. Así, el Justicialismo perdió la hegemonía desde 1991 hasta 2011, cuando ganó Lucía Corpacci. Pero la impunidad del poder se había cortado cuando el pueblo dijo basta con sus marchas multitudinarias.

El 26 de febrero de 2006, Paulina Alejandra Lebbos fue a bailar con sus amigas a un bar de la zona de El Abasto. Cuando salió se subió a un remise, dejó a una amiga en la casa y desapareció. A bordo de ese auto fue la última vez que la vieron con vida. El cuerpo apareció días después, el 11 de marzo, a la vera de la ruta 341, en Tapia. Las similitudes con el caso de María Soledad fueron sorprendentes. El cuerpo también estaba irreconocible, producto tanto de los asesinos como de los animales predadores. Había sido violada y, como la joven catamarqueña, drogada. Hubo patéticas maniobras para desnaturalizar la escena del lugar en el que encontraron el cuerpo. Días después, la versión de que allegados al poder habían estado vinculados con el ataque comenzó a circular con fuerza. Al igual que la omnipresencia de Saadi en Catamarca, José Alperovich estuvo 12 años en el poder tucumano, desde 2003 a 2011. Fue Alberto Lebbos, el padre de Paulina, quien desde el primer momento se puso al frente del reclamo de justicia. La lucha fue larga y desigual. Luego de que se separara al fiscal original Alejandro Noguera por haber concurrido a una reunión privada con Alperovich sin informar a sus superiores, tomó el caso Carlos Albaca, quien hizo dormir la causa durante años, sin buscar ningún avance. Pero la insistencia de Lebbos fue mayor y logró que apartaran a Albaca, y que el caso llegue a manos del fiscal Diego López Ávila, quien le dio el impulso que se necesitaba. Así, hoy, están condenados los ex policías Enrique García y Manuel Yapura, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, ex jefe y subjefe de Policía y Rubén Brito, además del ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella y el ex fiscal Albaca, todos por encubrimiento. Y hace pocos días se decidió que se juzgaría a César Soto, como autor del crimen, y a Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, ex jefe de Policía, mano derecha y asesor de Alperovich, también como posible encubridor. Pasaron 17 años y las preguntas ¿quién mató a Paulina y por qué? siguen sin respuesta. La cadena de encubrimiento al más alto nivel fue descomunal. Otra vez el poder y la impunidad estrecharon lazos.

El 1 de julio desapareció en Chaco Cecilia Strzyzowski. ¿Su pecado? Haber estado en pareja con César Sena, el hijo de una de las parejas más poderosas de la provincia, apadrinados por Jorge “Coqui” Capitanich, otro gobernador omnipresente de la última década. Emereciano Sena y Marcela Acuña manejan los planes sociales de toda la provincia y, según los propios chaqueños, son intocables. La madre de Cecilia, Gloria, le dijo a LA GACETA que es probable que su hija, que trabajaba alimentando las redes sociales de Acuña, podría haber visto algo, o haberse enterado de algo que no debía. Todo apunta a que Cecilia fue desmembrada y luego sus restos fueron esparcidos. Se la vio entrar a la casa de sus suegros, pero de allí no salió. Lo que sí se vio fue a hombres trasladando pesadas bolsas de basura. Las marchas para pedir justicia, otra vez, fueron multitudinarias. Y el primer rebote político se dio este domingo cuando, en las PASO, Capitanich perdió con la fórmula de Juntos por el Cambio, en un hecho histórico en una provincia dominada históricamente por el peronismo.

Tres casos, tres dramáticos ejemplos de lo que puede pasar cuando se cree que todo se puede. Tres modelos, además, de lucha contra los poderosos, con los padres de las víctimas como principales protagonistas. Sin ellos, la injusticia hubiera triunfado. Nadie lo reflejó con más claridad que el tétrico Alfredo Yabrán cuando en la única entrevista televisiva que dio, Mariano Grondona en “Hora Clave”, le preguntó: “¿para usted qué es el poder?” Y el empresario, autor intelectual del homicidio de José Luis Cabezas, contestó con hiriente sinceridad: “Para mí el poder es impunidad”. El ¿mejor? ejemplo.

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