El orden conservador kirchnerista

Era 2011. El año de su reelección con el 54% de los votos. Pese al respaldo, Cristina Kirchner no eligió el camino del consenso. Por el contrario, anunció en un acto en Santiago del Estero que no admitiría críticas. “Si quieren tomar decisiones de gobierno, formen un partido y ganen elecciones”.

Esa formulación soberbia y contrademocrática habría de convertirse en dogma. Fue replicada en incontables ocasiones hasta 2015, cuando se armó Cambiemos y ganó los comicios. Ya con el cuarto gobierno K, la máxima cristinista resucitó. Hace dos años, siendo viceministro de Justicia, Juan Martín Mena la reeditó para cuestionar a la Corte Suprema nacional. “No está mal que los jueces quieran gobernar”, ironizó. Pero advirtió que, para ello, “tienen que renunciar al cargo, crear un partido y presentarse a elecciones”. Ya se sabe: si abundan las chicanas hay déficit de argumentos.

Aunque el kirchnerismo parecía dispuesto a imprimir remeras con esta pretensión, esta semana demostró, con hechos, que era mentira. Que quien cuestione el populismo, arme un partido político, compita en elecciones libres y triunfe, tampoco podrá tomar decisiones de gobierno: no están dispuestos a permitirlo. La cuestión quedó expuesta a partir de la violencia desatada en Jujuy para tratar de impedir la sanción del nuevo texto de la Constitución provincial. Una minoría buscó tomar la Legislatura jujeña e incendiarla, mientras causaban desmanes en las calles, quema de vehículos incluida. La Policía provincial respondió reprimiendo a manifestantes que apedreaban el edificio.

El presidente Alberto Fernández sólo vio el accionar policial y responsabilizó al gobernador Gerardo Morales por llevar a Jujuy a “esta situación límite”. Lo acusó además de “imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional”. La vicepresidenta Cristina Kirchner le reclamó al mandatario provincial que se haga cargo de “la locura represiva que su propio accionar ha desatado”. Quien se encargó de traducir a las máximas autoridades del país fue el diputado Eduardo Valdez: “si la oposición toma el gobierno, va a haber convulsión social como la que existe en Jujuy”.

El fraude es posterior

El oficialismo nacional ha exhibido que no legitimará ningún triunfo opositor. No lo hará no sólo porque no puede tolerar la derrota (y la pérdida de privilegios procesales), sino porque no tolera la libertad. No es esta, por cierto, una novedad: los argentinos no son libres de comprar divisa extranjera y, durante la pandemia, el cuarto gobierno K decidió por ellos cuáles vacunas aplicar. La libertad es privilegio del funcionariado: sí hay vacunatorio VIP para ellos. Y también hay dólares...

La sociedad somatiza la resistencia kirchnerista contra la libertad, por ejemplo, mediante la sintomática emergencia de una opción liberal. En un punto, el surgimiento de los libertarios de Javier Milei denuncia que lo que nos gobierna es un nuevo orden conservador. Uno que está dispuesto a tolerar una nueva clase de “fraude patriótico”, que no es anterior al escrutinio, sino posterior: si gana la oposición, no se le permitirá gobernar. Antes era cambiando las urnas. Ahora es mediante la violencia contra las instituciones de la república y de la democracia.

La nueva Constitución de Jujuy, concretamente, es el caso específico de opositores al kirchnerismo que se organizaron, conformaron un partido, participaron de elecciones y las ganaron. Pero el oficialismo nacional no admite cosa semejante. Por cierto: la UCR jujeña no dijo “si el peronismo quiere tomar decisiones respecto de la Carta Magna, que arme un partido y gane comicios”. Por el contrario: consensuó la nueva Ley Fundamental con el PJ.

El exceso es impunidad

La Convención Constituyente de Jujuy tuvo 48 miembros. En los comicios de convencionales el oficialismo jujeño consiguió 29 escaños. Es decir, sobrada mayoría para concretar las modificaciones que quisiera. Sin embargo, no hubo “imposición”, como pretende el Presidente de la Nación.

El PJ jujeño consagró 13 convencionales. De ellos, 11 apoyaron la redacción final del texto de la Ley de Leyes. Ello fue fruto de una negociación con los radicales. Morales impulsaba la eliminación de los comicios de medio término, que renuevan de manera parcial la Legislatura de su provincia. Su idea era pasar a una sola elección cada cuatro años, como en Tucumán. Promovía, además, el reemplazo del sistema de distribución proporcional de escaños por un mecanismo por el cual el partido ganador de los comicios provinciales se aseguraba automáticamente la mitad más una de las bancas.

Los convencionales justicialistas pidieron no establecer estas variantes y, a cambio, apoyaron otros institutos. La nueva Carta Magna se sancionó con el aval de 40 de los 48 convencionales. Es decir, fue una modificación constitucional genuina, legitimada por un consenso amplísimo.

El hecho de que se mantengan criterios de proporcionalidad para integrar el parlamento con voces de todas las fuerzas, así como el empoderamiento que da al pueblo jujeño la posibilidad de ratificar o rectificar el rumbo del gobierno cada dos años en elecciones de legisladores, ya hablan de un sistema virtuoso. Que el PJ jujeño haya sido el garante de ello también ayuda a redimensionar que no todos los Partidos Justicialistas provinciales se comportan de igual manera. Hay algunos a los que la institucionalidad les preocupa. Y mucho.

La nueva Constitución jujeña consagra el derecho a vivir en un clima de paz social y prohíbe los cortes de calles y de rutas, así como la ocupación indebida de edificios públicos. Estas pautas ya figuran en el Código Penal de la Nación. Manda su artículo 194: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Por cierto, durante este mismo mes, específicamente el 2 de junio, la Legislatura de Salta sancionó, con tratamiento exprés, una ley que regula la protesta social. Lo recordó la periodista de Infobae Patricia Blanco esta semana. La norma se conoce como “Protocolo antipiquetes”. Y no: no motivó ni un solo comentario de Alberto Fernández ni de ningún miembro de su Gobierno respecto de que ello podría estar reñido con la Constitución Nacional. Claro está, ahí gobierna Gustavo Sáenz, referente del massismo. Así que la prohibición de cortes de calle, dentro del mismo NOA, entre provincias limítrofes, es una cuestión menor en administraciones cercanas a la Casa Rosada; y es una “situación límite” en las que son gobernadas por la oposición.

Acaso Sáenz estaba inspirado en Cristina Kirchner y por eso lo suyo es válido. “No puede ser que 10 personas te corten una calle, por más razones entendibles que tengan, y no pase nada”, se quejaba ella, enojada, el 1 de marzo de 2014. “Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar, y complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana”, propuso esa vez. Por cierto: no era durante un té con amigas, sino en su discurso de apertura de sesiones del Congreso.

Para que no quedasen dudas, subrayó: “hay derecho a la protesta, pero tenemos que respetar a los demás ciudadanos”. Y remató: “Nosotros vamos a tener que legislar y, sobre todo, la Justicia tiene que actuar ante estos casos porque no podemos solos organizar las cosas”, planteó.

Un día hay que “armar partidos y ganar elecciones”, pero después prometen “convulsión social” para los gobiernos opositores. En un mensaje al parlamento se reclama una regulación de la protesta social, pero otro día, por Twitter, se aclara que proceder de esa manera es una “locura represiva”. Pareciera un déficit de coherencia, pero es un exceso de impunidad.

El estándar es doble

Huelga decir que para llenarse la boca de democracia y, en simultáneo, llenarse las manos de cascotes contra el orden institucional, el régimen necesariamente debe tener un doble estándar. Otra vez quedó expuesto en Jujuy: uno de los debates que se dio en el seno de la Convención Constituyente giró en torno de los derechos de las comunidades originarias. Estas se movilizaron y, frente a los planteos, otra vez la UCR y el PJ consensuaron excluir cualquier modificación que pudiera generar dudas sobre las garantías de estas minorías. Igual apedrearon la Legislatura.

El doble estándar también se vivió en el Congreso de la Nación. La diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta presentó un proyecto de intervención federal a Jujuy, fundado en la violencia que se vivió en las calles durante el martes. Con igual lógica, ¿para intervenir federalmente Santa Fe no hay iniciativa? ¿A pesar, inclusive, de que se ha convertido en un Estado fallido porque la ley no impera en la totalidad de su territorio, como denuncia el caso de Rosario? Según informa Chequeado.com, esa ciudad, en 2022, terminó con una tasa de homicidios dolosos de 22,1 cada 100.000 habitantes. Ese registro quintuplica la tasa nacional de 2021 (último dato disponible a nivel país). ¿Hay que esperar otra amenaza contra la familia de Lionel Messi para que la Nación haga la pantomima de interesarse? ¿O si cambia el signo de gobierno y gana la oposición recién entonces se activarán las alarmas dormidas del kirchnerismo?

Pero el premio mayor del doble estándar K se lo lleva Chaco, tras el crimen de Cecilia Strzyzowski. El hecho es de una gravedad descomunal: el cuerpo de Cecilia no aparece y, dadas las vinculaciones directas con el Estado por parte de la familia Sena, se está ante un caso de desaparición forzada de personas. En plena democracia. Bajo el gobierno del ex jefe de Gabinete K Jorge Capitanich.

¿No merece un tuit de Cristina el caso de Cecilia? ¿Ni un comentario del Presidente de la Nación? ¿Ni una visita del secretario de Derechos Humanos? ¿Ni un bailecito en el Ministerio de la Mujer?

Deben estar todos muy ocupados, velando por los derechos humanos de algunos argentinos…