Dos frases lo dicen todo. Durante la campaña fue “El que las hace las paga”. Ahora, en todos los documentos oficiales del Gobierno nacional se leerá “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”. Pero de las palabras, la gestión del presidente, Javier Milei, pasó a los hechos. En menos de dos meses de gestión, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó cuatro proyectos de ley y anunció la intención de realizar otras modificaciones para endurecer las penas. Otro detalle: al tratarse de reformas al código penal argentino, su aplicación en Tucumán será inmediata, no habrá discusiones ni modificaciones en estas tierras.

“En un contexto donde la inseguridad es una de las problemáticas que más impactan en la sociedad, el discurso de mano dura se posiciona como respuesta a los cambios inmediatos y tangibles que ofrece el sistema democrático”, sostuvo Melina Fioroni. “Se le exige al Estado que garantice el poder de policía, más allá de la ambigüedad que proponen los aumentos de las penas del código penal”, añadió la abogada penalista.

Tres proyectos fueron obra de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La primera fue la ley que limita las manifestaciones con el fin de mantener el orden en las calles. “Me parece perfecto que se acaben con los cortes sorpresivos, pero mi gran duda es si será para todos. ¿Se acabarán las caravanas de los colegios? ¿Los simpatizantes de un club podrán copar un paseo público por un festejo? ¿Ya no habrá más celebraciones porque un joven terminó con su carrera universitaria? Si se aplica así, me parece bien, pero si es sólo para frenar las protesta, no”, exclamó Hugo Herrera, empleado bancario.

Los otros proyectos de Bullrich que fueron incorporados en la Ley Ómnibus que son modificaciones en el código policial para recuperar la autoridad de las fuerzas de seguridad y modificar algunos puntos en las normas de la legítima defensa. La cuarta iniciativa es aumentar considerablemente las penas a las personas que cometen el maltrato animal, presentada por el diputado por la ciudad de Buenos Aires Damián Arabia (PRO).

“Hoy el discurso de la criminalización se aborda desde una óptica reduccionista, planteando y profundizando en la opinión pública la idea que se delinque porque las leyes son blandas posicionando a la represión como solución fácil”, añadió Fioroni. “La solución más sencilla es endurecer las penas, el problema es educar”, opinó el penalista José del Río. “Creo que llegó el momento de discutir la reforma total del código penal, no sirve ir parchándolo porque se generan desproporciones. Por ejemplo, en el proyecto de maltrato animal, se proponen multas de más de $ 20 millones, mientras que una por calumnias e injurias llega a $ 30.000”, agregó.

Reacciones

Enero fue el mes de los casos polémicos. En Chascomús, Nicolás Riccardi (16) fue asesinado en un robo por dos menores de edad y un mayor. El Gobierno, a través de sus funcionarios pusieron en el tapete la idea de bajar de 15 a 14 años la edad de punibilidad.

El juez de Niños, Niñas y Adolescentes Federico Moeykens indicó: “no se logrará mayores niveles de seguridad y sí avanzará contra derechos adquiridos, lo que lo vuelve algo inconstitucional”. El abogado Ernesto Baaclini opinó todo lo contrario: “a los 14 años un adolescente sabe perfectamente lo que está haciendo. Hay que hacer esta modificación”.

El programador Evgeniy Sipatov (40) fue asesinado por los motochorros que lo asaltaron en Buenos Aires. Inmediatamente, Bullrich solicitó a los legisladores que dicten una ley en la que se considere un agravante delinquir usando este tipo de medio de transporte.

Entre 2014 y 2015, en nuestra provincia se aprobó una norma en la que se disponía que a un motochorro se le debía dictar la prisión preventiva por robar arriba de una moto. “Fue un rotundo fracaso, nunca llegó a reducir la cantidad de ilícitos. Con todo respeto, creo que la ministra está mal asesorada y está buscando normas que tiran por tierra todos los avances en derecho”, opinó Aurora Díaz Argañaraz.

Doble ensayo

En “La Matanza” se registró lo que se conoció como “La Matanza de González Catán”, en el que cinco personas fueron asesinadas por paraguayos en medio de una disputa por un terreno usurpado. Bullrich pidió que se creara una ley que establezcan la expulsión de los extranjeros no residentes que cometan un delito.

La familia de un narco ecuatoriano fue expulsada del país en tiempo récord luego de que se refugiaran en Córdoba. Tanto el traslado de los efectivos que participaron del operativo como el viaje de los sospechosos a su país fueron realizados en aviones de la Fuerza Aérea. Nunca antes personal ni recursos de las Fuerzas Armadas tuvieron una participación en un operativo de estas características.