La quita de los subsidios al transporte comenzó a complicar, no solo la vida de los pasajeros, sino también las relaciones políticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos, le pidió públicamente al gobierno de Javier Milei la conformación de una mesa de trabajo para negociar el traspaso de las 31 líneas de colectivos que circulan en la Capital Federal y dejarán de ser subsidiadas el 1 de septiembre, según anticipó el Ministerio de Transporte de la Nación.

“Esperamos un marco de diálogo para que el gobierno no se retire de ese subsidio porque, como más de una vez, el Presidente ha dicho la ley de gravedad existe, y si no hay subsidio o las empresas van a colapsar o la tarifa van a aumentar y ninguna de las dos cosas son buenas”, aseguró durante un acto oficial.

Al ser consultado sobre la polémica, que ya sumó la declaración de las empresas de colectivos sobre posibles interrupciones en el servicio, el funcionario porteño informó que la intención de su gestión es continuar pagando la porción de subsidio que abona actualmente (en torno al 55%) e inició diálogos político y técnico con el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para comenzar una discusión que derive en el traspaso de las 31 líneas que circulan por capital pero están bajo la órbita directiva del Ministerio de Transporte de la Nación.

“Estamos hablando con el Gobierno para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque es un momento en que la gente no está en condiciones de absorber un aumento de esa magnitud”, sentenció Jorge Macri.

La administración libertaria anticipó que a partir del 1 de septiembre no sólo dejará de subvencionar a las 31 empresas de jurisdicción porteña, sino también dejará pagar los subsidios por el boleto integrado de la Red SUBE en las líneas del AMBA.

La medida implicará un impacto en el bolsillo de muchos usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en particular los que realizan más de un viaje de ida o de vuelta en su jornada, y en las empresas advierten que puede poner en riesgo la continuidad del servicio. El ahorro del Tesoro nacional sería de unos $15.000 millones mensuales.