Los datos de seguridad le sonríen al gobernador Osvaldo Jaldo. Ayer puso especial énfasis en destacar que con los 61 homicidios registrados en 2024 Tucumán ha tenido la menor tasa en este delito en los últimos 10 años, un récord en esta provincia tan acostumbrada al malestar delictivo, que junto al descenso de crímenes que se viene registrando en el país ha salido del grupo de las “peores de todas” en estos asuntos.
Efectivamente, con el descenso sostenido de la violencia homicida en los últimos cuatro años ya se puede hablar de efectos de una política criminal determinada. Estamos en los niveles de los años 90, cuando los registros eran de 60 muertes violentas anuales, si bien había dudas sobre la forma en que se hacían los informes. A comienzos de la segunda década de este siglo se comenzó a hacer el relevamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que de golpe determinó que se habían duplicado prácticamente los homicidios y promediaban los 110 anuales.
Había mucha cifra negra -delitos que no se denuncian o no se dan a conocer- incluso en el rubro homicidios. Por cierto, el relevamiento de la Corte Suprema se hizo durante cinco años y ya no más.
Sólo la columna del haber
Al hablar de la seguridad en su mensaje a la asamblea legislativa, Jaldo dijo que descendieron un 15% los robos con respecto a 2023 y que se ha pacificado la sociedad, con lo cual -destacó- pese a la dura crisis socioeconómica no hubo saqueos en fin de año y añadió que hay un “compromiso para hacer un Tucumán más seguro”. Señaló que la Policía no está sólo para reprimir delitos sino también para la prevención.
El mensaje destacó solamente la columna del haber, que separó en tres aspectos: 1) el equipamiento y la atención a la Policía. 2) Lucha contra el narcomenudeo y el Operativo Lapacho. 3) Política carcelaria.
Dijo que el equipamiento fue acompañado de ascensos, mejora salarial y provisión de motos, autos, lanchas y 75 cabinas antivandálicas. Mencionó las pistolas eléctricas Taser, armas no letales que fueron presentadas en sociedad hace pocos días.
Hace 10 años, en tiempos de Mauricio Macri, habían sido rechazadas por una sociedad que las consideraba casi elementos de tortura y ahora son vistas como elementos prácticos para reducir a sujetos violentos sin usar armas de fuego. Nadie protestó en estos días.
En la opinión de Jaldo, todo el equipamiento que ayudó a dignificar la tarea policial ha incidido en los índices criminales en cuyo descenso se destaca Tucumán, a tal punto que relató que se va a participar en un plan piloto 90/10 con cinco provincias, que implica mayor control de calles en zonas donde el 90 % de los hechos violentos se concentra en el 10% del territorio. En la Capital, eso se da en barrios del sureste -desde San Cayetano, el peor de todos, hasta Manantial Sur. El plan fue anunciado en diciembre por la ministra federal de Seguridad, Patricia Bullrich.
En esto inciden los constantes operativos de saturación que se llevan a cabo en estas zonas y donde las fuerzas de seguridad, a veces combinadas, entran a hacer razzias barriales levantando a todos los que parecen sospechosos. Las aisladas quejas en esos casos quedan asordinadas.
En cuanto al segundo punto, la lucha contra el narcomenudeo y el Operativo Lapacho, destacó que se ha detectado en el secuestro de mercadería informal una evasión de 15.000 millones de pesos y señaló los secuestros de 156 kilos de cocaína en enero y de 120 kilos de marihuana en febrero.
Cada vez más
Lo llamativo con respecto a los secuestros de droga es que revelan que cada vez circulan más estupefacientes. De los 658 kg de cocaína en 2023 se pasó a 756 en el 24 y este año parece que será récord. Lo mismo con la marihuana: 174 en el 23, 280 en el 24 y ahora viene más. Es decir, no se actúa contra los que la producen y distribuyen mayormente sino contra los peces chicos, los vendedores. De otro modo habría menos droga en la calle. Los informes paralelos van dando cuenta de que los estupefacientes ya circulan hasta en las localidades más pequeñas. ¿Poner cada vez más recursos en esta lucha lleva a un final sin drogas o lleva a un escenario de luchas, justificación de gastos y riesgo de negociados, como los escándalos de gendarmes el año pasado?
Otro escenario en el debe es el hecho de que el año pasado, de los 2.308 operativos contra el narcomenudeo sólo 883 eran por ese delito. Los otros eran por supuestas denuncias de robo, como ocurrió en el vergonzoso allanamiento llevado a cabo hace dos semanas en San Lorenzo al 400 a una asociación que tenía permiso para cultivar cannabis medicinal. Hay una práctica policial cercana a la ilegalidad que, por el hecho de que a las sociedad le asusta el narcotráfico, consiente estos actos policiales. Pero, ¿sirven de algo?
Del hacinamiento a la calma
El tercer aspecto es la política carcelaria. Se nombraron 1.000 guardiacárceles, se compraron camiones para traslado; se inauguró el primer pabellón de la cárcel de Benjamín Paz y la de Delfín Gallo. Habrá otras dependencias y este año se completará Benjamín Paz. Olvidadas quedaron las protestas por el hacinamiento de detenidos en las sobresaturadas comisarías -apenas hubo cuestionamiento del comité contra la tortura y un reto del Inecip a los jueces que se quedaron callados- y otra vez la mirada pragmática y conservadora del gobernador se impuso, cuando dijo que prefería que los delincuentes estén hacinados y no en la calle cometiendo delitos. Listo. Nadie lo cuestionó, como tampoco nadie se preocupó por los dichos del jefe de Policía, Joaquín Girvau, cuando dijo que si se enfrentaban a la Policía los delincuentes iban a terminar muertos. El gobernador, contundente, defendió al jefe.
En el debe aparecen cosas aisladas. Se debería investigar lo ocurrido con la aspirante en la Escuela de Policía que falleció por un entrenamiento en medio de la ola de calor. Se distribuyeron 300 pulseras por casos de violencia de género pero esta situación se mantiene elevada, así como los femicidios.
Hay lecturas que pueden hacerse. No hay buen acceso a los datos, mediados por la Policía y la Justicia, que sólo informan de actuaciones y operativos, y no de denuncias, con lo cual se genera una impresión de que se actúa y se resuelve. Marketing. El nuevo Código Procesal Penal, que favorece las detenciones constantes; la presencia policial en las calles; el uso de tecnología que está llenando de cámaras la vía pública. A su favor está que no se ven marchas de protesta o reclamos de víctimas, salvo casos esporádicos como la denuncia en octubre de los productores rurales, que dijeron que los robos habían subido en los últimos cinco años. Después, silencio.
Mientras las cifras se mantienen en tendencia positiva (hubo sólo cinco homicidios en enero y febrero, un marcando el descenso de los índices) el gobernador puede exhibir su política exultante: su criterio es básico y contundente: más armas, más equipos, más policías, cero contemplación con las quejas, movilización. Su criterio es de paz armada.