Luego de que la Corte Suprema rechazara la licencia de Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal, el oficialismo descartó retirar el pliego del juez federal y apuesta a que lo apruebe el Senado. Solo así podría asumir, ya que el magistrado manifestó que no tiene en planes renunciar a su juzgado. La gestión libertaria apunta a que aparezcan los dos tercios para aprobarlo ante el máximo tribunal, mientras que en la Cámara Alta trabajan para pedir una sesión en pos de tratar al candidato, pero, primero quieren dictaminar a Manuel García Mansilla, quien ya es miembro de la Corte.

En este marco, Unión por la Patria se propone avanzar con una sesión y trata de articular la maniobra con sectores del Pro y la UCR que coinciden en pensar que el procedimiento del Ejecutivo vulnera el rol del Senado en el proceso de selección de jueces. El pliego del juez federal que se aferra a sus dos cargos ya cuenta con dictamen y podría ser tratado sin necesidad de una votación sobre tablas. No obstante, el peronismo enfrenta una disyuntiva: mientras el kirchnerismo impulsa su rechazo, algunos gobernadores peronistas buscan mantener su candidatura. “Lijo no, que es amigo”, argumentan algunos mandatarios provinciales, intentando frenar la ofensiva opositora.

Lijo a la Corte: el Senado decidirá el destino del juez

La estrategia del ala dura de Unión por la Patria es sesionar cuanto antes para rechazar ambos pliegos y dejar sin efecto las designaciones en comisión. Según interpretan, si el Senado se pronuncia en contra, los jueces perderían automáticamente su legitimidad y el Gobierno debería proponer nuevos candidatos. Sobre el tema, Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos comentó que “un decreto simple firmado por el presidente no puede estar nunca por encima del Senado, que es lo que establece la Constitución”. Pese a los dichos de la senadora del Pro, si la Cámara alta finalmente rechaza las nominaciones, se abrirá un conflicto institucional con el Ejecutivo. Mientras Milei sostiene que, según el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, los jueces designados en comisión pueden permanecer en sus cargos hasta noviembre, la oposición argumenta que el proceso de nombramiento sólo se completa con el acuerdo del Senado.

La lupa sobre Villarruel

Según consignó Infobae, el argumento que circula con más fuerza en la Casa Rosada y en el oficialismo legislativo es que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, es la única con potestad de convertir en posible un encuentro. Esto podría implosionar, de manera definitiva, la convivencia en el Congreso.

Guillermo Francos: “no tenemos un plan B para Lijo”

Durante el período ordinario, nada impide al pleno de la Cámara realizar un convite, sin necesidad de un guiño del titular del Cuerpo. Esto, más allá de lo que reza el artículo 20 del reglamento del Senado sobre las solicitudes de sesiones: “El presidente, luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el Cuerpo, según sea el asunto o las circunstancias del caso”. Entonces, si cinco legisladores -el mínimo- o más impulsaran un pedido para ir al recinto en los próximos días sería imposible omitir, para el caso de las postulaciones a la Corte Suprema, el artículo 99 de la Constitución, que habla de “en sesión pública, convocada al efecto”. Esto generaría, sin dudas, un conflicto de enorme magnitud en el Senado.

“No tenemos plan B”

Este sábado, el jefe de gabinete Guillermo Francos, se refirió a la situación de Ariel Lijo, enfatizó que el Gobierno sostiene la validez de su designación y aseguró que el Ejecutivo no tiene un plan B para el caso. “Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada”, comentó. En otras líneas, desestimó cualquier posibilidad de un juicio político en su contra: “No tiene lógica. Se hace por otras razones, no por el procedimiento de designación de un juez al que le ha tomado juramento la propia Corte”.