Luego del "7-D", la nueva sigla emblemática de las disputas políticas y judiciales es el "21-E". Es que el 21 de enero de 2013 vencerá el plazo que le impuso el Gobierno a la Sociedad Rural Argentina (SRA) para desalojar el predio de 14 hectáreas del barrio de Palermo que ocupa desde 1878 y que le vendió el Estado en 1991 por U$S 30 millones.

Los abogados de la SRA concurrieron a Tribunales para informarse sobre las diferentes alternativas que se les presentan, para intentar revertir lo que dispuso el decreto del viernes pasado, que ordena la confiscación del predio. "Ante nosotros no tenemos otro escenario que no sea el de una respuesta positiva en la Justicia", dijo el director de Comunicación y Medios de la SRA, Martín Goldstein.

En la entidad no precisaron qué tipo de medida judicial será presentada en Tribunales, aunque se cree que se solicitará una cautelar para frenar la aplicación del decreto de toma de posesión del Estado. Tampoco tienen planes alternativos en caso de que el Gobierno se haga cargo de la titularidad del predio de Palermo.

El ministro de Justicia, Julio Alak, había señalado que no se iba a modificar el destino del predio de Palermo, en el que no sólo se realiza la Exposición Rural sino otras muestras de elevada concentración de público como la Feria del Libro o la Exposición del Automóvil. Para los directivos de la SRA, la explicación de Alak es insuficiente, porque la empresa que explota el predio, La Rural SA, está conformada en un 50% por la propia SRA y el resto por el Grupo Fénix y Alto Palermo Centros Comerciales (APSA), del grupo IRSA.

Convocatoria
Además de la estrategia judicial contra la confiscación, la SRA impulsa una fuerte presión política. La primera acción fue el paro ganadero del jueves pasado, que además se convocó para rechazar el quite de la administración de un certificado de depósitos de granos en manos de la Federación Agraria. La segunda acción fue la convocatoria a cantar el Himno Nacional anoche, frente al mástil del predio de Palermo. Esta convocatoria tiene la adhesión de diputados de distintos bloques, de los denominados "agrodiputados", de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como de asociaciones rurales del interior. La convocatoria de la SRA se extendió en las redes sociales, sobre todo a quienes participaron de la movilización popular del 8 de noviembre pasado.