El incremento del 30% en las valuaciones de las parcelas rurales, dispuesto por el Poder Ejecutivo, aún no puede ser digerido por los dirigentes del campo. La medida, que será aplicada a partir del ejercicio fiscal 2014, llegó en un momento en que el agro está solicitando la declaración de emergencia, debido a las adversas condiciones climáticas que debió soportar la producción.
A principios de año, los productores visualizaban que el clima no acompañaría y, por eso, iniciaron formalmente el pedido ante el Ministerio de Desarrollo Productivo que cite al Comité Provincial de Emergencia Agropecuaria, "a fin de que se comiencen a monitorear la situación de los cultivos de verano y el estado de las pasturas. Ya en marzo, los peores pronósticos se iban confirmando", señala un documento de la Sociedad Rural al que tuvo acceso LA GACETA.
Pérdidas de lotes enteros, desastre en el sur de la provincia y en campos limítrofes al oeste santiagueño; y con rendimientos estimados que en el mejor de los casos superaban los 10 quintales, argumentó la entidad que preside Sebastián Robles Terán.
La situación del productor presentaba un panorama sombrío y así lo entendieron las autoridades provinciales, que luego de una recorrida por el interior de los campos, y los lapidarios informes de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, se avanzó en la confección del respectivo decreto de emergencia agropecuaria provincial, recordó.
En términos comparativos, los productores señalaron que Salta picó en punta, y logró primero la provincial (fue la primera provincia del NOA en obtenerla) y luego logró la nacional, al igual que Catamarca. Santiago del Estero se sumó al final; pero al igual que nuestra provincia aún aguarda la convalidación nacional, reclamo que seguimos haciendo.
"Sin embargo, la Ley de Emergencia de la Provincia de Tucumán entre los beneficios que prevé, el damnificado solo puede utilizar la prórroga del impuesto Inmobiliario ya que todos los beneficios financieros y crediticios no son aplicables, por la desaparición de la banca oficial, y la no asistencia a la producción de la Caja Popular de Ahorro", advirtió la Rural.
Ante esa situación, solicitaron al Ministerio de Economía que para la presente campaña se condone el impuesto Inmobiliario, ya que por segundo año consecutivo la sequía y la pérdida de rondes agrícolas rondaban el 60%. "No nos contestaron -hasta ahora-, cuando nos anunciaron un incremento de la valuación rural del orden del 30%", indicaron desde la Rural.
Explicaciones
La dirigencia de la Sociedad Rural, en diferentes convocatorias con productores tratan de explicar la situación, con el fin de coordinar acciones que tiendan a insistir con el planteo ante el Ejecutivo acerca de la inconveniencia de aumentar las valuaciones al camp. Los hombres del campo argumentan que vienen en un proceso de desinversión forzosa, con toma de financiamiento a altas tasas, con pérdida de patrimonio y capital de trabajo destinado a cumplir compromisos. Y entienden que la Provincia no les acompaña con medidas que tiendan a salir de esa crisis. "Realizamos a lo largo del año numerosas reuniones con productores de distintas zonas de la geografía provincial, y la conclusión fue clara y concluyente: el productor agropecuario llegó a su límite de capacidad contributiva", dijo la Rural.
Por esa razón, consideran que el Ministerio de Desarrollo Productivo debe afianzar las gestiones ante el Ministerio de Agricultura de la Nación, "con el fin de poder contar con la vital herramienta de la declaración de emergencia nacional, que nos permitiría diferir nuestras obligaciones fiscales de orden nacional". Además, creen que debe acompañar el planteo respecto de que el incremento del Inmobiliario sea aplicado en oportunidad de la cosecha, cuando el productor recolecta sus frutos y tenga algo de fondos para afrontar sus compromisos tributarios como siempre lo hizo.
Desde la Sociedad Rural de Tucumán recordaron que se reunieron con los ministros Jorge Jiménez (Economía) y Jorge Feijóo (Desarrollo Productivo), a quienes les plantearon sus inquietudes.
En esta oportunidad le piden al gobernador José Alperovich que prorrogue la entrada en vigencia de las nuevas valuaciones durante seis meses, hasta junio que viene.
"Finalmente, siendo el sector de la producción agroindustrial, que aporta el 34 % del total del Producto Bruto de la Provincia, entendemos que deberíamos ser citados a opinar sobre las modificaciones al Código Tributario y no enterarnos por el boletín oficial de sus modificaciones", indicaron.