La designación por parte del Gobierno nacional del sacerdote Juan Carlos Molina al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) ha generado un fuerte impacto político e institucional. Aun cuando el religioso nombrado para ocupar esa función se haya desempeñado hasta el presente como asesor ad honórem de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, es decir, que provenga del propio espacio oficialista, no es un dato pequeño que a la vez sea miembro de la Iglesia Católica y que haya desarrollado su apostolado en misiones humanitarias en varios lugares del país y el extranjero y dirigiera un hogar para jóvenes con problemas sociales en la Patagonia.

La Sedronar se encontraba acéfala desde marzo último, cuando renunció el ex canciller Rafael Bielsa, luego de una corta gestión. La falta de un responsable en esa dependencia era uno de los principales cuestionamientos que opositores y expertos en la materia le hacían al Gobierno nacional a la hora de evaluar la lucha contra el narcotráfico. Las críticas recrudecieron en las últimas semanas en la misma proporción que se conocían casos muy marcados por la mano del narcotráfico. En ese contexto de apatía y hasta desinterés por parte del Poder Ejecutivo en cubrir esa importante vacante administrativa y política, la designación de un cura para este cargo puede interpretarse como una señal de cambio de actitud y de perfil del Gobierno hacia la Iglesia Católica, que a través de su último documento episcopal había mostrado una especial preocupación por el avance del tráfico de drogas en el país, pero que también fue muy crítica de la inacción de los políticos frente a ese fenómeno y señaló, específicamente, la ausencia de autoridades en la Sedronar.

La modificación del criterio y las pautas que hasta aquí había impreso la gestión de la Presidenta Cristina Kirchner con los nombramientos -cerrado, parcial, hermético- se ha puesto también en evidencia por intermedio del recientemente nombrado jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cuando anunció la designación del cura Molina: "Iniciamos un nuevo abordaje" del tratamiento de la problemática y la instrucción presidencial "ha sido trabajar desde una óptica absolutamente diferente respecto al tema de la drogadicción; la Sedronar va a tener otra mirada: el abordaje será sistémico, territorial, pero con amplia participación social y ciudadana", ha dicho Capitanich.

En ese cambio de perspectiva política que toma forma y con el nuevo aire que seguramente imprimirá un hombre que proviene del mundo eclesiástico podría augurarse un trabajo más eficaz e integrador en la compleja problemática de las adicciones, el tráfico y de la drogadicción.

La Iglesia ha aclarado que el Gobierno no la ha consultado en la designación del sacerdote y el obispo de Río Gallegos -donde realizaba su actividad pastoral- monseñor Miguel D'Annibale, explicó que Molina asume esa tarea "a título personal" y "no lo hace ni en nombre ni en representación de la Iglesia". Con todo, altos miembros del Episcopado han resaltado la necesidad imperiosa ocupar ese cargo y han elogiado la experiencia del sacerdote en la recuperación de adictos y en su sensibilidad social para ocuparse de esas funciones.

En el documento "El drama de la droga y el narcotráfico", la Iglesia había denunciado la complicidad de "las fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos" ante el avance del narcotráfico, advirtió sobre el "riesgo de pasar a una situación de difícil retorno" y pidió la designación del titular del Sedronar. Fue un diagnóstico crudo y profundo de un cuadro de situación sobre el que el Gobierno mantiene una grave deuda de gestión. Acaso el panorama comience a revertirse con la llegada del padre Molina.