El proceder del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV o Ipvdu) debe ser analizado a fondo por la Legislatura, según el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos). Con ese afán, el opositor presentó un proyecto de ley para crear una comisión investigadora en el ámbito del Poder Legislativo que se aboque al estudio de las actividades desarrolladas por el IPV con fondos públicos. “El objeto de la presente comisión será el esclarecimiento integral de las presuntas irregularidades que se hubieran cometido en el organismo hasta el 31 de octubre de 2015”, dijo Colombres Garmendia en un comunicado de prensa que distribuyó ayer.

“Los escandalosos casos de falsos gestores que habrían actuado con la posible complicidad de funcionarios del IPV que salieron a la luz en los últimos meses motivan la constitución de este órgano para investigar el incumplimiento de medidas dispuestas por el Fondo Nacional de Viviendas y así detectar aquellos casos donde se hubieran incumplido las disposiciones establecidas. Es una forma de evitar el clientelismo y que sectores de la sociedad sean vulnerados en su derecho a adquirir una vivienda”, sostuvo Colombres Garmendia.

El legislador informó que su propuesta tuvo el acompañamiento de otros legisladores del espacio de Cambiemos, como Claudio Viña, Raúl Albarracín, Silvio Bellomio, Christian Rodríguez y Alfredo Toscano.

“El Estado tiene que actuar y acompañar a aquellos ciudadanos que fueron perjudicados por el mal desempeño de quienes tenían a su cargo la distribución de las viviendas, y así poner fin al esquema de corrupción instalado en el IPV. Los hechos comprometen el accionar de las principales autoridades de aquel momento (octubre de 2015)”, expresó Colombres Garmendia.

El Instituto de la Vivienda está ligado a cinco expedientes iniciados en el último tiempo 

La actividad del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano es analizada en al menos cinco procesos penales abiertos recientemente: la causa “Marán” analiza el proceder de altos funcionarios -hay actuaciones en la Justicia local y otras en la federal-; el caso “Alzogaray” acumula 2.300 denuncias de supuestos estafados por gestores apócrifos de la repartición; el expediente “Manzaraz” se refiere a la presunta participación de un empleado en la venta de una casa de interés social y “Juárez” atañe a la posible comercialización de viviendas de interés social entregadas en forma provisional este año en el barrio Villa Carmela.